Clasismo y explotación
Las denuncias públicas recientemente difundidas sobre conductas de explotación laboral con abuso sexual en entornos privados de alto poder económico, como ha sido el caso de Julio Iglesias, nos mueve a revisar la relación estructural entre género, clase social y violencia sexual. Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades individuales, los testimonios de estas mujeres permiten analizar patrones sociales recurrentes ya descritos: clasismo estructural, cosificación sexual y explotación de mujeres en contextos de profunda asimetría de poder.
La violencia sexual no afecta de forma homogénea a todas las mujeres. La convergencia de pobreza, racialización, migración y dependencia económica incrementa significativamente la exposición al abuso, pues en contextos desiguales (empleador-empleada), la cosificación (“tu cuerpo es mío”) deriva en explotación concreta (sexo forzado, pago condicionado).
El clasismo se traduce en un mecanismo de producción de vulnerabilidad, al convertir la desigualdad material en una herramienta de dominación. En estos contextos, la precariedad limita la capacidad real de resistir, huir o denunciar, incluso cuando no existe violencia física explícita, pero el cantante “usaba trabajadoras como esclavas sexuales” a través de amenazas/confinamiento y una vigilancia constante sobre ellas, con efectos marcados sobre su autoestima, que hacía que las mujeres llegasen a internalizar su cosificación, y acepten su explotación como “normal” o “inevitable”.
La cosificación sexual reduce a las mujeres a cuerpos o funciones sexuales, con efectos de autoculpa y creencias negativas sobre ellas mismas con base en “yo lo permití”, lo que contribuye a mantener y facilitar la normalización del abuso. Diversos estudios identifican en este proceso la instrumentalización y la negación de la autonomía como rasgos centrales de forma que en relaciones laborales fuertemente jerarquizadas, la cosificación se intensifica: y el cuerpo femenino deja de ser percibido como el de una trabajadora con derechos y pasa a ser tratado como recurso disponible, especialmente cuando el empleador concentra poder económico y una imagen pública ( “mujeriego encantador”) .
Los relatos de las empleadas de J. Iglesias describen formas de explotación sexual severa, caracterizadas por control, dependencia económica y coacción, con testimonios de violencia que toma distintas formas: bofetadas, agresión física y psicológica, humillación constante y abuso de poder en situaciones de vulnerabilidad“, además de control de teléfonos y restricciones para salir de la casa; con respecto a la consideración de estos hechos como explotación sexual, el derecho internacional reconoce que no requiere necesariamente redes criminales organizadas, sino que puede producirse en entornos domésticos o laborales aparentemente legales, donde existe dominación sostenida y abuso de poder..
Los comportamientos machistas de J. Iglesias han sido históricamente celebrados como carisma o seducción, forman parte de un imaginario que normaliza la cosificación, la sumisión sexual femenina y la noción de que el deseo masculino tiene prioridad.
Invisibilizando su dimensión de dominación, se produce así una legitimación cultural e impunidad social , donde las víctimas —especialmente de clases subalternas— enfrentan estigmatización y descrédito, ya que estos marcos culturales influyen en el reconocimiento del daño y desplazan la atención hacia la conducta o credibilidad de las mujeres afectadas.
Desde el punto de vista psicológico, la cosificación y la explotación prolongada generan consecuencias profundas:
-Trastorno de estrés postraumático,
-Disociación,
-Culpa internalizada,
-Miedo a no ser creídas,
-Silencio prolongado.
Estas respuestas se consideran respuestas adaptativas a contextos de abuso prolongado, a los que se suma la vergüenza y la estigmatización social operan como mecanismos que refuerzan la impunidad.
En síntesis, el análisis de la dominación de estas mujeres por Julio Iglesias y su entorno permite identificar patrones estructurales de clasismo, cosificación y explotación sexual que no pueden reducirse a hechos aislados. Abordarlos exige no solo respuestas penales, sino transformaciones culturales y estructurales que cuestionen las narrativas que perpetúan la cosificación y la desigualdad de género.