Los salarios ante la crisis económica
La crisis económica en España comienza a percibirse nítidamente a partir del segundo trimestre de 2008, cuando se inicia un proceso de recesión económica, con tasas de variación intertrimestrales negativas de los datos desestacionalizados y corregidos del calendario del PIB real o en volumen. Esta primera recesión se mantuvo hasta el cuarto trimestre de 2009, ya que a partir del primer trimestre de 2010 y hasta el primero de 2011 la tasa de variación intertrimestral del PIB pasó a ser positiva, aunque sin superar nunca las dos décimas. A partir del segundo trimestre de 2011 y, de momento, hasta el segundo trimestre de 2013 (el último dato disponible de la Contabilidad Nacional de España) la economía española vuelve a encontrarse en un estado de recesión económica, al situarse otra vez las tasas de variación intertrimestrales del PIB en valores negativos. Previsiblemente, aunque la economía deje de estar en una posición de recesión económica, persistirá la crisis económica, puesto que se mantendrán, al menos, durante un tiempo, tasas de crecimiento del PIB muy reducidas e incapaces de crear empleo neto y de reducir sustancialmente la tasa de paro, máxime si no se resuelven con urgencia otros muchos problemas que impiden una salida adecuada a la situación económica actual, como los de capitalización y solvencia del sistema bancario, la falta y encarecimiento de los crédito a las familias y las empresas y la deuda exterior, principalmente privada.
Esta situación de crisis económica, que dura ya más de cinco años, está provocando una fuerte destrucción de empleo y un enorme aumento del paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la disminución acumulada de la población ocupada, que se inicia en el cuarto trimestre de 2007, asciende hasta el segundo trimestre de 2013 a más tres millones setecientas mil personas (3.726.800) y el aumento de la población parada (que comienza ya en el tercer trimestre de 2007) a casi cuatro millones doscientas mil personas (4.185.600).
Una de las muchas consecuencias de esta crisis económica y, en concreto, de los intensísimos procesos de destrucción de empleo y de aumento del paro es la pérdida del poder de negociación de los trabajadores y de sus representantes en el establecimiento de las condiciones de trabajo en las empresas y, especialmente, de las salariales. Lo que va a repercutir, como se demostrará a lo largo del artículo, primero, en una acusada moderación de los aumentos salariales, después, en una disminución de los salarios reales, lo que supondrá la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y, más tarde, en una reducción de los salarios nominales o monetarios, que intensificará la citada pérdida del poder adquisitivo.
Este debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores y la evolución regresiva de los salarios va a estar influída no sólo por la situación de crisis económica sino también por las políticas arbitradas por los distintos gobiernos a lo largo de los más de cinco años que dura ya la citada crisis. En concreto, la estrategia de austeridad y de ajustes fiscales, iniciada por el Gobierno socialista en mayo de 2010 y prolongada y notablemente acentuada por el Gobierno del PP desde el principio de 2012, así como la durísima reforma laboral aprobada por ese Gobierno en febrero de 2012, cuando apenas había transcurrido mes y medio desde su toma de posesión, y que supuso un drástico cambio en el modelo de relaciones laborales establecido en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, en beneficio del poder de negociación y de decisión de los empresarios y en perjuicio del poder de negociación de los trabajadores y de los sindicatos.
