Prioridad “nazional”. Extremadura, banco de pruebas
Tras seis meses de parálisis institucional, PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura para poner en práctica políticas de discriminatorias a la población extranjera. Se trata de diferenciar ciudadanos de primera y de segunda. En las anteriores elecciones autonómicas de 2023, la presidenta, María Guardiola, se engalanó de digna frente a Vox cuando espetó que no podía dejar entrar en su Gobierno a los que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI. «Ahora mismo no es el poder lo que está en juego. Es la dignidad de esta tierra», afirmó. Asimismo, aseguró que se quitaría de en medio antes que tragar.
La dignidad de Guardiola, escasa y de fácil digestión, se la tragó en pocos días para poder gobernar junto a la ultraderecha que niega la violencia machista y la digirió sin siquiera náuseas para llegar a afirmar después que el feminismo que defiende es el mismo que defiende Vox. Ahora, a quienes deshumanizan a los inmigrantes les apoyará gestionando la prioridad nacional. Indignidad, cinismo y ansia de poder a cualquier precio.
El concepto de prioridad nacional, que fue formulado por primera vez en 1985 por el fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, y que ha sido el principal marcador ideológico del partido ultra francés, concuerda con un nacionalismo xenófobo y racista bastante extendido —como el America first norteamericano—. Lo que le puede seguir es peor: se empieza así y se termina con la aprobación de normas como las leyes raciales de Nüremberg del régimen nazi —prefiero que me llamen exagerado a quedarnos de brazos cruzados y en silencio ante el hedor y recelo que provocan tales propuestas—.
La extrema derecha vuelve al Gobierno extremeño, esta vez con una vicepresidencia, que incluye (entre paréntesis mi propia apostilla al nombre oficial) una Consejería de Familia (cristiana y punto), Desregulación (de cualquier norma democrática) y Servicios Sociales (pocos y solo para los muy españoles y “mucho españoles”), y otra Consejería de Agricultura-Ganadería (para terratenientes y toreros) y Medio Natural (a ver si acaban de devastarlo).
Óscar Fernández Calle, el nuevo bocachanclas del ejecutivo autonómico, al que le falta agregar a sus competencias la de Perdonavidas, ya advirtió que Guardiola fue presidenta y lo volverá a ser porque a Vox le da la gana, aunque explica que solo será si Dios quiere «porque estamos en manos del Altísimo» (se ignora cuánto durará la decisión progubernamental del de arriba). Este fascista de verbo procaz, aspecto chulipijo y comportamiento matón será el próximo vicepresidente extremeño (que el Altísimo nos coja confesados).
La prioridad nacional, que forma parte de un programa racista y xenófobo, se va a probar primero en Extremadura —además se aplicará en Aragón y otras CC. AA. donde gobiernen PP y Vox y a nivel estatal si llegan al poder—, una región de tradición emigrante donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población, un tercio de la media nacional (14,1%), un pueblo acogedor que necesita de todos los que vengan para su desarrollo y no echar a nadie.
En el PP intentan disimular utilizando el arraigo como eufemismo de la segregación que implica el concepto introducido en los programas de la derecha-extrema derecha. La pregunta es si los extremeños, un pueblo de tradición emigrante, insisto, cuando quieran volver a su tierra después de años fuera, encontrarán aquí sus raíces o tendrán que traerse las que consiguieron que arraigaran lejos de Extremadura.
Una vez desterrada la idea —que ya se encuentra también instalada en la derecha y la desmienten los datos— de que los inmigrantes vienen a aprovecharse de las ayudas sociales y a delinquir, nos queda convencer a la ciudadanía de que la verdadera prioridad nacional y mundial debería ser frenar a la ultraderecha y luchar sin descanso contra las desigualdades sociales y por la democracia. No podemos callar, nos jugamos mucho.