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Ayuntamientos socialistas piden a la UE que se posicione en contra de la reforma de la Administración local
La delegación ha estado encabezada por el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, quien ha explicado que han solicitado al Comité de las Regiones de la UE (CdR) que redacte un informe con el que “se posicione claramente en contra” de la reforma, porque si sale según el calendario previsto a finales de mes, significaría “un nuevo ataque al Estado de bienestar”.
El CdR, un órgano consultivo de las instituciones europeas sin capacidad de decisión, ya se pronunció negativamente sobre la Ley que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando se empezó la tramitación de la misma, según ha asegurado Zarrías a la prensa en Bruselas.
Junto a Zarrías han viajado a la capital europea los alcaldes de Vigo, Abel Caballero; de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero; de Soria, Luis Rey; de Cuenca, Juan Ávila Francés; de Barakaldo, Alfonso García Alonso; Fuenlabrada, Manuel Robles; y de Avilés, Pilar Varela Díaz.
También han previsto encuentros con el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, y con varios eurodiputados para trasladarles su “profunda preocupación” y pedir su “comprensión”, según ha explicado Abel Caballero, vicepresidente de la FEMP además de alcalde de Vigo.
Caballero ha criticado la “descentralización al revés” que traerá la reforma local al trasladar a las comunidades autónomas competencias municipales, pero que, asegura, los ayuntamientos tendrán que seguir financiando y pagando al sector público por servicios que hasta ahora cubre la administración local.
Tanto Zarrías como Caballero han destacado, además, el “amplísimo consenso” que existe entre los partidos políticos en contra de esta iniciativa, un rechazo que, según los socialistas, también comparten los alcaldes 'populares' en su mayoría.
“Cuando haya otro Gobierno, se cambiará”, ha añadido Zarrías en este sentido, para subrayar que se trata de una norma sin apoyos, porque está “basada en mentiras” y “no evita duplicidades administrativas,, no simplifica la estructura, ni clarifica competencias”.
“No viene a cumplir ninguno de los objetivos --que compartimos--, pero que no tienen reflejo en el texto de la ley”, ha añadido, para apuntar después la “gran mentira” de que permitirá ahorrar en torno a los 8.000 millones de euros.
