El examen de nacionalidad
Hace unos meses hice la “Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España” (mejor conocida como el examen de nacionalidad). Aprobar esta prueba no es suficiente para convertirse en español, sino que es tan solo la punta del iceberg de toda una mole de burocracia fría y hostil que hay que superar.
¿Cuál fue mi nota numérica? Nunca lo sabré. Solo hay dos resultados posibles: apto o no apto. Me parece bien, no deberíamos cuantificar nuestro vínculo con aquello que llamamos nación (independientemente de lo que esta signifique). Además, quién sabe hasta qué punto una calificación numérica podría incrementar el riesgo de sesgos en los trabajadores del Ministerio de Justicia encargados de evaluar los expedientes y conceder la nacionalidad. Supongo que el cerebro, forjado en las aulas durante años a fuerza de notas, podría influir inconscientemente en los evaluadores. ¿Un potencial español de 7 o uno de 9? ¿Existen españolas y españoles de matrícula de honor? Creo que, en el caso del resultado del examen, prefiero la dicotomía shakespeariana de ser o no ser.
Tras la aprobación de mi expediente, aún faltaba un paso: “jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución”. Para muchos, esa conjunción disyuntiva “o” no es baladí, sino que está cargada de simbolismo. Si se elige la primera vía, se apela con el juramento a una instancia divina, a una entidad trascendente por encima de la ciudadanía. Por el contrario, la promesa es más inmanente y humana. La primera opción implica que lo jurado no puede cambiar, ya que la divinidad se considera eterna; la segunda opción, en contraste, concede más espacio a la posibilidad de modificar lo declarado. Esto último se ejemplifica con lo que algunos políticos de izquierda decían al tomar posesión de sus cargos: prometían que cumplirían la Constitución hasta que la ciudadanía la cambiase para conseguir una justicia social efectiva. Para quienes se interesen por la filosofía, podría decirse que en la promesa hay trazas de iuspositivismo, mientras que en el juramento se advierte una alusión al iusnaturalismo teológico.
No sé si en los registros civiles o en las notarías, lugares donde se puede hacer esta declaración, tienen en mente toda esta disquisición. Lo cierto es que la trabajadora del registro al que fui solo me dio la opción de jurar. “Prometo”, le respondí pausadamente y con ademán correctivo. Ignoro si ella excluyó voluntariamente mi opción predilecta al ver mi camiseta con el rostro de Miguel Hernández o por mera economía del lenguaje. En cualquier caso, agradezco que no haya sacado inesperadamente del cajón de su escritorio ningún retrato oficial para dar solemnidad al acto.
Antes de firmar el documento que me acreditaría como ciudadano español, la funcionaria me pidió confirmar que no hubiese errores en mis datos. Por si acaso, verifiqué que la inversión de mis apellidos fuese correcta. El anteponer el apellido materno es algo que solo un porcentaje minúsculo de la población española ha hecho (algunas fuentes hablan del 0,5% de los recién nacidos), así que me temía que la falta de costumbre facilitara errores en los registros. Todo estaba en orden.
Pocas semanas después de recibir el DNI, me enteré de que algunos miembros de Vox habían retomado con fuerza su intención de revertir algunas concesiones de nacionalidad. En su Programa Económico y de Vivienda, se lee la propuesta de “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años”.
Desde el año pasado, varios integrantes de ese partido vienen abogando continuamente por llevar a cabo procesos de “reemigración” masiva, fundamentándose en la teoría conspiranoica del “gran reemplazo”. Todo ese onanismo xenófobo es inconstitucional según el artículo 14 de la Carta Magna. Creo que los miembros de Vox deberían ponerse a estudiar la Constitución. Yo les puedo prestar mis apuntes.