Resulta curioso que sin que exista un desarrollo legislativo que garantice que los ciudadanos puedan recibir información veraz, tal y como establece el artículo 20 de la Constitución, el Gobierno se haya planteado la lucha contra la desinformación, no como una garantía constitucional ciudadana, sino como un asunto de seguridad nacional con un general al frente.
Y es que el Gobierno ha aprobado la creación de un Foro contra la Desinformación presidido por el director de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros. Dependerá del Ministerio de la Presidencia -se aprobó en el Consejo de Ministros del 31 de mayo- y su composición y funcionamiento se publicó en el BOE del 15 de junio.
El germen de este foro es un Real Decreto del pasado 28 de diciembre, en el que se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se contemplan expresamente las campañas de desinformación como una amenaza y riesgo para la seguridad nacional. De nuevo la desinformación no contemplada como un déficit democrático que impide a los ciudadanos tener el conocimiento necesario de la realidad para operar como individuos libres y capacitados en democracia.
Parece que una ciudadanía desinformada solo preocupa si afecta a la seguridad, no a la incapacidad ciudadana para conocer lo que sucede.
El Foro, según la norma aprobada, “estará integrado por seis personas en representación de la Administración General del Estado, empleadas y empleados públicos con nivel 28 o superior, y diez personas en representación de organismos de la sociedad civil procedentes del ámbito académico, del sector privado y de asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro”. Podrá contar, además, “con la participación de personas expertas independientes y de la ciudadanía”.
No se desarrolla bien cuál será la función de ese foro, pero sí aparece en uno de sus puntos que “desarrollará las funciones de promover y elaborar estudios e iniciativas que permitan, directa o indirectamente, aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación susceptibles de comprometer la Seguridad Nacional, así como sobre el esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas”.
Y es en ese punto donde, según señalaba Europa Press, el Gobierno explicaba que, en la lucha contra las 'fake news', podría solicitar la colaboración de los medios de comunicación cuya contribución se considere “oportuna y relevante” para combatirlas, por ejemplo, con acciones como “la identificación y la no contribución a su difusión”. Es decir, el Gobierno contempla solicitar a los medios que no difundan las informaciones que el Gobierno considere “oportuna y relevante” combatir.
Hace precisamente nueve años, el gobierno de Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, aprobó una Ley de Comunicación que fue calificada por la oposición y por nuestros medios de comunicación como “ley mordaza”, porque incluía la creación de una Superintendencia de la Información y Comunicación, una figura no gubernamental, elegida por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta superintendencia era el organismo ante el cual cualquier ciudadano u organización podía plantear una queja si consideraba que un medio de comunicación estaba incumpliendo el código deontológico que, también la propia ley, le obligaba a aprobar.
Curiosamente, quienes a eso consideraban como una “ley mordaza”, nada han dicho de un militar al frente de los desvelos gubernamentales españoles por la información veraz.