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El Gobierno interviene las cuentas de Cataluña para evitar desvíos al 1-O

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El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.

El Gobierno ha aprobado hoy un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como "novedoso" y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.

"El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales", ha dicho Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.

De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.

Montoro ha dicho que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos "se sigan negando a cumplir la ley".

"No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.

Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado hoy a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

El Gobierno, según un comunicado de Hacienda, también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.

El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de la próxima semana, según Montoro.

"Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar e intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha señalado el ministro en alusión a Puigdemont.

Montoro ha dejado claro que, con este mecanismo, el Gobierno establece "la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado", ante la "incertidumbre" que está generando el proceso independentista.

Ha recalcado que está "en juego" el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.

El Gobierno ha adoptado este mecanismo de control de pago después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara ayer una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre.

Montoro ha dicho hoy que Junqueras "se califica por sí mismo" con esa decisión y ha avanzado que su Ministerio ha puesto en manos de la Fiscalía la actuación de la interventora general de la Generalitat, por acatar la orden de "un superior situado fuera de la legalidad".

El Tribunal Supremo ha rechazado también hoy la petición de la Generalitat de que suspenda cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno central de informarle de sus gastos.

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