El bloqueo del PP obliga al Gobierno a decidir en dos semanas si renueva por su cuenta el Constitucional

La negativa de Alberto Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuerza a Pedro Sánchez a tomar una decisión en dos semanas: si sigue aguardando o si designa a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Ejecutivo sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces. En Moncloa aseguran que “no hay una decisión” tomada al respecto y se limitan a trasladar la presión al PP para que se avenga a pactar el Poder Judicial antes del 12 de junio, que es la fecha en la que caduca el mandato de los cuatro magistrados que ese organismo y Mariano Rajoy designaron hace nueve años. A esa presión se ha sumado el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha azuzado a Feijóo después de que el PP haya pospuesto cualquier conversación a después de las elecciones andaluzas.

La reforma legal que PSOE y Unidas Podemos impulsaron para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos mientras está en funciones –situación en la que se encuentra desde hace más de tres años con un mandato caducado que reproduce la composición de aquella mayoría absoluta del PP– se ha convertido ahora en un problema para la renovación del Tribunal Constitucional. En dos semanas expira el mandato del actual presidente, Pedro González-Trevijano, y de los magistrados Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. Tres de ellos pertenecen al sector conservador y el último al progresista. Sus sustitutos deben ser nombrados, mitad y mitad, por el Gobierno y el CGPJ.

Los magistrados del tribunal de garantías se nombran por tercios y existen dudas jurídicas –que han admitido incluso en el Gobierno– de que la designación de los dos puestos que le corresponde al Ejecutivo se puedan desligar de los que tiene que elegir el Poder Judicial. 

“El Gobierno puede proponer a los suyos cuando legalmente le corresponde, que es el 12 de junio, cuando cumplen su mandato de nueve años los nombrados por el Gobierno de Rajoy. Su propuesta no depende del CGPJ, y así ocurrió cuando se constituyó el TC, momento en que el gobierno de UCD nombró a sus magistrados sin esperar al CGPJ, que aún no había sido elegido. Lo que sucede es que el Pleno del TC tiene que acordar el 'placet' de los elegidos, y como tienen mayoría los conservadores es muy probable que no les permitan tomar posesión”, asegura una fuente que conoce bien los entresijos del tribunal.

Ninguna de las fuentes del Gobierno consultadas descarta, sin embargo, proponer ya los dos nombres que le corresponde designar para el Constitucional, aunque el argumentario oficial pasa por descargar toda la responsabilidad en el PP, que mantiene el bloqueo a la renovación del Poder Judicial. La otra opción es seguir esperando a que el principal partido de la oposición, cuyos votos en el Congreso son imprescindibles, decida llegar a un acuerdo. Por ahora, Feijóo ha paralizado las conversaciones que abrió con Moncloa el pasado abril, cuando se reunió con Sánchez al ser oficialmente proclamado presidente del partido. Reiniciar ese diálogo que ya camina hacia los cuatro años fue el único entendimiento al que llegaron. 

Desde aquella cita, Feijóo tardó casi 20 días en designar a uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, interlocutor con el Gobierno. Desde el PP se ha apuntado en los últimos días que ha habido algunos contactos y conversaciones con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al respecto. Pero todo se paralizó casi de inmediato. El PP dijo primero que todo lo hablado hasta entonces con la dirección de Pablo Casado, quien negociaba a través del consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, no valía y que había que reiniciar desde cero las conversaciones. Luego negó que se sintiera impelido a llegar a un acuerdo por la fecha tope del 12 de junio, cuando caduca el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional. Y, finalmente, pospuso el inicio de cualquier acercamiento al 19 de junio, fecha de las elecciones en Andalucía.

Así lo ratificó el pasado miércoles Feijóo al tomar posesión de su acta de senador por designación autonómica. El presidente del PP esgrimió toda suerte de incumplimientos y supuestos desvaríos por parte del Gobierno para justificarse. Acusó al Ejecutivo de “entregar el Estado” a los independentistas. O, como dijo el jueves, de “vivir de rodillas” para seguir en la Moncloa.

El gallego considera desde que dio el salto a liderar su partido que el “sanchismo” ha fagocitado al PSOE y que pone en riesgo la supervivencia de la propia nación española. Pese a todo, el 20 de junio, según sus propias palabras, el PP retomará las conversaciones con ese mismo Gobierno de coalición. Pero ya con las urnas andaluzas cerradas y los votos recontados. Entretanto, Vox presiona al PP para que no pacte nada con el PSOE.

La fecha tampoco es baladí del todo. El propio presidente del Supremo y, por tanto, del CGPJ, Carlos Lesmes, presionó la semana pasada al PP al señalar directamente a la responsabilidad de Feijóo para desbloquear el Poder Judicial “antes del verano”, una estación que comienza el 21 de junio. Las consecuencias judiciales por el bloqueo se dejan ya notar con problemas de organización en el Tribunal Supremo: la sala de gobierno que preside Lesmes ha hecho pública su preocupación por el posible colapso de varias de sus salas jurisdiccionales ante las vacantes por jubilación que no están siendo cubiertas.

elDiario.es ha intentado saber si Feijóo aprovechó para hablar con Lesmes sobre el asunto, pero las mismas fuentes se han limitado a señalar que no informan de “conversaciones privadas”. Este lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, preguntado al respecto ha señalado que es “mucho más importante que el Gobierno se tome en serio” la escalada de precios.

Importancia de una mayoría progresista

La posibilidad de una renovación de los bloques de magistrados correspondientes al Gobierno y al CGPJ por separado genera incertidumbre en el propio tribunal de garantías. Distintas fuentes consultadas en las últimas semanas por este periódico reconocen que no existen precedentes y plantean sus dudas sobre si es posible renovar por un lado a los dos magistrados que dependen del Gobierno sin que el Consejo General del Poder Judicial haga lo propio con sus dos puestos.

En los últimos años, diversas plazas han sido renovadas por separado del bloque correspondiente; pero porque han quedado vacantes, no por caducidad del mandato. Entre estas plazas que hay que renovar hay dos de especial importancia en la organización de la agenda del Constitucional: el presidente y el vicepresidente. 

Detrás de esta incógnita sobre la renovación de cuatro magistrados hay un sistema de equilibrios en el que el Gobierno se juega varios años de mayoría progresista o afrontar asuntos clave con una mayoría conservadora prolongada más allá de su mandato. Poder renovar en solitario a los dos magistrados conservadores, designados en la primera legislatura de Mariano Rajoy, se traduciría en una mayoría de siete magistrados del bloque progresista frente a cinco del bloque conservador a falta de poder renovar también a los que dependen del CGPJ.

Es un proceso que coincide con un momento delicado en el orden del día del tribunal de garantías y con un asunto marcado en rojo en su agenda: el recurso del PP contra la Ley del Aborto. Después de una década en el cajón, el nuevo ponente Enrique Arnaldo está elaborando un borrador y su objetivo es tenerlo listo para los primeros meses de verano, al margen de cuándo se lleve el asunto a pleno y cuando se llegue a un consenso para votar. Es decir, que es probable que dependiendo de cómo se produzca la renovación de estos cuatro magistrados el asunto del aborto sea estudiado por un Constitucional de mayoría progresista o de mayoría conservadora.

Más a largo plazo, hay otros asuntos de gran trascendencia social que serán estudiados por un Constitucional de composición incierta. Por ejemplo, los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá de Educación, el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, la Ley Riders y contra la Ley Rhodes de protección de la infancia o la accidentada votación de la reforma laboral. También, entre otros, el recurso de Podemos contra la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid o el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra su condena e inhabilitación como diputado.