Las madres cuidadoras dicen basta
El Sindicat de mares per la diversitat funcional se manifiesta en Barcelona ante el Departament de Drets socials de la Generalitat catalana bajo el lema “Se ha acabado” #DerechosnoFavores
Las madres y hermanas de personas con trastornos psíquicos, neurodivergencia y discapacidad dependiente son consideradas por las instituciones como cuidadoras no profesionales, también en las estadísticas. Es el reconocimiento de que hay un grueso importante de la población, mujeres en un 85%, que trabaja sin cobrar. Ellas claman que el amor no paga facturas ni cotiza en la seguridad social y reclaman su derecho a disponer de recursos dignos para sus hijos e hijas, y la libertad para ellas mismas. Por ello hoy se han manifestado en Barcelona.
Alicia es madre de una chica de 22 años que padece TEA (Trastorno del espectro autista). Actualmente, su hija está ingresada tras una grave crisis, ha sido una de tantísimas. Esta historia, aunque dura y triste, no tendría nada de particular si no fuese porque la hija de Alicia todavía no cuenta con una valoración de su discapacidad. Alicia, participó en un programa de televisión expresando su angustia e implorando (qué humillación!) que esa gestión se resolviese con carácter de urgencia. Tras el programa recibió una llamada del Departament de Drets Socials de la Generalitat catalana, que con toda la frialdad y crueldad, dada la gravedad de la situación, le recordó que su hija no sería valorada hasta el verano de 2026. Es como decirle a alguien que se está desangrando que el plasma llegará en unos meses. Este maltrato institucional a personas dependientes para toda la vida se ha normalizado con el ya casi eslogan: no hay recursos.
Por ello, la hija de Alicia no tendrá derecho a un recurso residencial más allá de 2026 y que, hasta entonces, será su madre, como siempre, quien deberá atenderla y sufrir las consecuencias físicas y psicológicas de ese cuidado.
¿Se imaginan vivir pensando que en cualquier momento puede caer el techo de casa y aplastarte? Ese estado de permanente alerta es el que viven las madres como Alicia con un hijo o hija con algún problema de salud mental, neurodivergencia o discapacidad y dependiente.
Y la pregunta del millón es: ¿se puede acabar con la lista de espera de las valoraciones de discapacidad y dependencia? Por supuesto, tan solo es necesaria la voluntad de preparar un dispositivo temporal de valoración y poner las listas al día.
Cualquier ser pensante consideraría de sentido común que un equipo de urgencia valorase a la hija de Alicia en el hospital en el que está ingresada o que su valoración se pudiese hacer con la documentación facilitada por los médicos sobre su patología y estado actual. Pero no. Ese lector pensante, ahora se pregunta por qué.
El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley presentado por Pablo Bustinduy para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Una nueva oportunidad para poner el foco en los recursos asistenciales necesarios para solventar este agravio, también de género.