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El Gobierno simula que la ley del aborto sigue en pie para proteger a Gallardón

Los grupos parlamentarios desmienten que el PP se haya dirigido a ellos para hablar sobre el proyecto de ley

La vicepresidenta se niega a confirmar que la reforma esté congelada y se aferra a que el consenso "no es sencillo"

Este viernes expiró el último plazo prometido por Gallardón, después de numerosos aplazamientos

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Sáenz de Santamaría junto a Gallardón en una imagen de archivo

El proyecto de ley que aspira a reformar la ley del aborto se ha quedado en un limbo. Este viernes se cumplió el plazo que su principal impulsor, Alberto Ruiz-Gallardón, se había fijado después de numerosos aplazamientos. La última vez que el ministro de Justicia se comprometió con un plazo, aseguró que el visto bueno al proyecto de ley llegaría "antes de que acabe el verano", es decir, esta semana. Pero la vicepresidenta no ha querido reconocer que el Gobierno ha dado su brazo a torcer para no desautorizar explícitamente a Gallardón y ha insistido en que el Ejecutivo "sigue trabajando por el consenso".

La número dos del Gobierno, que ha pasado por ser el principal freno del proyecto, no ha querido aclarar si la reforma va a morir sin ser enterrada y va a quedarse en un proyecto de ley que ni siquiera ha logrado llegar al Parlamento. Lograr el consenso, ha reconocido al término del Consejo de Ministros, "no es sencillo" dada "su gran sensibilidad social". Pero la búsqueda de ese consenso parece ser, de momento, una excusa. El resto de partidos, salvo UPN y parte de CiU, se oponen con firmeza a la reforma y desmienten que desde el PP o el Gobierno se les hayan acercado para intentar negociar una nueva redacción.

Hasta ahora, José Ignacio Wert ha sido el único miembro del Gabinete que ha admitido que el Gobierno no sabe muy bien qué hacer con una promesa electoral que se ha convertido en un dolor de cabeza y les distancia hasta de su propio electorado. El ministro de Educación confesó este jueves que el Ejecutivo "ha abierto un periodo de reflexión" sobre la cuestión y señaló que no sería "totalmente desorientado" esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso a la ley socialista que presentó el PP cuando estaba en la oposición. Que el responsable de redactar la ponencia sea el magistrado Andrés Ollero, que como miembro del Opus Dei, nunca ha ocultado que es contrario al aborto, puede solucionar el problema.

Sin noticias del Gobierno

PSOE, la Izquierda Plural y UPyD no han recibido ninguna llamada para iniciar negociaciones. "Quizás busquen el contacto en las próximas semanas, pero hasta hoy no", afirman fuentes de la formación que lidera Rosa Díez. IU se muestra más escéptica: "Tampoco se espera". De hecho, la coalición de izquierdas exige al Gobierno que explique si definitivamente aparcará la reforma. La Izquierda Plural defenderá este miércoles en el Congreso una interpelación urgente sobre el último atraso de la aprobación del anteproyecto.

"Recientemente no", responden fuentes del PNV a la pregunta de si el Gobierno se ha acercado a hablar del asunto. Los nacionalistas vascos se sorprendieron al leer en la prensa que la formación podría ser una de las que mostrara su apoyo a la reforma del PP. "Nunca ha podido haber una puerta abierta o semiabierta", aseguran esas fuentes, que recuerdan que el PNV votó a favor de la ley de plazos vigente, con la que están "de acuerdo".

CiU, que es otra de las formaciones con las que el Gobierno podría contar para lograr sus pretensiones, tampoco tiene constancia de que se hayan dado pasos para negociar. Los conservadores saben que en CiU tienen dos tipos de interlocutores: los de Unió, que tienen una postura más acorde a los postulados de Gallardón; y los de Convergència, con quienes lo tienen más difícil.

La falta de acercamiento del Gobierno a los grupos sólo deja la puerta abierta a que "el consenso" del que habla Sáenz de Santamaría se refiera a grupos sociales. No obstante, organizaciones de mujeres solicitaron una reunión a Justicia para tratar la reforma del aborto nada más conocer que se iba a producir. El encuentro tuvo lugar hace casi un año y, a pesar de que pidieron abrir un diálogo continuo para la redacción de la ley, el secretario de Estado, Fernando Román, les comunicó que todavía no había comenzado la redacción del proyecto. El departamento de Justicia ya reconoció entonces que existía debate en el propio Consejo de Ministros.

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