Cifuentes pide hasta cinco años de cárcel para Raquel Ejerique e Ignacio Escolar
La querella con la que Cristina Cifuentes quiere enviar a la cárcel al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y a la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, toma como pruebas de sus supuestos delitos las notas que se han demostrado falsificadas y el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó como coartada para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
Con estos mimbres, la representación de legal de Cifuentes arma un escrito en el que concluye que debe aplicarse a los periodistas el tipo agravado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido, además, de forma continuada. La acusación aduce también que los periodistas de eldiario.es actuaron “con fines lucrativos” y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y 5 de cárcel.
La letrada Julia Covadonga firma la querella el 4 de abril de 2018, el mismo día que El Confidencial reveló que dos de las tres firmas del acta del TFM de Cifuentes estaban falsificadas. Para entonces, la presidenta de Madrid sabía que le habían fabricado el acta y que el rector, Javier Ramos, y el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, habían mentido durante una comparecencia pública a las horas de la exclusiva de eldiario.es sobre el máster, el mismo 21 de marzo anterior.
A pesar de ello, la querella contra los periodistas insiste en que Cifuentes “cursó el Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico” en la universidad pública Rey Juan Carlos durante el curso 2011/2012, “aprobando todas las asignaturas con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster”.
La querella que ha provocado la imputación de los periodistas de eldiario.es insiste en hechos ya demostrados falsos: “La totalidad de los créditos fueron superados durante el mencionado año académico, como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC”.
Como si nada hubiera ocurrido después de la exclusiva de eldiario.es, la querella se retrotrae al momento en que Cifuentes todavía defendía que sus dos “no presentado” convertidos en “notable” se debían a “un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático”.
La letrada opta por citar uno de los hechos que condenó políticamente a Cifuentes: la desafiante intervención en redes sociales advirtiendo de que iba a seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. “La propia señora Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook, etc… la noche del 21 de marzo, mismo día en el que se publicó el primero de los artículos”, insiste la letrada.
A pesar de ello, los periodistas de eldiario.es “continuaron difamando” con sus artículos y “manipulando una realidad que se tenía que acomodar a la gran calumnia de la falsificación de su título académico”, continúa la querella. Para la letrada, los datos académicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tales como las calificaciones o el pago de tasas, tienen un “carácter personal” y carecen del “interés general” que justificaría su difusión de acuerdo al ejercicio de la libertad de información.
“En periodismo no vale todo”
La querella asegura que los periodistas actuaron “cegados” por conseguir “una lucrativa exclusiva” y que en periodismo “no vale todo, como lo demuestra que el resto de periodistas y medios de comunicación no hayan desvelado ningún expediente académico por vías delictivas”.
La comparecencia del rector Ramos y de Álvarez Conde el 21 de marzo sirvió, dice, para dar “las explicaciones pertinentes sobre los hechos” y la querella cita un textual de los comparecientes: “La señora Cifuentes fue tratada como cualquier alumno y alumna de esta universidad”.
La querellante se indigna por el hecho de que eldiario.es no tuviera “en cuenta la información oficial de la URJC” y siguiera “publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido, y seguir accediendo, a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes”.
Ramos ha declarado ante la jueza del caso máster que cuando compareció ante los medios pensaba que los documentos eran verdaderos. Álvarez Conde no necesitó ni ir al juzgado, donde también ha comparecido, y en una entrevista concedida a Onda Cero dos días después de que Cifuentes presentara su querella reconoció haber impartido instrucciones para que se falsificara el acta del TFM por orden del rector.
eldiario.es quiere “desprestigiar” a la URJC
Una decena de personas están imputadas a día de hoy en el caso máster, entre ellas la profesora que falsificó la firma de sus dos compañeras de tribunal. Sin embargo, para Cifuentes, es eldiario.es quien está “imputando a todos los profesores delitos de prevaricación y falsedad”. “Parece un sistemático intento de descalificación y desprestigio de la URJC y del sistema educativo de dicha universidad”, añade sobre el trabajo periodístico de este medio.
A pesar de estas afirmaciones, el escrito asegura que “no se trata de callar a nadie”, en referencia al artículo del director de eldiario.es bajo el título Cifuentes no nos va a callar, publicado al conocerse la presentación de la querella. Es más, según la letrada, la querella no va contra el medio, a pesar de estar presentada contra su director y contra la autora de la información “sino contra quienes, entendemos, han allanado y vulnerado la legislación en materia de protección de datos de carácter personal”. “No se trata de un ataque contra la libertad de información ni contra el mensajero, sino más bien se trata de proteger derechos fundamentales de los que es titular, en este caso, mi representada”, añaden.
Escolar y Ejerique acudieron este jueves a la cita en el juzgado para recoger la querella presentada por Cifuentes y admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez. Ninguno de los dos pretendía, deja entrever la querella, cumplir con su obligación de informar, sino “lucrarse”.
De pasada, el escrito habla de otra iniciativa contra los periodistas, una segunda querella por injurias y calumnias que Cifuentes no ha presentado cuando ya se han cumplido tres meses de la exclusiva de eldiario.es. El escrito propone, por ahora, interrogar a los acusados, los dos periodistas más un profesor de la universidad al que identifica como la supuesta fuente, así como una pericial para conocer la “identidad del responsable del acceso” al expediente académico de Cifuentes en la base de datos de la URJC para entregárselo a los periodistas.
