Controversia en Argentina por el arresto domiciliario de la diputada del Parlasur Milagro Sala

El traslado de la diputada kirchernista del Parlasur Milagro Sala, en prisión preventiva desde enero de 2016, a una vivienda este jueves generó hoy controversia en Argentina, después de que el juez afirmara que no le concedió arresto domiciliario sino que solo cambió su lugar de detención.

El juez de instrucción penal de la norteña provincia de Jujuy, donde está detenida la activista, Pablo Pullen Llermanos, afirmó en declaraciones a radio La Red que el motivo del traslado es que los organismos internacionales habían denunciado que la líder del movimiento social Tupac Amaru se encontraba en situación de riesgo y, por ende, decidió resguardar su “integridad física”.

“Esto es una especie de detención 'sui generis'. Yo no hice lo que la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) pidió, no le di prisión domiciliaria, cambié el lugar de detención”, aseguró.

El magistrado insistió en que, de esta forma, no está cumpliendo con la medida cautelar otorgada a Sala por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en julio solicitó al Estado argentino medidas alternativas a su detención, como el arresto domiciliario o la fiscalización electrónica.

Aunque el juez de Control en lo Penal número 3 de Jujuy, Gastón Mercau, le otorgó el 16 de agosto la domiciliaria, todavía no se había hecho efectiva porque la casa a la que iba a ser destinada no cumplía condiciones de habitabilidad y faltaba que se pronunciara Pullen Llermanos, a cargo de otra de las causas por las que permanecía detenida.

Sabrina Roth, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, afirmó hoy a Efe que la defensa de la activista ya ha apelado las restricciones impuestas por el magistrado en el domicilio y ha informado a la CIDH de la situación.

“Lo que han hecho es montar una cárcel en este inmueble”, aseveró en referencia a la instalación de cámaras y alambre de púa en el perímetro de la vivienda y la presencia de 15 uniformados de la Gendarmería, así como otros de las fuerzas de seguridad provinciales.

Todo ello lo consideró un “show mediático” para continuar con la “estigmatización” de Sala, como si esta se tratara de una “delincuente peligrosa”.

Por otro lado, Soledad Mendoza, del Comité de Víctimas de Milagro Sala, recibió con “indignación” la noticia, ya que, a su juicio, ahora la activista puede estar “en su country (vecindario privado de clase alta), gozando de lo que pudo obtener durante estos 15 años gracias a los jujeños”.

En declaraciones a Efe, Mendoza criticó que los derechos humanos internacionales actúen con quienes “han rozado el poder” y no con quienes, dijo, han vivido con el “amedrentamiento, la violencia y la quita de vivienda” de la Tupac Amaru.

El Comité está compuesto por 300 personas que denuncian usurpaciones de propiedad privada, cortes de carreteras, “secuestros”, acoso e incluso, “asesinatos”, por parte de la organización barrial de Sala, surgida en 1999 para construir casas, escuelas y centros de salud para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, a través de donaciones y ayudas estatales.

“Primero fuimos víctimas de Milagro Sala y ahora somos víctimas de la Justicia”, denunció Mendoza.

La diputada del Parlasur por el kirchnerista Frente para la Victoria fue detenida en enero de 2016 por instigación, tumulto y sedición durante una protesta organizada por la Tupac Amaru.

Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.