El PP ante el programa de Vox

Pues bien. Después de las elecciones en Castilla y León, el ganador, Alfonso Fernández Mañueco, se dispone a hablar con “todos” los partidos con el fin de explorar alternativas para su investidura. Sus márgenes de maniobra están condicionados por la aritmética del nuevo parlamento autonómico, pero en cualquiera de los escenarios deberá contar con el apoyo o, al menos, con la abstención de Vox, asumiendo que el PSOE mantenga hasta el final su voluntad de no facilitar de ningún modo la investidura del candidato popular.

Uno supone como buen –¿o ingenuo?- demócrata que las conversaciones poselectorales giran en torno a los programas con que los partidos han acudido a los comicios. Que los equipos negociadores buscan puntos en común en los respectivos programas para valorar las posibilidades de establecer pactos de gobierno o alianzas políticas. El PP se presentó con un paquete de más de mil iniciativas. El PSOE, con un mamotreto de casi 300 páginas. ¿Y Vox? Su programa, que puede leerse en el portal del partido, no llega al folio y medio. Es un decálogo de medidas genéricas, sin el menor soporte presupuestario, escritas con la habitual retórica ultra y llenas de falsedades o imprecisiones. Sería muy divertido ver a Mañueco proclamar que ha encontrado la simbiosis entre su voluminoso trasatlántico de medidas y el par de hojitas de Vox.

El primer punto del decálogo –‘En defensa del mundo rural’- plantea “reivindicar y promover el estilo de vida, modelo económico y tradiciones de nuestro campo, abandonado por el PP y el PSOE y acosado por las agendas globalistas (…)”. Ese “estilo de vida” ya sabemos lo que significa en el lenguaje de la ultraderecha: vuelta a un pasado supuestamente idílico y rural en que España estaba libre de amenazas como la globalización y la inmigración.  ¿Y a qué “modelo económico” se refiere? ¿A las macrogranjas, que Vox defendió con ardor durante la compaña, o a la ganadería extensiva por la que aboga el denostado ministro de Consumo? El partido de Abascal critica las “agendas globalistas”, pero omite que, más allá de las críticas justificadas que se puedan hacer al modelo de globalización, la apertura comercial ha permitido a sus admiradas macrogranjas convertirse en una importante fuerza exportadora de carnes, primordialmente a Europa, aunque cada vez más a Asia. ¿Acaso propone Vox frenar el potencial exportador de la agroindustria castellanoleonesa? Sería bueno saberlo.

El punto denominado ‘Por la repoblación de Castilla y León’ empieza con la afirmación de que “las políticas del PP y el PSOE han expulsado a los castellanos y leoneses de su tierra”. Vayamos por partes. Antes que nada, la gran emigración de Castilla y León comenzó durante el mandato de Franco –ese señor tan venerado por los simpatizantes de Vox-, sobre todo con el desarrollismo de los años sesenta que condujo a unos potentes trasvases poblacionales hacia Madrid, País Vasco y Cataluña. La hemorragia migratoria ha continuado desde entonces, salvo un ligero repunte en la primera década del siglo XX, y lo que no se puede, por simple aritmética política, es repartir las culpas por igual entre PSOE y PP. Socialistas y populares se han alternado en la Moncloa desde 1987 –con un ligero saldo a favor para los primeros-, mientras que en esos 35 años los populares han gobernado ininterrumpidamente en Castilla y León. Algo más de responsabilidad tendrán estos, pensaría uno. El mismo argumento vale para el séptimo punto del decálogo, que también culpa al PP y el PSOE de la marcha de los jóvenes. ¿Y qué propone Vox para repoblar la comunidad? “Convertir a las familias en el centro de las políticas públicas”, con ayudas directas según el número de hijos, bonificaciones a las familias numerosas y facilidades en el acceso de la vivienda. ¡Y listo! Intento encontrar algo más entre líneas, pero no hallo nada. Ya me imagino a decenas de miles de españoles gritando con euforia, como en la fiebre del oro americana: “¡Vámonos a Castilla y León, que allí están dando ayudas a la familia!”.

El punto noveno es Vox en estado puro, desde su título: ‘En defensa de la libertad frente a las imposiciones progres’. En él se afirma con total desparpajo que el PP de Castilla y León “ha asumido y hecho propios todos los dogmas ideológicos de la izquierda”. El texto plantea “frenar las políticas del consenso progre” –cita como ejemplos la ley de memoria democrática y el proyecto de ley LGTBI- y propone lindezas como “desalojar a los activistas políticos de las aulas”. ¿Qué significa eso de “frenar” políticas? ¿Desobedecerlas y, por tanto, incurrir en la ilegalidad? ¿Y qué se entiende por “desalojar a los activistas políticos de las aulas”, frase que evoca inevitablemente ciertas cosas que sucedieron en otro país europeo en los años 30 o, para no irnos lejos, en España durante casi 40 años? Seguramente Mañueco nos lo podrá aclarar después de hablar con el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, un petimetre homófobo y racista que se está estrenando en los vericuetos de la política. 

Hay un punto titulado ‘En defensa de los trabajadores de Castilla y León’, que consiste en un parrafito microscópico donde se propone garantizar “la prioridad de los españoles” en el acceso a las ayudas sociales (¿no decían que el Estado de bienestar es cosa de progres que fomenta el parasitismo social?) y promover “la contratación estable con salarios dignos”, precisamente lo que recoge la reforma laboral que con tanta vehemencia rechazaron en el Congreso. Plantea además “acabar con el efecto llamada a la inmigración ilegal masiva que provoca inseguridad y degradación en nuestros barrios”. Veamos. Según un estudio de CaixaBank, los nacidos en el extranjero representan el 8,3% de la población castellanoleonesa, cifra muy inferior a la media nacional (15,2%), pero que multiplica por 11 el dato del año 2000, lo que, de acuerdo con el informe, “coloca a la inmigración exterior como única vía de ganancia de población” y como elemento “indispensable para renovar la población en edad activa”. La inmensa mayoría de los inmigrantes son latinoamericanos (42,5%) y europeos (37,5%), seguidos de lejos por los marroquíes (11,5%). En vez de reconocer –y agradecer- la importancia de los inmigrantes en la vida social y económica de Castilla y León, Vox prefiere criminalizarlos con su clásico argumento de que se refiere a los “ilegales”. No son más que monsergas xenófobas. La única inmigración “masiva” en Castilla y León es la que vive, trabaja y contribuye al aumento demográfico en una comunidad donde muchos españoles se resisten a vivir por falta de alicientes.

Por muy bien que le haya ido a Vox en los comicios del domingo, su raquítico programa no deja de ser un insulto intelectual a los castellanoleoneses. Y envía un mensaje nítido de lo que tendrá que compartir el PP si finalmente opta por un pacto de gobierno con la extrema derecha: xenofobia, homofobia, desprecio a las instituciones europeas, intolerancia contra los denominados activistas políticos, rebeldía contra la legalidad que no les complace y rechazo al sistema autonómico, “que pretende homogeneizar artificialmente a toda Castilla y León”. ¿Podrán Mañueco y Casado encontrar “puntos en común” con el programa de Vox? Más que capacidad negociadora, necesitarán buenas tragaderas.