Archivan cuatro peticiones del juicio político contra la presidenta brasileña

La Cámara de los Diputados de Brasil archivó hoy cuatro peticiones para abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff, pero aún tiene pendientes de análisis al menos dos solicitudes similares.

Las peticiones, presentadas por ciudadanos particulares, fueron rechazadas por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, autoridad que tiene la atribución constitucional para ello, debido a que no cumplían los requisitos jurídicos exigidos por la carta magna.

Cunha ya ha rechazado quince peticiones en total y aún le faltan por analizar otras dos que han sido presentadas por la oposición con el apoyo de reputados juristas.

El jefe de la Cámara de los Diputados rechazó poner fecha para el análisis de esos pedidos que, según la oposición, tienen opción de prosperar porque están bien fundamentados jurídicamente.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos al jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados “delitos de responsabilidad”, lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La oposición precisamente alega que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al haber avalado una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

El presidente de la Cámara de los Diputados se ha enemistado con Rousseff y hace meses anunció su decisión personal de pasar a engrosar la oposición, a pesar de que forma parte de un partido oficialista.

No obstante, el mes pasado afirmó que, en su opinión, esas maniobras fiscales no constituyen un motivo claro para el inicio de un proceso de destitución de la presidenta, pues primero habría que establecer la participación “directa” de Rousseff en ese asunto.

El propio Cunha también podría perder el cargo porque la Cámara baja ha iniciado un proceso de destitución contra él por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a medio centenar de políticos.

Ese proceso de destitución no interferirá en el modo como analiza los pedidos contra Rousseff, según reiteró hoy Cunha.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Voy a hacer una evaluación técnica”, afirmó hoy Cunha en declaraciones a periodistas.