El Gobierno sugiere que hay motivos políticos en el veto de varios países a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE

El Gobierno ha mostrado malestar por la negativa que mantienen varios países de la UE a dar luz verde a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y ha sugerido que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, hay motivos políticos. España pidió de nuevo introducir el asunto en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales y la presidencia danesa decidió hacerlo únicamente como punto de debate al no ver avances para la votación, que requiere de la unanimidad de los 27, y que ya fue aplazada el pasado 27 de mayo por el rechazo de una decena de países. En la reunión celebrado este viernes, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y se “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas. El asunto sigue, por tanto, atascado.

El enfado del Gobierno se produce después de haber circulado una nueva propuesta en la que deja más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y también profundiza en los argumentos por los que considera que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la UE. Para el ministerio de José Manuel Albares, ese documento despeja todas las dudas posibles. Pero no es el criterio de varios países que se mantienen en el 'no'. Como reconoció la ministra danesa, a quien corresponde pilotar los debates, ha reconocido que sigue habiendo “preocupaciones presupuestarias y legales”: “Seguiremos el trabajo en el Consejo”.

“Nosotros ya hemos resuelto todas las dudas que nos han planteado. Si hay dudas nuevas, que las planteen”, ha expresado el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, antes de entrar en la reunión en Bruselas. “Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente”, ha acusado el secretario de Estado, que ha emplazado a los estados miembros a pedir a la Comisión Europea o el Consejo de la UE los informes legales o económicos que consideren necesarios. “Espero que lo tengamos listo, inminentemente, porque nosotros hablamos con la Comisión y la Comisión nos dice que han hecho todo lo que pueden hacer”, ha señalado en referencia al documento en el que cifró en 132 millones de euros los costes de la oficialidad de esos tres idiomas.

“Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones. Y no hay ningún argumento ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa”, ha reprochado Sampedro.

El compromiso del Gobierno se atasca en la UE

La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, que es un compromiso de investidura de Pedro Sánchez con Junts y ERC, sigue, por tanto, atascada en la UE. Alemania, Italia, Croacia, Austria, Suecia, Finlandia y República Checa son los países que se oponen con mayor claridad a la iniciativa por las dudas financieras y legales que les suscita, según argumentan. No obstante, el Gobierno cree que el bloqueo obedece a razones políticas dado que en esos países gobierna la derecha. Fue precisamente Junts el que señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo como responsable del fracaso de la oficialidad el pasado mes de mayo.

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha cuestionado el momento en el que España plantea este debate, cuando la UE está inmersa en temas como Ucrania o Israel. “Comprendemos que para la gente de España y para el multilingüismo y las tradiciones es muy importante. Pero el momento no es el correcto”, ha apuntado el dirigente que, en todo caso, apoyaría la petición. Francia se mantiene en la ambigúedad, pero ha reconocido que se tiene que seguir trabando en el ámbito presupuestario y jurídico para poder lograr el “consenso” para este asunto.

La ministra austríaca Claudia Plakolm ha argumentado su rechazo en “las preocupaciones jurídicas del Consejo”, cuyos servicios jurídicos consideran que, ampliar el catálogo de lenguas oficiales para dar cabida al catalán, el euskera y el gallego requeriría un cambios en los tratados de la UE: “Mientras no haya una propuesta sobre la mesa, en la que las preocupaciones legales, también las financieras, queden sin resolver, no se puede dar ningún consentimiento”. Suecia es otro de los países que se mantiene en el 'no'. A su salida de la reunión, la ministra de ese país ha asegurado que la discusión ha sido muy similar a la de hace un mes y medio y que “muchos países” han mostrado sus preocupaciones al respecto.

“Se trata de terminar con una discriminación. 20 millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países que también tienen las lenguas cooficiales”, ha argumentado el secretario de Estado, que se ha referido a los países que tienen varias lenguas que son oficiales en la UE.

El Gobierno sostiene en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el esukera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Y para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, ha presentado el caso español como singular, es decir, ha perimetrado los argumentos para otorgar la oficialidad a requisitos que sólo cumplen esas tres lenguas (como su uso oficial en el Parlamento español, entre otras cosas). En cuanto a las dudas económicas, España se compromete a correr con los gastos que supondría esa decisión.