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El Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a pagar a la Universidad Rey Juan Carlos 34 millones
El Tribunal Supremo ha obligado a la Comunidad de Madrid a pagar un total de 34 millones de euros a la Universidad Rey Juan Carlos, debido a que el Gobierno madrileño incumplió sus compromisos de financiación a las universidades públicas contraídos en diciembre de 2006.
En concreto, el incumplimiento se refiere a los compromisos firmados por Esperanza Aguirre en 2006, antes de la crisis económica, y recogidos en el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas (2007-2011) y el Plan de Financiación (2006-2010).
El Supremo ya obligó en 2013 a la Comunidad de Madrid a pagar a la Universidad Complutense 36 millones de euros por la misma razón aplicada ahora y hará lo mismo, previsiblemente, respecto a otras cuatro universidades afectadas por los mismos planes.
En su sentencia de hoy el alto tribunal considera probado que, como reclamaba la Rey Juan Carlos, que acudió ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no aceptara sus argumentos, efectivamente la Comunidad de Madrid actuó de modo indebido.
El alto tribunal cuantifica los compromisos incumplidos por la Comunidad de Madrid en, por un lado, más de veintidós millones de euros (22.197.877 euros) por lo que respecta al Plan de Inversiones y, por otro, en más de doce millones de euros (12.220.961 euros), en lo que afecta al Plan de Financiación.
La Comunidad de Madrid eliminó de sus presupuestos esos compromisos de pago a partir de la crisis económica, pero el alto tribunal considera que las previsiones de los citados planes no pueden quedar supeditadas a los presupuestos.
La sentencia divulgada hoy recuerda cómo en diciembre de 2006 la Presidenta de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre, en aquel momento) y los rectores de las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos firmaron el citado plan, reforzado después con el compromiso de financiación.
En su sentencia, el tribunal recupera su doctrina según la cual los citados planes tienen una naturaleza jurídica de la que deriva su obligado cumplimiento al margen de los presupuestos.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) consiguió en marzo y abril de 2013, en dos sentencias que son anteriores de la fallada ahora respecto a la Rey Juan Carlos, un total de 36 millones de euros que le debía abonar la Consejería de Educación.
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