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El Supremo archiva la causa contra Gallardón por el indulto a un conductor kamikaze

El Tribunal se abstiene del procedimiento iniciado a raíz de una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias atribuida al ministro por el indulto al kamikaze que acabó con la vida de otro conductor

El PSOE le dice a Gallardón "siempre que hay lío con un tesorero del PP está usted ahí"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

El Tribunal Supremo ha decidido abstenerse y archivar las actuaciones abiertas contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a raíz de una denuncia presentada tras el indulto que el Gobierno concedió a un conductor kamikaze condenado por el homicidio de otro conductor.

El Supremo no encuentra "ílicito penal alguno" para seguir adelante con la denuncia por prevaricación y tráfico de influencias que presentó el partido Soberanía de la Razón. El tribunal recuerda que la prerrogativa de gracia es propia del Ejecutivo en la forma en que la ejerció y que en este caso se cumplieron todos y cada uno de los trámites previstos en las leyes.

En su escrito, la organización denunciante explicaba que se trata de un "indulto aberrante" dado que la petición procedía del despacho Uría Ménendez en el que trabaja un hijo del ministro y, además, la defensa del condenado la asumió Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP.

El Ministerio de Justicia reconoció en su día que el primogénito de Gallardón trabaja en dicho bufete, pero defendió que no tenía relación con el caso porque se trata de un despacho muy grande, donde trabajan más de 500 abogados y que tiene 15 oficinas en todo el mundo.

En relación con el indulto, el departamento de Gallardón admitió que tenía en contra los informes del tribunal y la Fiscalía, pero señaló que el Gobierno tuvo en cuenta otros informes favorables al indulto como el de la prisión y otros informes médicos.

El Gobierno aprobó el 7 de diciembre, previa tramitación por el ministerio de Justicia, el indulto para el conductor kamikaze que había sido condenado a 13 años de prisión por, según la Justicia, provocar la muerte de otro conductor y causar heridas a su acompañante después de conducir cinco kilómetros en sentido contrario por la A-7 en Valencia.

El ministro del Interior, responsable último de la Dirección General de Tráfico, mostró su malestar con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros al calificar el caso del 'kamikaze' indultado como "excepcional" y puso de manifiesto que "en el futuro" el Ejecutivo tendría "que estar más atento a algunas cuestiones".

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