Miente, que algo queda

En la era de la desinformación y las fake news, todo cabe. Y no solo en las redes sociales. La política y el periodismo tampoco son ajenos a la mentira que es, en realidad, como siempre se ha llamado a algo que no responde a la verdad. Mentira, engaño, trola, patraña, bulo... Hay todo un abanico de sinónimos para referirse a un hecho incierto y no contrastado con los datos o la realidad de los hechos. Todo vale con tal de azuzar la polarización, apelar a las emociones y sacar partido de todo ello.  Lo del pensamiento crítico ya no se estila y lo de contrastar, mucho menos. 

De ahí el despropósito que se vive estos días a cuenta de lo que no dice la nueva ley educativa -que la derecha llama despectivamente “Ley Celaá” - sobre los centros de educación especial, pero también sobre la enseñanza concertada o la desaparición del castellano en Catalunya. Todo está en el texto. Negro sobre blanco. Y aun así sigue el lío. 

El caso de los centros de educación especial tiene más enjundia si cabe porque no hay ser humano que no empatice con las necesidades de los discapacitados y se conmueva con las palabras de un padre o una madre que a diario se enfrenta a ellas. La derecha ha convertido la nueva Ley de Educación en caldo de cultivo para la desinformación y la mentira. ¿Quién no ha escuchado estos días que el gobierno socialcomunista y bolivariano cerrará todos los centros de educación especial y dejará en la calle a miles de niños con discapacidad? ¿O que los niños dependientes serán privados de una educación acorde a sus necesidades?

La mentira mil veces repetida no se convierte jamás en verdad, pero hace daño, desinforma, polariza y abona el terreno para una sociedad incapaz de discernir ya entre la verdad y el bulo o la astracanada con fines partidistas.

Lo que dice exactamente la Ley es lo que sigue: “Se incrementarán los recursos para poder escolarizar a más alumnos con centros ordinarios. Los centros de educación especial no desaparecerán, pero se dejarán para casos muy especializados y tendrán que formar también a los profesionales de los colegios ordinarios”. Y añade en su Disposición Adicional Cuarta: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que recoge el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2 e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. 

¿Qué parte de “los centros de educación especial no desaparecerán” no ha entendido la derecha política y mediática? Hay varias maneras de mentir. A veces, se hace por ignorancia. Otras, por desinformación. Y no pocas, a sabiendas de que se miente por el simple hecho de hacer daño. De ahí, el 'miente, que algo queda' que estos días practica la derecha, que tampoco menciona, por cierto, el informe de 2017 en el que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas insta a España a garantizar la educación inclusiva para las personas con discapacidad y en el que se denuncia que nuestro país ha contribuido a un sistema discriminatorio que desvía a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general. 

El informe habla además del incumplimiento flagrante de lo acordado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para garantizar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad”.

 En las misma línea, en septiembre de este 2020, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU volvió a denunciar que España había violado el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down tras ser enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la oposición de sus padres. Los expertos en derechos humanos que integran el Comité hallaron que España no evaluó los requerimientos específicos del niño, Rubén, y que no adoptó medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en el programa ordinario de educación.

El Comité solicitó al Gobierno que garantizase que el niño, que tuvo que ser escolarizado en un centro privado de educación especial, fuera admitido en un programa de formación profesional inclusivo y que se le concediera una indemnización. Esto, además de instar a España a eliminar toda segregación educativa de los estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas de las escuelas ordinarias.

También el Supremo reconoció en una sentencia pionera en 2017 el derecho a la educación inclusiva de un niño con TEA (Trastorno de Espectro Autista), cuyos padres reclamaban la escolarización en un centro educativo ordinario, impugnando la resolución de la Administración Educativa que había decidido su escolarización en un centro de educación especial. Una batalla, por cierto, que muchos padres libran en silencio, a diferencia de quienes estos días exhiben a sus hijos por las televisiones contra la nueva ley o distorsionan la realidad de una norma que, además de recoger lo que exige Naciones Unidas, responde a la doctrina o cuerpo jurisprudencial sobre el contenido del derecho a la educación inclusiva del Alto Tribunal.

Que el Estado vaya a reforzar con la nueva ley educativa los centros ordinarios para que cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad no significa en ningún caso que vayan a cerrar los centros especiales. Ni ahora ni dentro de diez años. Hay distintos grados de discapacidad y, por tanto, niños a los que favorece la integración y otros, cuya dependencia hace inviable la escolarización en un centro ordinario, y por tanto tendrán que permanecer en colegios especiales. Es tan obvio como avieso sostener que el Gobierno quiere cerrar los centros de educación especial cuando en el texto de la ley se dice literalmente lo contrario. La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Y lo demás es fake, desinformación, bulo o mentira. En este caso sobre los centros especiales, pero también los hay por docenas sobre la enseñanza concertada o la supresión del castellano.