El aplazamiento de la comparecencia de Zapatero alarga el vía crucis del Gobierno
El calvario dura ya una semana y le quedan, al menos, tres más. El aplazamiento de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, prevista en principio para el 2 de junio y fijada ahora para dos semanas más tarde, alarga la agonía de un Ejecutivo atrapado entre la defensa pública de uno de sus principales referentes y la urgencia de que sea él mismo quien contribuya a aclarar cuanto antes las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama.
Desde el estallido del escándalo hace justo ocho días, en la Moncloa contienen la respiración a la espera de las explicaciones de Zapatero y ante el aluvión de informaciones sobre sus negocios privados, e incluso su vida familiar, procedentes del sumario del caso y de los informes de la UDEF. Para preparar su defensa a conciencia, el equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente este martes retrasar la citación del 2 de junio, una fecha a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político. Algo para lo que ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el 17 de junio.
“Da igual si nos gusta o no nos gusta, tenemos que respetar su estrategia de defensa”, se limitan a comentar en la Moncloa sobre el retraso de la comparecencia. Aunque el mensaje oficial no ha variado y asegura el Ejecutivo que Pedro Sánchez mantiene su respaldo al expresidente, los mensajes públicos empiezan a impregnarse de una cautela mayor a la del propio Sánchez cuando, hace una semana, defendió explícitamente a Zapatero. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, le contestó a Feijóo en la sesión de control. Una contundencia que sorprendió incluso entre algunos ocupantes de la propia bancada socialista.
Una semana después, y ante la crisis política desatada por el caso, todo el mundo mide sus palabras. El ministro Óscar López, muy cercano al expresidente, aseguró a preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros que mantiene la confianza en su inocencia, aunque trasladó cierta distancia al negar haber sido capaz de contactar con él durante la última semana. “Hace 26 años que conozco a Zapatero, confío en su inocencia. No he tenido oportunidad de hablar con él”.
Más escueta incluso fue la ministra portavoz, Elma Saiz, que apenas se movió del respeto a la justicia, a la presunción de inocencia y al legado político de su compañero de filas. “Este Gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Ahí está su legado incuestionable: avances en derechos, en igualdad. Pero no me voy a pronunciar sobre un procedimiento que está en marcha”.
Lo previsto es que este miércoles sí vuelva a pronunciarse en público sobre el caso Zapatero el presidente del Gobierno, que tiene prevista una rueda de prensa con turno de preguntas de los medios de comunicación durante su viaje oficial a Roma. Según las fuentes consultadas en su equipo, Pedro Sánchez mantendrá, salvo sorpresa, la postura ya defendida la semana pasada en el Congreso de respaldo explícito al expresidente, uno de sus principales apoyos políticos y personales desde las generales de 2023.
Sin embargo, y aunque todo el mundo en Moncloa y en Ferraz se cuida mucho de no pronunciarse ni en público ni en privado contra el expresidente, todas las alarmas se mantienen encendidas y nadie descarta a estas alturas que la situación se complique tanto en las próximas semanas como para que sea necesario un volantazo al que, por ahora, se resisten.
“No hay prueba documental”
“Con lo que sabemos a día de hoy, mantenemos nuestra postura: no hay prueba documental que corrobore la implicación del presidente Zapatero en ningún hecho delictivo. Entendemos que esto genera titulares y entendemos el interés mediático, pero el Gobierno tiene que adaptarse a los tiempos judiciales y ahora, la siguiente frontera temporal es el 17 de junio”, alegan desde el Ejecutivo.
En lo que sí redoblan su énfasis en la Moncloa es en defender el rescate de Plus Ultra, epicentro para la UDEF y el juez Calama del presunto tráfico de influencias de Zapatero. “El procedimiento fue impecable, transparente y riguroso. Se miró con lupa. No cabe arbitrariedad ni discrecionalidad porque se encarga un consejo gestor con técnicos de la SEPI que se mueven por criterios exclusivamente técnicos. Hubo un control exhaustivo, y no solo de la administración”, volvió a defender la ministra portavoz para subrayar la estrategia del Gobierno: proteger la acción del Consejo de Ministros de cara a complicaciones futuras y dejar la puerta abierta del recurso a los “comportamientos particulares” que ya sirvió para protegerse del escándalo de Santos Cerdán o José Luis Ábalos.
Lo que asumen en las filas socialistas es que hasta que el propio expresidente no se encargue de intentar tumbar las acusaciones que se ciernen sobre él, la iniciativa política del Ejecutivo se mantendrá absolutamente ahogada por los detalles del caso. Con Pedro Sánchez en el Vaticano de viaje oficial para preparar la visita del papa a España, el debate público nacional lo monopolizan las joyas de la pareja de Zapatero, la empresa de las hijas de Zapatero, los amigos de Zapatero o los pagadores de Zapatero. Un goteo de sobresaltos que en las últimas horas ha intentado taponar su portavoz autorizado, Luis Arroyo, un viejo conocido en las filas socialistas cuyas declaraciones públicas han generado cierta inquietud en algunos sectores del partido.