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El Supremo de Guatemala autoriza al Congreso evaluar el retiro de la inmunidad a una ministra
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió hoy dar trámite a una denuncia por corrupción en contra de la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, por lo que el Congreso deberá evaluar si le retira la inmunidad a la funcionaria.
El presidente del Supremo, Josué Felipe Baquiax, explicó, en una conferencia de prensa, que avalaron el proceso de antejuicio o despojo de la inmunidad para Martínez, por, supuestamente, permitir la limpieza de un lago al sur de la Ciudad de Guatemala sin tener un estudio de impacto ambiental.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladará el expediente al Congreso de Guatemala, que integrará una comisión investigadora para determinar si existen suficientes pruebas en contra de la ministra.
La comisión investigadora dará su dictamen al pleno de diputados, quienes finalmente votarán para decidir si le retiran la inmunidad a Martínez y permiten que una corte penal investigue el caso.
El antejuicio fue solicitado ante el MP el 23 de marzo pasado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), por la supuesta ausencia de un estudio de impacto ambiental en un millonario contrato para limpiar el contaminado Lago de Amatitlán.
El 30 de marzo pasado, la entonces vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, anunció la suspensión de la limpieza del lago tras las críticas recibidas por científicos y universidades que se oponen a la aspersión de un químico en esa cuenca.
La demanda de CALAS también incluía a Baldetti, quien renunció a su cargo el pasado viernes para enfrentar una investigación por un caso de corrupción estatal en las aduanas y en el ente recaudador de impuestos en el país.
De acuerdo con la organización ambiental, las dos funcionarias incurrieron en delito al no realizar un estudio de impacto ambiental para otorgar contratos de saneamiento a la empresa israelí Tarcic Engineering, por unos 137,8 millones de quetzales (unos 18,03 millones de dólares).
Científicos guatemaltecos de diversas universidades públicas y privadas y de otras partes del mundo expresaron a través de un comunicado emitido en marzo su “desacuerdo” con el producto que el Gobierno local adquirió para la limpieza del lago.
La empresa israelí ya recibió el pago de 2,8 millones de dólares (22 millones de quetzales), según fuentes oficiales.
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