La política empieza a poner freno a las casas de apuestas: menos licencias y lejos de los institutos

La política comienza a reaccionar ante las casas de apuestas. Ha empezado a tomar nota y aprobar normas restrictivas ante la alarma social provocada por la proliferación de estos locales -ubicados especialmente en barrios obreros-, sin limitación de distancia entre ellos e incluso en las inmediaciones de centros educativos, así como la agresiva publicidad de este tipo de actividad.

Dos ejecutivos regionales de distinto signo político han aprobado esta misma semana iniciativas que buscan endurecer su regulación ante el peligro que la multiplicación de los locales de apuestas presenta principalmente para los más jóvenes, tal y como vienen alertando las asociaciones de ayuda a jugadores rehabilitados, colectivos de padres e instituciones como el Defensor del Pueblo. Se suman así a otras ocho autonomías que han adoptado medidas similares en el último año.

El debate regulatorio ha llegado en un momento de gran expansión del sector. En su último informe, la patronal Cejuego subraya el “ciclo de crecimiento” de las apuestas presenciales, el juego online y los salones de juego, cuyo número no para de crecer en España y ya supera los 3.500 locales. Se trata también de un mercado cada vez más concentrado en el que menos de una decena de operadores con alianzas entre ellos manejan casi todos los hilos.

Estos establecimientos han doblado prácticamente su facturación en el último lustro, alcanzando al cierre de 2018 los 847,8 millones de euros, según datos de Cejuego. En 2013, su margen fue de 462,0 millones. Los locales de apuestas no son, sin embargo, el principal negocio de las empresas del sector del juego privado, que sigue obteniendo sus principales ingresos con las tradicionales tragaperras: 2.614,9 millones de euros en 2018.

Iniciativas políticas

Los últimos ejecutivos regionales en establecer limitaciones a los salones de juego son el de la Comunidad de Madrid (PP-Ciudadanos), que ha suspendido la concesión de nuevas licencias de apertura de este tipo de establecimientos hasta la aprobación de un nuevo decreto de planificación; y el de Cantabria (PRC-PSOE), que ha establecido una distancia mínima de 500 metros entre salones de juego y colegios e institutos. Hasta que acabe el año abrirán en Madrid 41 locales más, hasta un total de 719, porque la prohibición temporal no afecta a las solicitudes en tramitación.

Asturias, Galicia, Navarra y Murcia también tienen suspendido la concesión de nuevas autorizaciones de apertura de estos locales y Aragón, Baleares, Extremadura y La Rioja han prohibido su apertura a determinada distancia de centros de enseñanza o de otros establecimientos de juego. A pesar de ser una competencia regional, el Ayuntamiento de Barcelona también reaccionó a su expansión suspendiendo el permiso de comunicados para hacer obras destinadas a la apertura o ampliación de este tipo de locales. Actualmente, hay 35 en toda la ciudad.

La cuestión estuvo presente también en la reciente campaña electoral e incluso se coló en el debate de candidatos a la presidencia del Gobierno cuando Pablo Iglesias aseguró que habría que “limitar de una vez” las casas de apuestas. De hecho, el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos incluye el compromiso de “controlar” la “extensión” de estos locales, si bien su regulación corresponde a las comunidades autónomas. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado varias iniciativas parlamentarias en este sentido en los últimos meses.

El Defensor del Pueblo pidió en un informe reciente la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación o, de no optarse por la prohibición completa, aumentar las franjas horarias en las que está prohibida. Fuentes del Ministerio de Hacienda, donde está integrada la Dirección General de la Ordenación del Juego, explican que hay que esperar a que haya un nuevo Gobierno para estudiar estas propuestas. “El Defensor del Pueblo propone diversos grados de restricción de la publicidad y habrá que ver cómo se plasma cuando haya un Gobierno plenamente operativo”, subrayan.

La alarma social ha hecho reaccionar incluso a Vox, que pasó de votar en contra de una iniciativa que pedía regular el juego en Andalucía a hacer campaña contra este tipo de locales en el barrio madrileño de Tetuán, donde está la calle con más establecimientos de juego de toda España. Su líder en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, publicó en sus redes sociales un vídeo pidiendo “regulación” precisamente las puertas de estos establecimientos.

Medidas “paliativas”

Las asociaciones de ayuda a jugadores creen que las medidas aprobadas recientemente son positivas aunque insuficientes y reclaman más políticas de prevención y sensibilización. Juan José Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), las considera directamente “paliativas” y pide perseguir a las empresas de juego online que lleven a cabo publicidad fraudulenta o engañosa.

“Estas empresas, muchas de ellas lobbies internacionales, presionan a la Administración y hacen que cale la idea del juego exclusivamente desde un punto de vista recaudatorio. Esto en ocasiones impide ver las consecuencias negativas de una actividad que se está convirtiendo en un gran problema contra la salud pública”, señala.

Lamas explica que la ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se están detectando perfiles de prevalencia a la baja en ciertas edades y en sectores vulnerables. Asegura que reciben cada vez más jóvenes solicitando ayuda que están en la veintena, cuando antes el perfil era de personas de entre 35 y 40, lo que él atribuye al auge de las apuestas deportivas que se realizan tanto online como en salones de juego.

Desde la patronal Cejuego, su director general Alejandro Landaluce, ve “prudente” y “aconsejable” la suspensión temporal de licencias hasta que haya una nueva planificación regulatoria de estos establecimientos, si bien reitera que tiene que haber “seguridad jurídica” para que la actividad de los locales ya abiertos pueda desarrollarse con normalidad y de forma “sostenible”.

En su último informe, sin embargo, la patronal asegura que la “baja calidad” de la normativa que se está aprobando afecta la viabilidad de un sector que “no ha dado problemas” y critica la “visión alarmista” desde la que se está enfocando esta actividad como un problema de adicción y de salud pública.