IU, Amaiur, ERC y BNG piden que Margallo explique en el Congreso la “presión” a Argentina en la causa del franquismo

Los portavoces de Exteriores de estas formaciones han firmado una iniciativa en la que defienden que García-Margallo debe “dar cuenta en el Congreso de éste y otros obstáculos” que los representantes de las víctimas aseguran que “están percibiendo de las autoridades españolas” con el objetivo de “retrasar y entorpecer la acción de la justicia argentina”.

A su juicio, “da la impresión de que el Ejecutivo del PP quiere 'exportar' a Argentina todas las dificultades e impedimentos con las que se ha encontrado históricamente en el Estado español cualquier grupo, asociación o colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas en cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo”.

Ayer, la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) informó de que la juez argentina María Servini había acordado suspender temporalmente las declaraciones tras recibir una llamada del embajador argentino en Madrid manifestándole el “profundo malestar” del Gobierno español porque esta diligencia se había efectuado sin comunicación previa al Estado español y sin comisión rogatoria.

EXTERIORES NIEGA TRASFONDO POLÍTICO

Fuentes de Exteriores aseguraron a Europa Press que el Ministerio remitió una “nota verbal” a la Embajada argentina en Madrid para instar a que “se corrija el procedimiento” por el que la juez argentina pretende tomar declaración a una docena de víctimas del franquismo.

Según estas fuentes, detrás de esta comunicación no hay “un tema político”, sino de procedimiento judicial, porque la diligencia no cumple los trámites previstos en el convenio bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal que España y Argentina firmaron en 1987.

Tal y como señalan los solicitantes de las comparecencias, este tratado establece que las investigaciones judiciales entre jueces de ambos países han de hacerse a través del mecanismo de la comisión rogatoria.

La jueza Servini instruye en Buenos Aires la causa abierta en virtud del principio de justicia universal por la querella presentada por los delitos de 'genocidio y/o lesa humanidad' cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Abarca el periodo que va desde julio de 1936, fecha del golpe de Estado militar, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la dictadura.

Los testigos habían sido citados a comparecer desde ayer miércoles en el Consulado argentino para declarar por videoconferencia en la causa en la que piden imputar a dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

Entre otros, se han querellado contra Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

Entre los testigos llamados a declarar se encuentra la hermana de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el garrote vil durante la dictadura franquista.