La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez de todos los delitos por los que fue juzgado en el marco de la pieza sobre el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esta pieza el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción.
El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.
La Sala considera que no hay pruebas de cómo Villarejo obtuvo el tráfico de llamadas del espiado ni de que participara en la falsificación de documentos. Sobre el cohecho, el tribunal vuelve a defender que no se sirvió para el encargo de su condición de policía.
La Sala de Apelaciones, máxima instancia dentro de la Audiencia Nacional, ya rebajó considerablemente la condena a Villarejo en las tres primeras piezas juzgadas, en una sola vista todas ellas. De 19 años rebajó a 13 la condena. Algo similar ocurrió con los encargos de Repsol y Caixabank en los que la pena al comisario se quedaron en ocho años de cárcel. El Tribunal Supremo todavía no ha resuelto ningún recurso en relación con estas sentencias de la Audiencia Nacional.