España vuelve a llevar a la UE la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

El Gobierno ha vuelto a pedir que se lleve el asunto de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE para que se discuta en el consejo de Asuntos Generales, tras el veto que sufrió la iniciativa española el pasado año. La inclusión de los idiomas oficiales españoles en las instituciones europeas es uno de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, presidente de Junts, para su investidura.

El Gobierno se encuentra en estos momentos en plenas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con varias formaciones políticas, entre las que se encuentran Junts y ERC.

Fuentes diplomáticas han explicado a elDiario.es que se ha pedido incluir este punto en el consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre. La propuesta española se enmarca en el procedimiento de ampliación que ha iniciado la Unión Europea con países como Albania y Montenegro. Las mismas fuentes han comentado que con la ampliación de la UE se introducirán nuevas lenguas en el régimen lingüístico de la Unión Europea y no tendría sentido que se añadan nuevas lenguas como el montenegrino o el albanokosovar y se dejen fuera idiomas oficiales de países miembros como el catalán, el euskera y el gallego.

En julio de 2025, el Ejecutivo español ya intentó que este asunto entrase en el Consejo de Asuntos Generales que se celebraba en Bruselas el 18 de julio. Sin embargo, un grupo de países encabezado por Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, República Checa y Suecia se opusieron rotundamente a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Entonces, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas.

Tras la negativa, el Gobierno mostró su malestar y apuntó que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, había motivos políticos. Entre otras cosas porque entonces el Gobierno había hecho una nueva propuesta en la que dejaba más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

En aquellas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que la nueva iniciativa despejaba todas las dudas posibles, como que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Unión Europea.

El Gobierno dejó caer que el bloqueo obedecía a razones políticas dado que en esos países gobierna la derecha. Fue precisamente Junts el que señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo como responsable del fracaso de la oficialidad.

Solo Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre se mostraron abiertamente a favor de la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como leguas oficiales en la UE.

El Gobierno siempre ha sostenido en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, se presentó el caso español como singular con el planteamiento de requisitos como su uso oficial en el Congreso, entre otras cosas.