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El espionaje de la policía política a Bárcenas: la corrupción que involucra al viejo y al nuevo PP

Ignacio Cosidó y Pablo Casado, en una imagen de archivo.

Pedro Águeda / Iñigo Aduriz

Las últimas revelaciones del caso Villarejo por el espionaje con fondos reservados a Luis Bárcenas apuntan directamente al Ministerio del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy y eso equivale a decir, por tanto, a destacados miembros de la actual Ejecutiva del PP.

El presidente del partido, Pablo Casado, despreció al resultar elegido las informaciones acerca de la Operación Catalunya y los vínculos del comisario José Manuel Villarejo con los antiguos responsables de Interior y se rodeó del exministro Jorge Fernández Díaz; del que fuera número dos de éste, Francisco Martínez; y del director de la Policía en tiempos de la brigada polítíca, Ignacio Cosidó.

Casado nombró en julio secretario de Interior y Libertades de su Comité Ejecutivo a Fernández Díaz; a Cosidó, portavoz del PP en el Senado; y a Martínez, portavoz de los populares en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

El exministro había apoyado en las primarias a Juan Ramón García Hernández en un principio, pero se pasó al bando de Casado cuando el primero quedó sin opciones. Cosidó fue fiel a su casi paisano de Palencia (nacido en Salamanca, el exdirector de la Policía tiene en la capital palentina a su familia) y Martínez es considerado un apoyo de la derrotada Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció siendo letrado de las Cortes. 

Una pieza secreta del caso Villarejo investiga el espionaje a la familia Bárcenas a través del entonces chófer de la familia, Sergio Ríos, quien habría cobrado de los fondos reservados durante dos años y al que luego se habría facilitado el ingreso en la Policía a la tardía edad de 42 años. Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía el comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó. 

En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario Villarejo. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de “Paco Bomba”.

Por su parte, el exministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.

En el caso de Cosidó, éste insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas y asegura que nunca habló con Villarejo. Esta misma semana ha asegurado que entre sus competencias al frente de la Policía no estaba la gestión de esos fondos y ha dicho que era “ajeno” al uso que se hizo de ellos. El actual portavoz del PP en el Senado estaba citado a la comisión de la financiación del PP en el Congreso para el pasado martes, junto a Fernández Díaz, pero sus comparecencias han sido aplazadas a la espera de la investigación judicial de la Operación Kitchen.

Ignacio Cosidó ocupa uno de los pocos puestos preciados que el recién nombrado presidente del PP podía reservar a sus fieles. El de líder en el Congreso estaba guardado para Dolors Montserrat, un peaje que le debía Casado a María Dolores de Cospedal por su apoyo en las primarias. El cargo de portavoz en el Senado esta vez no era poca cosa: no solo permite medirse al presidente del Gobierno en las sesiones de control, sino que supone estar al frente de la Cámara que el PP utiliza de ariete contra el Ejecutivo socialista, la única en la que conserva la mayoría absoluta.    

Ante estas revelaciones que apuntan a los departamentos que en abril de 2016 estaban en manos de Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó y Francisco Martínez el equipo de Pablo Casado opta por la cautela. Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por eldiario.es aseguran estar “cero preocupados” por el asunto, pero han evitado respaldar de forma explícita a esos tres compañeros de filas que actualmente siguen ocupando cargos de la más alta responsabilidad en la cúpula popular.

La preocupación de Rajoy

Génova advierte de que la consigna de Casado es “no pasar ni una” ante actitudes poco ejemplares de sus cargos políticos, por lo que las fuentes consultadas aseguran que si llega el momento en el que se demuestre la participación de alguno de esos u otros dirigentes populares en actividades ilícitas el líder del PP no tendrá ningún miramiento a la hora de “cortar manos” y destituirlos de sus cargos.

Miembros de los distintos ejecutivos de Mariano Rajoy explican a este diario que no les consta que el expresidente ni ningún integrante de su equipo esté preocupado porque la investigación pueda salpicarles. En cambio, dirigentes populares cercanos a Casado se lavan las manos y tratan de marcar distancias con el anterior gabinete cuando se les pregunta por si consideran que las revelaciones del caso pueden hacer daño a la imagen de renovación y limpieza que trata de proyectar el líder del PP: “eso es del anterior gobierno”, zanjan.

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