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El PSOE pide que Gallardón dé la cara en el Senado por los niños robados

Las asociaciones afectadas denuncian la "inacción" de las instituciones gobernadas por el PP y las trabas para investigar en archivos, hospitales, iglesias, juzgados y ayuntamientos

Representantes de estos colectivos quieren a su vez iniciar la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para su debate en el Parlamento

500 Familias andaluzas, víctimas de bebés robados, buscan amparo en Europa

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Los senadores socialistas Maru Menéndez, de Madrid, y Tontxu Rodríguez, del País Vasco, se han reunido esta semana con varias asociaciones de afectados por las desapariciones de bebés ocurridas durante la dictadura franquista y en años posteriores, para escuchar sus demandas y quejas ante la lentitud que aprecian por parte de las instituciones gobernadas por el PP frente a este drama.

En ese encuentro, los representantes de los colectivos Adelante Bebés Robados; Todos los niños son también mis niños, Anadir, SOS Bebés Robados y Colectivos sin Identidad, pusieron sobre la mesa los numerosos problemas con los que se siguen encontrando para investigar el paradero de los niños robados, como el archivo de los casos en las fiscalías y las dificultades que les ponen cuando pretenden acceder a los archivos de los hospitales, iglesias, juzgados y ayuntamientos.

La preocupación por esa situación fue compartida por ambos senadores socialistas, que se comprometieron a impulsar en la Cámara alta iniciativas para que el Gobierno del PP tome nota del asunto. De hecho, según adelantaron fuentes del grupo socialista a eldiario.es, les aseguraron que pedirán la comparecencia de Ruiz Gallardón en la Comisión de Justicia del Senado y presentarán además al ministro una interpelación, con su consiguiente moción, para que explique qué medidas va a tomar para agilizar los trámites y las investigaciones que hay en curso, así como para reabrir las causas archivadas.

A su vez, los representantes de estos colectivos anunciaron su intención de iniciar la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la cuestión se someta a debate en el Parlamento.

En febrero de 2013 el ministro Gallardón inauguró la Oficina de Atención a las Víctimas de Niños Robados, situada en número 8 de la calle de la Bolsa de Madrid. Con ella colaboran el Ministerio de Justicia, el del Interior, el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado.

Según los datos facilitados por este servicio que dirige Carmen de Troya, durante su primer año de funcionamiento un total de 476 personas han recurrido a él para intentar aclarar el paradero de bebés supuestamente sustraídos. La Comunidad de Madrid, con 162 casos, es la que ha registrado el mayor índice de expedientes, seguida de Cataluña con 31, Canarias con 23 y Andalucía con 18. En cambio, en Asturias, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla no se ha registrado ningún caso en este primer año de funcionamiento de la oficina.

Sin embargo, los colectivos de ayuda a estas víctimas, sin menospreciar la labor de la Oficina, creen que es “insuficiente”. Por este motivo, piden que se cree una comisión de trabajo de carácter permanente que se encargue de reabrir los casos que han sido archivados y que atienda los numerosos problemas que siguen teniendo. Entre ellos, el hecho de que las pruebas de ADN tengan que ser costeadas por las propias víctimas, o las numerosas trabas burocráticas que deben afrontar para realizar exhumaciones.  

“Las víctimas de estos dramas que traspasan las fronteras españolas no buscan reparaciones económicas. Simplemente pretenden lograr una reparación moral porque tienen derecho a saber la verdad”, afirman los senadores socialistas que recibieron a estos colectivos. 

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