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Torra ya tiene su juicio

Torra ya tiene su juicio

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde este lunes se le juzga por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. EFE

No ha tenido el baño de masas que se dio un Artur Mas juzgado por el 9N ni la intrépida huida con que Carles Puigdemont logró burlar al Tribunal Supremo, pero Quim Torra, 131º presidente de la Generalitat, tiene ya su juicio por negarse a retirar un lazo amarillo que, meses después, no cuelga del Palau.

En apenas siete horas ha ventilado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio por desobediencia contra Torra, primer presidente catalán en activo que se sienta en el banquillo desde la democracia y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el 'procés'.

El motivo: no cumplir con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos en vísperas de la campaña del 28A. O, mejor dicho, acatarla aunque fuera del plazo que el árbitro electoral le marcó en un ultimátum.

Tras apelar sin éxito la resolución de la JEC y querellarse por prevaricación contra sus miembros, Quim Torra acabó quitando la pancarta con el lazo del Palau de la Generalitat cuando los Mossos d'Esquadra habían recibido ya el requerimiento para hacerlo y después de que otras consellerías decidieran cumplir la orden.

Mucho ha llovido desde ese mes de marzo en que Torra quiso echarle un pulso a la Junta Electoral, cuando la máxima provocación que se esperaba de las instituciones catalanas a las decisiones de la justicia española, con el juicio del 'procés' en marcha, se circunscribía a la batalla de los símbolos.

El calendario judicial ha querido que Torra llegue a juicio centenares de barricadas más tarde, con los líderes del 'procés' condenados a penas de hasta trece años de cárcel y multitud de imágenes de los Mossos d'Esquadra dispersando protestas independentistas a golpe de porra y disparando proyectiles de "foam", que han acabado con decenas de manifestantes en la cárcel.

En la calle, el presidente catalán ha estado arropado por su Govern y los manifestantes convocados por las entidades soberanistas, pero lejos del olor de multitudes con el que, hace tan solo dos años, Artur Mas subió las escaleras de la sede del TSJC para afrontar su juicio por organizar la consulta independentista del 9N, prolegómeno del referéndum del 1-O que ha costado la cárcel al Govern que le sucedió.

Torra, que en su día no recurrió la decisión del TSJC de investigarlo, apenas se ha esforzado en propiciar su absolución ante la sala: ha reconocido, desafiante, que desoyó la orden de la Junta Electoral porque no es un órgano al que un presidente de la Generalitat deba obediencia.

Tras su declaración, la acusación popular de Vox ha renunciado a seis de los testigos que había propuesto, en un juicio en el que probar los hechos está de más, puesto que transcurrieron, del primero al último, a la luz pública.

La vista, eso sí, ha dado a Torra la oportunidad de defender los lazos amarillos como símbolo fruto del "consenso" de la sociedad catalana ante el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, dos de los miembros de la cúpula judicial catalana que el año pasado abandonaron un acto público incomodados por un discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, que aludía a los "presos políticos".

Y de reconvertir el alegato final ante el tribunal en un despliegue de proclamas políticas -con referencias a George Washington, Josep Irla o Mercè Rodoreda y un "Visca Catalunya lliure" como colofón-, con las que se ha erigido en víctima de un juicio dirigido a doblegar la voluntad del Parlament para apartarlo de la Presidencia.

Quim Torra, nombrado presidente de la Generalitat tras las investiduras fallidas de Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez, se juega en este juicio su inhabilitación política, suspensión que no podría ejecutarse hasta que la sentencia devenga firme. Y el Supremo suele tardar un año en resolver los recursos por desobediencia.

Mientras tanto, Torra regresa esta tarde a un Palau de la Generalitat cuyo balcón ya no luce lazos: desde el pasado 27 de septiembre cuelga una pancarta, en color blanco, con el lema "Libertad de Opinión y de Expresión", después de que un auto del TSJC ordenara retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos por el "deber de objetividad" que debe mantener el edificio, siempre, no solo en período electoral.

Rossi García Avila

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