La Audiencia Nacional pregunta a la Fiscalía si debe investigar a Netanyahu por la detención de un sargento español
El juez instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado abrir diligencias previas de investigación tras recibir la denuncia del partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. Como primer paso solicita a la Fiscalía que informe sobre si considera que ese tribunal especial es competente para investigar los hechos y le pide que se pronuncie sobre la idoneidad de las diligencias solicitadas que, entre otras, incluía la declaración del propio militar que fue retenido.
“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, indica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en su resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, para acto seguido apuntar que dado que no se ha determinado la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido es procedente instruir diligencias previas para decidir qué pasos dar.
Cabe recordar que Iustitia Europa incluía en su denuncia no solo a Netanyahu sino también al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, y a otros mandos y militares israelíes aún por identificar. Les imputa la comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que tuvo acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.
La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.
“Sometido a violencia física”
La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.
Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.
Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.
Tras describir lo acaecido, la formación indica en su denuncia que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de los hechos dado que son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional al respecto. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.
Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.
La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras. Sobre las mismas tendrá que pronunciarse la Fiscalía.
En un comunicado de ese partido, remitido tras conocerse la apertura de diligencias, se indica que ya han solicitado la personación como acusación popular en esas diligencias para impulsar activamente el procedimiento contra Netanyahu.
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