Este ir y venir del carajo

“¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?”, cuestiona al borde de la desesperación el capitán del barco al final de una de las novelas imprescindibles de García Márquez. Por suerte, la respuesta de su interpelado, Florentino Ariza, no cabe en Aragón: este ir y venir tiene como fecha tope el 3 de mayo, que se acerca inexorable pese a que en nuestro caso el capitán da más muestras de indolencia que de impaciencia.

A casi dos semanas de que venza el plazo que llevaría a los aragoneses de nuevo a las urnas, calma tensa. La reunión de la semana pasada no ha tenido continuidad –no se puede descartar un encuentro en lo que queda de la actual–, y eso que entonces ya se constató que los avances eran “conceptuales”. El runrún está ahí, pero solo se manifiesta en forma de convocatorias públicas suspendidas, como la de este miércoles del presidente en funciones, Jorge Azcón, en el cierre de la jornada en The Wave.

En Extremadura, mis compañeros cuentan que el PP y Vox están limando las últimas diferencias antes de anunciar un acuerdo que se prevé para “los próximos días”. Ahí, el cronómetro se parará también el 3 de mayo. Esperar en Aragón al pacto extremeño supone apurar tanto que cualquier contratiempo puede llevar al traste las negociaciones. Empezamos a jugar con fuego.

Porque no viene mal recordarlo: no había obligación de ir a las urnas el 8 de febrero, fue una decisión política –por los motivos que fuera– de la única persona que podía tomarla: el presidente, Jorge Azcón. Y el fiasco no solo se traduce en una parálisis en un momento crucial para las instituciones, sino que también tiene su reflejo en el erario: doce millones de euros –en un cálculo conservador– de desembolso supusieron los comicios autonómicos, el triple que los de 2023.

En este contexto, como es lógico, parece una cuestión simbólica pero menor que no vaya a haber premiados por el Día de Aragón debido a que la normativa prohíbe estas distinciones a los gobiernos en funciones. Aquí no va a haber subterfugios, como sí ha sucedido con la polémica concertación del Bachillerato, con una orden oficial que evita detallar cómo se va a articular esta medida o de dónde provendrá la financiación con el objetivo de eludir una eventual paralización cautelar en los tribunales. Destacados catedráticos de Derecho Administrativo ya han justificado que la iniciativa es legal precisamente porque la orden que la ampara no dice nada.

Tampoco podrán resolver los aragoneses estas dudas con las explicaciones del presidente en funciones en el foro que corresponde, las Cortes de Aragón, ya que el PP y Vox han vetado una iniciativa conjunta de la oposición para que Azcón informe de ello en la Cámara. Qué se le va a hacer.

Más patrimonio que se pierde

En Zaragoza –y por extensión en toda la comunidad– somos expertos en sacrificar patrimonio: no nos hacen falta guerras ni bombardeos para lograr echar a bajo edificios que cualquier ciudad que se enorgullezca de su pasado salvaría de la piqueta. No tenemos remedio. Y no hay que irse tan lejos como con la Torre Nueva, hay muchos ejemplos más actuales: la Fundación Averly, la Universidad Laboral. O, más reciente, el Jesús y María.

“En Aragón el turricidio es seña de identidad”, afirmó por aquí hace un tiempo Mariano Gistaín. Cómo olvidar el desastre ejecutado con el Teatro Fleta, todavía una visible carcasa para vergüenza de nuestros gobernantes, incapaces de abordar esta patata caliente. O Sindhaya, el barrio que apareció bajo el asfalto del paseo de la Independencia y que el Ayuntamiento optó por sepultar a principios de siglo, a la espera de que una corporación futura con más sensibilidad decida abordar semejante marrón.

Ahora le toca el turno al antiguo edificio de Correos, víctima de una transformación urbana que precisa de más carriles –y también de más hormigón– para el tráfico rodado. El inmueble de rasgos brutalistas obra de José Luis González Cruz será también víctima del turricidio zaragozano, tal y como pudieron comprobar los vecinos este miércoles, cuando sin más preaviso se retomaron los trabajos de demolición. Qué más da lo que opinen expertos y vecinos; cómo lidiar contra un consejero municipal de Urbanismo que se chotea del patrimonio con el mayor de los descaros.

Todo ello, sin que la institución responsable, el Gobierno de Aragón, dé por ahora explicaciones que justifiquen su decisión semanas después de asumir el control del edificio y paralizar el derribo. Y ante la impotencia de las asociaciones que tratan de luchar por la protección de estos bienes como Don Quijote ante los molinos.