La Constitución excluye el “mandato imperativo” que trata de imponer la gestora del PSOE
La gestora del PSOE quiere que los 84 diputados del grupo parlamentario socialista se abstengan en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para dejarle gobernar. El presidente de la dirección provisional, Javier Fernández, aseguró que la decisión adoptada por el Comité Federal constituye un “mandato” obligatorio para todos los parlamentarios.
Las normas internas del PSOE sustentan esa tesis. Los estatutos recogen en el artículo 76 que los “miembros del Grupo Parlamentario Federal del PSOE asumen y están obligados a acatar la declaración de principios y resoluciones aprobados en el Congreso Federal del Partido”. “Asimismo, en el ejercicio de sus funciones aplicarán las resoluciones y acuerdos adoptados expresamente por los órganos de dirección del Partido”, contempla el primer punto.
También el artículo 78 de ese documento obliga a los diputados a acatar la disciplina de voto. “Las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto”. Ese mismo apartado da a la dirección socialista la potestad de imponer sanciones a los incumplidores que, en último término, puede conllevar la expulsión del grupo parlamentario. No obstante, el reglamento del grupo socialista en el Congreso recoge una sanción económica un máximo de 600 euros para quienes no acaten la disciplina de voto.
Sin embargo, la Constitución excluye la posibilidad de que los partidos puedan obligar a sus diputados a someterse a la disciplina de voto. “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, sentencia el artículo 67.2 de la Carta Magna. La sinopsis de este artículo elaborado por un letrado de las Cortes para analizar ese artículo habla directamente de la “prohibición del mandato imperativo”, que justifica así: “En el ejercicio de su función representativa no cabe la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario”.
En una entrevista en eldiario.es, la diputada del PSOE Margarita Robles asegura que no acatará la decisión del Comité Federal porque el compromiso que adquirió con los votantes señalaba lo contrario: ir en contra de un gobierno de Rajoy. La magistrada es tajante y también se acoge a la Constitución para defender que el partido no puede imponerle una decisión: “La Constitución es muy clara cuando dice que los diputados no estamos sometidos a ningún mandato imperativo. No estoy sometida a ningún mandato más allá del de los militantes y votantes del PSOE”.
Robles no es la única parlamentaria del grupo socialista que asegura que rechazará a Rajoy. La aragonesa Susana Sumelzo, que formó parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, también se niega a acatar la decisión del Comité Federal así como Odón Elorza, de Izquierda Socialista. La orensana Rocío Frutos tampoco acatará la decisión adoptada este domingo, según La Voz de Galicia. La presidenta balear, Francina Armengol, no ha aclarado qué harán los dos representantes de su federación en el Congreso, pero aseguró que serían “coherentes” con lo defendido hasta ahora.
El PSC, a falta de la decisión definitiva que tomará este martes en una reunión del Consell Nacional, tiene previsto mantener el voto negativo. Esa situación ha motivado a distintos dirigentes a pedir una abstención mínima de once diputadas para evitar la fractura en la bancada socialista y a otros, como Josep Borrell o José Antonio Pérez Tapias, a pedir libertad de voto.
La gestora que preside Javier Fernández no tiene intención de cambiar de posición. Además, varios diputados que defendieron el no ya han anunciado que acatarán la decisión adoptada en el Comité Federal.
