¿Prohibir para proteger?

Estaba leyendo el pacto del PP y VOX en Extremadura a raíz de la prohibición del “burka” y “niqab” en los espacios públicos de la comunidad autónoma y me asaltaron un par de preguntas.

Antes de iniciar, quiero aclarar: no comparto una práctica que, en muchos contextos, implica la invisibilización del cuerpo femenino y responde a estructuras profundamente desiguales. Pero no compartir algo no implica querer prohibirlo.

Hablamos de prohibir y prohibir forma parte del “ius puniendi” del Estado, de las competencias del poder legislativo, donde la soberanía pertenece al pueblo y es ejercida a través de sus representantes públicos. En este caso, PP y VOX en coalición velando por los asuntos que preocupan a los extremeños.

Aquí es donde empiezan mis dudas.

Tal y como publicaba este diario, del aproximadamente dos millones de personas musulmanas España, entre unas 100-400 mujeres llevan “niqab” o “burka” en todo el Estado. No solo en Extremadura. ¿De verdad supone un asunto de tal trascendencia para la comunidad como para ser clave en un pacto de gobierno?

Vale, puede que no responda a temas de urgencia, sino a, como se dice en el texto: “por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia. No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad.”

Aquí se esgrimen dos argumentos importantes:

El primero; convivencia/seguridad.

Si nos centramos en la seguridad, ¿Qué amenaza pueden suponer unas 100-400 mujeres en todo el Estado?

Por lo que respecta a la convivencia e identificación, se trata de un fenómeno tan residual que no encuentro la presencia de un problema con entidad suficiente, que ponga en peligro la cohesión social y que rompa con la normal convivencia ciudadana.

Cuando se hace cierta política en nombre de la seguridad/convivencia, se entiende que debe existir un peligro y/o amenaza suficiente como para que sea necesaria la legislación.

El segundo: igualdad/dignidad. En este sentido ¿Es la prohibición el mejor camino para la defensa de los derechos de estas mujeres?

En primer lugar, vivimos en un Estado de derecho que en el art.16 de la CE se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades... Además en el art. 10.1, se garantiza el libre desarrollo de la personalidad del individuo que pasa, ineludiblemente, por la expresión - o no - de su dimensión religiosa/espiritual. Hablamos de algo que es competencia de las leyes orgánicas porque tocan derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

En segundo lugar, no concibo vivir en un estado en el que se permite a las instituciones establecer cómo se deben vestir, en este caso, las mujeres - porque es a quien afecta directamente-. Entiendo las motivaciones (algunas de ellas), detrás de esta propuesta pero no me siento cómoda con la idea de que, desde las instituciones se establezca qué puede ponerse o no el ciudadano/a.

Además, estamos hablando de una propuesta que pretende proteger a las mujeres de un sistema opresivo que las obliga a cubrirse. La medida actúa sobre la parte visible, la prenda. Sin embargo, la estructura de dinámica familiar, religiosa y social que lo sostiene sigue ahí por lo que, si no se las deja salir a la calle sin estar cubiertas ¿No implicará el prohibirles ponérselo en espacios públicos su reclusión en sus casas?

Es decir, hablamos de un tipo de política que interviene directamente sobre lo que consideran la “víctima” -si entendemos que todas son víctimas- penalizándola. ¿Se puede entender que se protege a la víctima cuando es a ella a quién se la señala y persigue?

Por otro lado, existen otras formas de vida, dentro de tradiciones que consideramos propias, en las que las mujeres también viven bajo normas estrictas de vestimenta o incluso en reclusión. Sin embargo, esas realidades no generan el mismo impulso legislativo. Quizá porque no se ven.

Entonces, la duda de fondo es: ¿esto va de seguridad, de igualdad o de visibilidad?

Me surgen más preguntas que respuestas. Pero sí tengo una idea clara: si lo que buscamos es igualdad y dignidad, el camino no pasa por restringir el acceso al espacio público.

Pasa por garantizar que puedan estar en él, que accedan a la educación, al empleo, a la autonomía. Porque la emancipación, si no es también económica, se queda a medio camino.

Y, de momento, eso es lo único que tengo claro.