La CE plantea acelerar la cooperación judicial en las pruebas electrónicas

La Comisión Europea (CE) presentó hoy un nuevo paquete de medidas para reforzar la seguridad, con propuestas como la reducción de plazos y la carga burocrática en la solicitud de pruebas electrónicas a otro Estado miembro durante una investigación criminal.

Entre la batería de medidas figura una orden europea de entrega que permitirá a la autoridad judicial de un país solicitar directamente a un proveedor de servicios digitales pruebas como correos electrónicos, mensajes de texto, datos que identifiquen a un usuario en línea o una dirección IP.

Según datos de la Comisión, en torno al 85 % de las investigaciones que se cursan en la actualidad requieren pruebas electrónicas, y dos tercios de las mismas están en una jurisdicción diferente.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, explicó en rueda de prensa que la citada orden europea de entrega tiene como objetivo reducir “drásticamente” los plazos en los que los proveedores deben entregar la información, que pasará a ser de tan solo diez días frente a los 120 actuales.

En caso de urgencia, este plazo puede reducirse hasta a seis horas.

La legislación incluye salvaguardas para los derechos de los proveedores, que pueden negarse a dar los datos en determinados casos, y también de las personas investigadas, pues cierta información solo se podrá requerir en el caso de que el delito investigado esté penado con al menos tres años de cárcel en el país solicitante.

Junto al comisario de Interior, Dimitris Avramópulos, y al de Seguridad, Julian King, Jourová presentó en Estrasburgo otras iniciativas, que cubren aspectos como la seguridad de los documentos de identidad, el acceso de las autoridades a información financiera en una investigación delictiva o la compraventa de sustancias para fabricar explosivos caseros.

“Los terroristas y delincuentes son rápidos cambiando sus estrategias y usando nuevas herramientas para hacernos daño. Hoy mostramos que somos más rápidos e inteligentes”, aseguró Avramópulos, que agregó que todas las propuestas presentadas están relacionadas entre sí en busca de una mayor seguridad.

Respecto a los documentos de identidad, la Comisión propuso incluir en ellos datos biométricos (dos huellas de identidad y una fotografía) del poseedor para combatir su falsificación, así como la eliminación progresiva de todas las tarjetas que no reúnan estos requisitos.

“No es aceptable que hoy más de 88 millones de ciudadanos europeos estén usando documentos de identidad de papel, no solo en su vida diaria sino también para viajar con ellos”, alertó Avramópulos.

Bruselas precisó que la propuesta no pretende introducir un carné de identidad obligatorio en la UE, sino actualizar los niveles de seguridad de los existentes, y deja en manos de los socios europeos las decisiones de diseño de las tarjetas.

La batería de propuestas incluye también medidas para atajar la financiación del terrorismo y para facilitar el acceso directo de las autoridades competentes sobre delitos graves a la información financiera de un sospechoso.

Además, se refuerzan las reglas sobre los precursores de explosivos, sustancias como la acetona o el ácido sulfúrico que no son ilegales por sí mismas pero que pueden ser empleados para fabricar artefactos caseros.

Dado que muchas de estas sustancias pueden comprarse en ferreterías, cada Estado miembro deberá revisar las solicitudes de licencia de uso de estos productos y comprobar la legitimidad de la petición, además de efectuar una comprobación de los antecedentes penales del solicitante.

Los comercios, por su parte, deberán reportar a las autoridades en un plazo de 24 horas cualquier “transacción sospechosa” en lo relativo a estas sustancias.

Bruselas abordó igualmente la importación y exportación de armas de fuego, y propuso la introducción de una comprobación de antecedentes para individuos que soliciten una autorización para exportarlas.