Proteger a los menores exige enfrentarse a las plataformas
Me parece una idea estupenda que el Gobierno vaya a prohibir el acceso de menores a las redes sociales. Fue una de las medidas que comenzamos a formular desde el Ministerio de Consumo al término de la legislatura pasada, fruto de la creciente evidencia científica del impacto negativo que tenía el uso de redes sociales en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Ahora bien, conviene no engañarnos: incluso si la prohibición fuera técnicamente efectiva y no fácilmente evadible, serviría para contener el problema, pero no para resolverlo.
En este ámbito operan, al menos, dos actores centrales. Por un lado, las grandes empresas propietarias de las plataformas digitales. Como cualquier empresa capitalista, se mueven por la maximización del beneficio. En el caso de las redes sociales, ese beneficio depende directamente de su capacidad para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios, ya que es la atención acumulada la que se convierte en ingresos publicitarios. No es casualidad que buena parte de las innovaciones técnicas de los últimos años —como el “scroll infinito”— estén diseñadas para capturar nuestra atención de forma cada vez más eficaz, activando mecanismos de recompensa inmediata que nos mantienen enganchados a la pantalla. Del mismo modo, la orientación de los algoritmos hacia contenidos más emocionales, espectaculares o polarizantes cumple exactamente la misma función. El resultado es que los usuarios quedamos atrapados en una arquitectura digital que organiza por nosotros lo que vemos, cómo lo vemos y durante cuánto tiempo.
Conviene subrayar, además, que no se trata de un problema exclusivo de la infancia. Los adultos también sufrimos de forma creciente sus consecuencias. En muchos casos, se traduce simplemente en una pérdida masiva de tiempo: horas deslizando el dedo por la pantalla, consumiendo vídeos, noticias, entretenimiento y desinformación. En otros casos, aparecen efectos políticos más profundos. Los sistemas de recomendación refuerzan selectivamente los mensajes que confirman nuestras creencias previas y reducen la exposición a perspectivas distintas, alimentando dinámicas de cámara de eco que favorecen la polarización y la radicalización. Y, en no pocos casos, se producen impactos relevantes sobre la salud mental, especialmente cuando este consumo intensivo se combina con condiciones de vida marcadas por la precariedad laboral, el estrés y la inseguridad material, que convierten las redes en una vía de escape inmediata, efímera y, en muchos casos, adictiva.
A este marco estructural —común a todas las grandes plataformas— se añade hoy un elemento político de enorme gravedad. Los propietarios de la mayoría de las principales redes sociales —encabezado por Elon Musk— están actuando como agentes activos en la expansión de los discursos de la extrema derecha. La degradación deliberada de los mecanismos de moderación, la tolerancia con la desinformación y la amplificación de contenidos reaccionarios no responden a un simple error de gestión ni a un declive empresarial, sino a decisiones estratégicas que contribuyen a crear un entorno informativo favorable al avance de proyectos autoritarios y fascistas. Proteger a la ciudadanía frente a estas dinámicas ya no es solo una cuestión de salud digital, sino también de soberanía democrática. Por eso los países europeos no pueden limitarse a regular aspectos técnicos: deben atreverse a cuestionar modelos de negocio que tienen efectos políticos directos.
Lo que he señalado hasta ahora nos sucede a los adultos, y se supone que tenemos más herramientas para abordar un fenómeno tan complejo. ¿Cómo impacta entonces en los menores? En el caso de los niños y las niñas, la exposición a las redes sociales tiene lugar en condiciones de mayor vulnerabilidad. En general disponen de menos capacidad para discernir qué parte del uso de una red social es positivo y qué parte no, y son mucho más fácilmente presas del algoritmo. Uno de los fenómenos más visibles es la presión sobre la imagen corporal, especialmente entre las chicas jóvenes. En una sociedad que sacraliza la apariencia y reproduce cánones de belleza inalcanzables, la generalización de filtros, retoques y herramientas basadas en inteligencia artificial somete a los adolescentes a una competencia radicalmente intensificada. No solo se compite con personas reales de cualquier parte del mundo, sino también con versiones idealizadas del propio cuerpo en el pasado y, cada vez más, con imágenes directamente ficticias. La comparación permanente se vuelve estructural. La ansiedad y los pensamientos autolesivos también.
Toda la maquinaria de este hiperconsumo depende de capturar la atención de los menores tanto como sea posible, lo que genera un coste de oportunidad muy notable: tiempo que deja de destinarse al juego, al aprendizaje no mediado por pantallas, a la interacción social presencial o, simplemente, al aburrimiento creativo.
No se trata de moralizar el uso de internet ni de demonizar la tecnología, sino de ser consciente de sus lógicas profundas y de las probables consecuencias. La prohibición llega, en buena medida, porque los consumidores —y las familias— no disponen de información suficiente para evaluar los riesgos reales de estas plataformas. Como ocurre en el caso de la inteligencia artificial, las redes son herramientas que pueden usarse con mayor o menor provecho, pero son innovaciones injertas en una dinámica capitalista que no discrimina entre lo que está bien o está mal; se trata de una lógica amoral. Quizás el mejor ejemplo sea, como siempre, la plataforma de Elon Musk y la última polémica acerca de la generación de imágenes desnudas y sexuales de otras personas, incluyendo menores. La IA permitiría otras opciones con incluso potencial educativo, pero la combinación entre una demanda social marcada por patrones machistas y una estructura empresarial orientada exclusivamente al beneficio hace rentable la explotación de los usos más perversos. Es el mercado, amigos, como diría nuestro querido Rodrigo Rato. Pero ahí reside la complicidad siniestra de Elon Musk: que a él le da igual que se cometan delitos con su herramienta; él está para hacer dinero, difundir desinformación y alentar movimientos ultraderechistas.
En las redes nosotros somos los productos que son consumidos, aunque la mayoría de las veces no seamos conscientes. La mercantilización ha avanzado hasta colonizar uno de los últimos espacios de autonomía personal: la capacidad de decidir a qué prestamos atención, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Cuando nuestra atención está secuestrada, somos una presa fácil de quienes además de hacer dinero quieren inocularnos sus reaccionarias ideas. Por eso hay más motivos que nunca para protegernos, empezando por los sectores más vulnerables de la sociedad.
La prohibición del acceso de menores a las redes sociales puede ser un primer dique de contención. Pero el problema real no es la edad de los usuarios, sino la arquitectura económica y política de las plataformas. Mientras la atención humana siga siendo tratada como un recurso explotable y la información como una mercancía diseñada para maximizar beneficio, seguiremos produciendo entornos digitales tóxicos para niños y adultos. Proteger a la infancia exige ir más allá y enfrentarse al poder de unas empresas que han convertido la manipulación de nuestras emociones, de nuestro tiempo y de nuestro juicio en el núcleo de su modelo de negocio. Y, en un contexto de avance autoritario, también exige reconocer que defender la salud digital es hoy una forma muy específica e importante de defender la democracia.