Hace unos seis meses, no se hablaba de otra cosa que del “cupo separatista”. Los dirigentes del Partido Popular lo mencionaban todos los días. Un mecanismo privilegiado para Catalunya y parecido al Concierto Económico vasco y navarro. Otra victoria de los indepes. La ruptura de la caja común. “El cupo separatista atenta contra los pilares de la democracia”, anunció Elías Bendodo. “Montero es la arquitecta del cupo separatista”, dijo Juanma Moreno apuntando a la culpable. “El gran problema del cupo separatista está en seguir creando estructuras de Estado en Catalunya al margen de España”, avisó Ester Muñoz. Alberto Núñez Feijóo explicó hasta qué extremos de maldad se había llegado: “El Gobierno central prefiere el cupo separatista a las escuelas infantiles gratis”.
Por muy difícil que sea aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, ya hay una conclusión segura: los niños se han salvado. No habrá cupo separatista. En realidad, nunca se aprobó y eso que Feijóo prometió que una de las medidas de sus primeros cien días de gobierno sería abolirlo. Para todo lo demás, no se ha avanzado mucho. Uno de los factores más lamentables del sistema político español es que el modelo de financiación autonómica lleva caducado trece años. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, han sido incapaces de cumplir con el compromiso de renovarlo.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero ofreció a todas las comunidades autónomas una propuesta que en última instancia tendrá que votar el Congreso. En sus líneas generales, es la que pactó con Esquerra, pero no pudo hacerlo con Junts, con lo que las posibilidades de que salga adelante son ahora muy reducidas. El panorama parece el peor de los posibles para el Gobierno. Puede quedarse sin reforma y haber alimentado todo el discurso de la oposición con el que gana votos en buena parte del país con el argumento de que la izquierda está vendida a los catalanes.
La reunión del miércoles no sirvió de nada. A estas alturas, pensar que el PP vaya a aceptar firmar un acuerdo con el Gobierno sobre un asunto de gran importancia es tener la mente obnubilada por el consumo de estupefacientes. No va a ocurrir con independencia de las razones que se aleguen. Con el aliento de Vox en la nuca, no se puede permitir tales lujos. Los gobiernos autonómicos del PP lo aceptan, incluso aquellos que salen perjudicados con el sistema actual.
Para salir del embrollo de cambiar un sistema que ahora beneficia a unas comunidades y perjudica a otras, el Gobierno ha tirado de chequera, porque se lo puede permitir. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Cantabria sale injustamente beneficiada en estos momentos, pero no es realista pensar que su Gobierno acepte un cambio por el que obtenga menos dinero. Montero pone sobre la mesa 20.975 millones de euros más para que nadie pierda fondos con respecto a la situación anterior.
Montero dio otras cifras con el fin de vender su propuesta. El 70% de ese aumento acabará en las comunidades gobernadas por el PP. La región que recibirá más fondos extra será Andalucía con 4.846 millones. En ese punto, recordó que su presidente, Juanma Moreno, había pedido una inyección adicional de 4.000 millones. Debería estar contento. Pues no, está indignado. En términos porcentuales, la comunidad con mayor incremento es Murcia con un 20%. “Es falso que este modelo se haya ideado solo para contentar a Cataluña”, dijo la ministra de Hacienda.
¿Cuál es el plan concreto que presenta el PP? ¿Cuáles son sus números? Ninguno. Sostiene que lo de los números corresponde al Gobierno.
El argumento de los gobiernos del PP es que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral con todas las comunidades presentes. Se diría que los contactos bilaterales están prohibidos. Sus consejeros de Hacienda que hicieron declaraciones tras la reunión exigieron que se vuelva al “minuto uno”, que se empiece a negociar desde cero. “Este modelo no nos sirve porque viene ya precocinado”, dijo el conselleiro Miguel Corgos. Pero no está cerrado, porque Montero se abre a negociarlo en reuniones bilaterales –no tiene otra si quiere aprobarlo en el Congreso–, lo que no gusta al PP.
El PP denuncia una imposición para satisfacer las aspiraciones de los catalanes. Ellos hablan de los “separatistas”, aunque estos ya no gobiernan en Catalunya. El Gobierno responde diciendo que el nuevo modelo sería voluntario. Las comunidades podrían elegir quedarse con el actualmente existente (un desequilibrio difícil de encajar). La Comunidad Valenciana nunca haría algo así. Según todos los análisis, es la región más perjudicada por el reparto actual junto a Murcia.
Hace dos días, el consejero valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, dijo que el nuevo sistema “no pinta mal”. Como para no estar contento. El cambio ofrece a su comunidad 3.669 millones más al año. Ya no piensa igual y está alineado como un buen peón en la dirección que reclama Génova. “Es un chantaje de Montero, que se marcha a Andalucía (como candidata en las elecciones autonómicas) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña”, dijo el miércoles.
Si buscamos declaraciones más estrafalarias, solo tenemos que escuchar a la consejera andaluza de Hacienda que tiene ese nombre tan estupendo que es Carolina España Reina. Afirmó que el modelo de Montero es “dar champán y caviar al independentismo y al resto, el menú del día”. Te dan 4.846 millones más, una cantidad superior a la de Catalunya, y te quejas porque solo ves una sopa aguada y un filete más duro que la suela de un zapato.
Habrá quien haga unas risas con España –la consejera, no el país–, pero lo de su jefe también es llamativo. Por la noche, Moreno presentó el último libro de Mariano Rajoy y se deshizo en elogios: “Un hombre de Estado que buscó siempre lo mejor para España”. No tanto para su región. Rajoy no hizo ni el más mínimo intento de reformar el modelo de financiación autonómica cuando tenía mayoría absoluta a partir de 2011, un reparto que perjudicaba a Andalucía. Seguro que el expresidente nos diría que no hacer nada era lo mejor para España en ese momento, ya que siempre hizo mucho énfasis en las virtudes de la inactividad.
Lo más gravoso de la polémica para Montero es que solo tuvo el apoyo expreso de una comunidad, precisamente Catalunya, aunque no todas las restantes se opusieron con la misma dureza. Y lo peor es que un Gobierno socialista como el de Castilla La Mancha se alineó a la perfección con los argumentos del PP. El consejero del Gobierno de Emiliano García Page acusó a Montero de trasladar “el chantaje” de los independentistas a las comunidades autónomas.
En este punto, Page es indistinguible de la derecha. Habla de la “ruptura de la unidad de España”, dice que “los pobres seguirán siendo pobres” y desdeña al Tribunal Constitucional como último garante del sistema de financiación autonómica. En algunos momentos, es capaz de superar la retórica del PP: “En este país, puede terminar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont”. Será que también piensa que vivimos en una dictadura donde el Gobierno puede meter en prisión a quien le moleste, menos el líder de Junts, que vive en Bélgica porque le gusta su clima lluvioso.
La ironía final es que la nueva financiación autonómica que plantea Montero puede salir derrotada en el Congreso por el rechazo anunciado por Junts. “Ni el pacto nos da la llave de la caja, ni reduce el déficit fiscal ni comporta la ordinalidad”, recordó este mismo miércoles. La gran reforma para favorecer a los independentistas, con todo ese champán y caviar gratis, quedaría en nada por culpa de los independentistas. Si no tiene mucho sentido es porque casi nada lo tiene en la política española.