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La Policía detiene a los españoles acusados de extorsionar a Assange con información confidencial

Julian Assange, fotografiado cuando fue detenido.

Marcos Pinheiro

La Policía ha detenido este jueves a José Martín Santos, alias 'Pepe', y a un segundo ciudadano español en el marco de la investigación abierta por un juzgado de Madrid por la presunta trama de extorsión contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Los dos detenidos han sido puestos en libertad después de declarar.

La investigación comenzó el pasado 2 de abril a raíz de la denuncia que presentó Kristinn Hrafnsson, director de Wikileaks, tras encontrarse en Madrid con unos ciudadanos españoles que le habían pedido tres millones de euros por información privada de Assange obtenida por la embajada de Ecuador en Londres.

Entre los archivos había vídeos del fundador de Wikileaks en zonas privadas de la embajada, audios de sus reuniones, fotografías de informes de sus abogados, emails o copias de documentos de identidad de quienes habían visitado a Assange. Ese mismo día, Hrafnsson presentó una denuncia que se investiga bajo secreto en el juzgado número 8 de Madrid. Por ahí han pasado este viernes los dos detenidos para declarar.

'Pepe', el principal investigado, es el propietario de Agencia6, la empresa que ha tratado de vender esa información. En conversación con eldiario.es, acusó al director de Wikileaks de haberles robado documentación: “Este señor es un terrorista de la información, a nosotros nos han dejado como unos mafias”. Asegura que trataron de colaborar con la embajada para demostrar los problemas de seguridad que había.

Wikileaks presentó hace unos días una querella en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Ahora ese tribunal tendrá que decidir si asume la investigación, porque la defensa de Assange -ejercida por el despacho de Baltasar Garzón- que es su competencia al haberse producido delitos en el extranjero.

La querella deja claro que el Gobierno de Ecuador vigiló los movimientos de Assange en su embajada de Londres. Primero a través de las cámaras instaladas por UC Global, la empresa que supuestamente se encargaba de protegerlo. Después, con la compañía ecuatoriana Promsecurity, que registró también el audio de sus conversaciones privadas, incluidas las que mantuvo con sus abogados.

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