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El Gobierno urdió hace semanas el plan para dar más poder al Constitucional contra Mas

Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Luz Sanchis

La propuesta del PP de dar poder sancionador al Tribunal Constitucional para castigar a Artur Mas si declara la independencia de Cataluña empezó a discutirse en Moncloa este verano, según aseguran en el PP. La iniciativa partió del Gobierno y del PP catalán, aunque se ha articulado a través del grupo parlamentario para acelerar el trámite. Fuentes del PP aseguran que la decisión no provocó ninguna discusión interna en cuanto a la conveniencia de la medida. Tampoco el hecho de anunciarlo en solitario sin buscar el consenso de otros partidos.

Ante la cercanía de las elecciones catalanas y generales, el Gobierno prefirió derivar la iniciativa al grupo que dirige Rafael Hernando. De hecho, el departamento de comunicación del grupo parlamentario convocó a la prensa por la mañana del martes sin decir para qué. El mensaje se limitaba a informar de que Rafael Hernando la registraría en el Congreso junto a Xavier García Albiol y después harían declaraciones.

De esta forma, el partido aprovechó el acto para permitir que su candidato se luciera y tuviera el mayor protagonismo posible. De hecho, la frase contundente de “la broma ha terminado” corrió a cargo de García Albiol. Después fue la vicepresidenta quien entró en detalle antes de la sesión de control en el Senado y negó que Artur Mas tenga “nada que temer siempre que no se considere por encima de la ley”.

Fuentes del grupo parlamentario explican que la decisión del Gobierno “no obedece a ningún movimiento concreto de Artur Mas sino a la suma de todos ellos” dentro del proceso soberanista para anticiparse a una posible declaración unilateral de independencia por parte del president de la Generalitat, una decisión que es solo una hipótesis por el momento.

Con este movimiento, el PP ha conseguido de nuevo quedarse solo en su mayoría absoluta. La propuesta ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos, que se han escandalizado por su “electoralismo” y por su inconveniencia para conseguir mejorar las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

Si los conservadores se negaron a buscar el consenso con el PSOE, tampoco lo hicieron con Ciudadanos, un partido mucho más cercano a sus planteamientos en materia territorial. El aviso a los socialistas se quedó en un mero trámite, ya que Rafael Hernando informó a Antonio Hernando, portavoz del PSOE, diez minutos antes de registrar la propuesta en el Congreso. Aunque los socialistas votarán en contra en el Pleno cuando se debata la proposición de ley, desde el PP se insinúa que podría no ser así: “Una cosa es que el PSOE diga que no y otro que no se pueda agarrar después a las formas para acabar absteniéndose”.

En cuanto a las críticas de Albert Rivera, que ha descalificado el movimiento del PP por haberse hecho “deprisa y corriendo” y buscar rédito electoral, se daban por descontadas. “Ciudadanos no vota y criticar le sale gratis”, responden en el grupo del PP.

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