El principal investigador policial del caso Villarejo ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que el comisario se refería a Javier López Madrid como “cliente” en documentos incautados al policía durante su detención en noviembre de 2017. El inspector jefe de Asuntos Internos ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos efectuados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público y también diferencias, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo.
El inspector jefe Gonzalo Fraga ha declarado durante la segunda sesión del juicio a López Madrid, Villarejo y un socio de este, Rafael Redondo, que responden del delito de cohecho por la contratación del comisario por parte del empresario en el conflicto personal que mantenía con la doctora Elisa Pinto. La acusación popular solicita seis años para el empresario y el policía jubilado y cuatro para Redondo.
Fraga comparecía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no presenta acusación porque considera que no hay prueba del encargo. El fiscal, Jorge Andújar, ha preguntado al inspector jefe de Asuntos Internos si el supuesto encargo a Villarejo por parte de López Madrid respondía al “patrón común” de otros trabajos que realizó ilegalmente el comisario. El policía ha respondido que había “elementos, documentos” que coinciden, pero que faltan otros como los de presupuestos o acerda de los medios empleados para satisfacer el encargo que no han sido localidados por la Policía. Tampoco el “informe tipo” que elaboraba Villarejo al principio de su trabajo.
Sin embargo, ha admitido Fraga, se han encontrado “bastantes anotaciones” en relación con los hechos que se juzgan. Entre ellas ha destacado una anotación del 4 de septiembre de 2013, al día siguiente de que conste la primera reunión entre López Madrid y Villarejo, en el que este último escribe “10 a cuenta”. “Es la anotación más significativa”, ha declarado el inspector jefe a preguntas del fiscal Andújar.
A preguntas de la abogada de Pinto, que ejerce la acusación popular, el policía ha respondido afirmativamente a la pregunta de si Villarejo utilizaba la letra “K” para referirse en sus documentos a los clientes, lo que ocurre también con López Madrid. No se encontró el documento habitual de presupuesto donde se reflejaba esa cantidad “a cuenta”.
Juicio por la contratación
El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.
La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–.