Un denunciante relata a la jueza un intento de destruir documentos de la colaboradora de Ayuso imputada

Pedro Águeda

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El exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez –Ciudadanos–, ha relatado este lunes en sede judicial cómo evitó que subordinados de Ana Millán en la Concejalía de Juventud destruyeran documentación del departamento en 2015, mientras se producía el cambio de gobierno municipal, según fuentes jurídicas. Ruipérez ha asegurado que al recibir información de lo que estaba ocurriendo envió a dos colaboradores, que salvaron todos los papeles que pudieron y que, tras el análisis de los mismos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. 

El juez investiga si una colaboradora de Ayuso disfrazó la mordida de un empresario como el pago de un alquiler

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Ruipérez ha comparecido como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, que investiga a la recién nombrada vicesecretaria de Organización Territorial del PP madrileño, Ana Millán, por haber cobrado presuntamente de un empresario adjudicatario del departamento que ella dirigió en una etapa anterior a la de ser alcaldesa de Arroyomolinos. 

Las dos personas que acudieron al despacho de Millán introdujeron la documentación en dos o tres bolsas de basura, según ha relatado el testigo, y una funcionaria las guardó bajo llave. Entre la documentación que encontraron había un correo electrónico en el que Millán reclama unos pagos atrasados a un empresario, origen de la presente investigación, según ha confirmado Ruipérez.

El equipo de Gobierno entrante, con Ruipérez a la cabeza, estudió la documentación y diez meses después de tomar el relevo en la Alcaldía remitió una denuncia a Anticorrupción por considerar que la gestión del anterior Gobierno del PP pudiera estar relacionada con el caso Púnica. Eso fue en 2016. En 2020, el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado local los hechos susceptibles de ser delito por no estar vinculados con la macrocausa de corrupción ligada al PP madrileño que se investiga en su juzgado. La UCO registró el antiguo despacho de Ana Millán en enero de 2022.

El magistrado José Luis García Marfil imputó a la alcaldesa después de que no quisiera declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que la había citado por los presuntos delitos de cohecho, fraude a la administración, malversación y blanqueo de capitales. Ahora se ha hecho cargo del juzgado su titular, Lidia Prada Zurdo. Recientemente, Millán ha recurrido la decisión de la jueza de dar traslado a la Guardia Civil de lo que la política declaró en el juzgado.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, y mientras era concejala de Juventud, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juzgado. Roselló también figura imputado en la causa. 

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. 

Por un alquiler con derecho a compra

En sede judicial, Ana Millán defendió que esos ingresos correspondían al pago de un alquiler por parte de la empresa de Roselló de un ático propiedad de la alcaldesa en el centro de la localidad. Millán aseguró en sede judicial que si recibió de Neverland casi el doble de su precio de mercado es porque el empresario estaba interesado en que el contrato incluyera un derecho a compra que finalmente no ejerció. 

Durante su declaración el pasado 22 de abril, Ana Millán le dijo al juez que era 'vox populi' que ella tenía un apartamento y que lo quería alquilar, por lo que cabía dentro de lo normal que un empresario vinculado al municipio lo supiera y estuviera interesado por él. Sin embargo, este lunes, Ruipérez ha dicho que no supo hasta 2014, mucho después, que Millán alquilaba ese ático, pese a ser durante años cargo del Ayuntamiento y jefe de Protección Civil de la localidad. 

Estaba previsto que este lunes declararan varios testigos más, entre ellos el marido de Ana Millán en relación con unos ingresos en metálico que la Guardia Civil encontró por parte de la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes encontraron 52.950 euros ingresados en efectivo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017. 

Ella explicó que su marido se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche”, que le entregaba cantidades para los gastos comunes y que a ella, que no le gusta tener dinero en casa, lo ingresaba en el banco. A continuación, el juez García Marfil citó a la pareja de Millán como testigo, aunque la acusación popular de Más Madrid ha pedido que cambie su condición a la de investigado. Esta declaración y el resto de las previstas se han suspendido por falta de acuse de recibo de las citaciones. 

El exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez –Ciudadanos–, ha relatado este lunes en sede judicial cómo evitó que subordinados de Ana Millán en la Concejalía de Juventud destruyeran documentación del departamento en 2015, mientras se producía el cambio de gobierno municipal, según fuentes jurídicas. Ruipérez ha asegurado que al recibir información de lo que estaba ocurriendo envió a dos colaboradores, que salvaron todos los papeles que pudieron y que, tras el análisis de los mismos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. 

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Las dos personas que acudieron al despacho de Millán introdujeron la documentación en dos o tres bolsas de basura, según ha relatado el testigo, y una funcionaria las guardó bajo llave. Entre la documentación que encontraron había un correo electrónico en el que Millán reclama unos pagos atrasados a un empresario, origen de la presente investigación, según ha confirmado Ruipérez.

El equipo de Gobierno entrante, con Ruipérez a la cabeza, estudió la documentación y diez meses después de tomar el relevo en la Alcaldía remitió una denuncia a Anticorrupción por considerar que la gestión del anterior Gobierno del PP pudiera estar relacionada con el caso Púnica. Eso fue en 2016. En 2020, el juez Manuel García Castellón envió a un juzgado local los hechos susceptibles de ser delito por no estar vinculados con la macrocausa de corrupción ligada al PP madrileño que se investiga en su juzgado. La UCO registró el antiguo despacho de Ana Millán en enero de 2022.

El magistrado José Luis García Marfil imputó a la alcaldesa después de que no quisiera declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que la había citado por los presuntos delitos de cohecho, fraude a la administración, malversación y blanqueo de capitales. Ahora se ha hecho cargo del juzgado su titular, Lidia Prada Zurdo. Recientemente, Millán ha recurrido la decisión de la jueza de dar traslado a la Guardia Civil de lo que la política declaró en el juzgado.

En cuatro años, entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, y mientras era concejala de Juventud, Ana Belén Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juzgado. Roselló también figura imputado en la causa. 

Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, según los datos que la UCO obtuvo de Hacienda. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce. 

Por un alquiler con derecho a compra

En sede judicial, Ana Millán defendió que esos ingresos correspondían al pago de un alquiler por parte de la empresa de Roselló de un ático propiedad de la alcaldesa en el centro de la localidad. Millán aseguró en sede judicial que si recibió de Neverland casi el doble de su precio de mercado es porque el empresario estaba interesado en que el contrato incluyera un derecho a compra que finalmente no ejerció. 

Durante su declaración el pasado 22 de abril, Ana Millán le dijo al juez que era 'vox populi' que ella tenía un apartamento y que lo quería alquilar, por lo que cabía dentro de lo normal que un empresario vinculado al municipio lo supiera y estuviera interesado por él. Sin embargo, este lunes, Ruipérez ha dicho que no supo hasta 2014, mucho después, que Millán alquilaba ese ático, pese a ser durante años cargo del Ayuntamiento y jefe de Protección Civil de la localidad. 

Estaba previsto que este lunes declararan varios testigos más, entre ellos el marido de Ana Millán en relación con unos ingresos en metálico que la Guardia Civil encontró por parte de la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes encontraron 52.950 euros ingresados en efectivo en su cuenta bancaria entre 2008 y 2017. 

Ella explicó que su marido se dedica a la hostelería y al “mundo de la noche”, que le entregaba cantidades para los gastos comunes y que a ella, que no le gusta tener dinero en casa, lo ingresaba en el banco. A continuación, el juez García Marfil citó a la pareja de Millán como testigo, aunque la acusación popular de Más Madrid ha pedido que cambie su condición a la de investigado. Esta declaración y el resto de las previstas se han suspendido por falta de acuse de recibo de las citaciones. 

El exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez –Ciudadanos–, ha relatado este lunes en sede judicial cómo evitó que subordinados de Ana Millán en la Concejalía de Juventud destruyeran documentación del departamento en 2015, mientras se producía el cambio de gobierno municipal, según fuentes jurídicas. Ruipérez ha asegurado que al recibir información de lo que estaba ocurriendo envió a dos colaboradores, que salvaron todos los papeles que pudieron y que, tras el análisis de los mismos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. 

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