Margallo destaca que la ley de minas antipersonas es un paso más en el anhelo hacia la paz

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha destacado que “España da un paso más en el anhelo hacia la paz” con la nueva Ley de Prohibición Total de Minas Antipersonal y Armas de Efecto Similar, que superará hoy su primer trámite parlamentario en el Congreso.

Ante el pleno del Congreso, que ya ha debatido y votará en contra la enmienda a la totalidad presentada por ERC, el titular de Exteriores ha defendido el proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Prohibición Total de Minas Antipersonal y Armas de Efecto Similar, aprobado por el Gobierno el 13 de septiembre.

Para García-Margallo, la nueva ley pretende actualizar el derecho humanitario internacional, así como adecuar el régimen que afecta a las minas antipersonas y minas de racimo.

“Supone un paso importante en la regulación de este derecho, uno de los instrumentos internacionales más importantes porque se utiliza en tiempos bélicos”, ha recalcado el ministro, quien ha agregado que el Gobierno sigue incorporando al derecho español la protección a la población civil en tiempos de guerra y las armas que se pueden usar en esos tiempos.

Sobre las municiones de racimo, uno de los principales ejes del proyecto de ley, García-Margallo ha recordado que el Ministerio de Defensa ha destruido ya todas las armas de racimo.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, en su defensa de la enmienda a la totalidad, ha aprovechado para proponer una ley de desmilitarización, desarme y control armamentístico.

Ha pedido reducir la plantilla militar, disminuir a la mitad la capacidad armamentística, anular los programas de armamento y suprimir desfiles, entre otras iniciativas.

Tardá ha calificado de “inmoral” que se recorte en sanidad, educación o pensiones y se mantenga el gasto militar en proyectos armamentísticos.

Ha acusado al Gobierno de mentir sobre los presupuestos generales del Estado y ha afirmado que el gasto militar ejecutado en los últimos diez años ha crecido una media anual de 1.500 millones respecto a su asignación inicial mediante el fondo de contingencia y otras fórmulas.

Joan Baldovi, diputado de Compromís, formación integrada en el grupo mixto, ha apoyado la enmienda de ERC y ha señalado que la ley es necesaria pero insuficiente para lograr objetivos legales fijados sobre destrucción de minas.

Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, ha manifestado su preocupación porque la ley no abarca suficientemente la limpieza de campos de minas en todo el mundo.

Irene Lozano, de UPyD, ha mostrado el apoyo de su formación al proyecto de ley, aunque ha considerado que “queda corto” en algunos aspectos.

El portavoz de Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, ha considerado que la nueva ley supone “un paso importante hacia la paz” y ha asegurado que es un delito criminal la venta y fabricación de minas y bombas de racimo, al igual que las denominadas armas de destrucción masivas.

Jordi Xuclá, de CiU, también apoyó la ley, al igual que Germán Rodríguez, del PSOE, quien ha recordado que el gobierno socialista ya aprobó normas a favor del desarme y la erradicación de las minas antipersonas y municiones de racimo.

Ignacio Uriarte, del PP, ha destacado el compromiso del Gobierno para erradicar de forma definitiva las municiones de racimo y ha afirmado que España dispone de las más avanzados legislaciones en materia de comercio de armas.

Con la modificación de la ley de 1998 España se incorporará al grupo de Estados a la cabeza de la comunidad internacional en la aplicación de la Convención sobre las municiones en racimo aprobada el 30 de mayo de 2008.