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Feijóo, el último senador por designación autonómica: las tretas para colocar en Madrid a políticos sin pasar por las urnas

Iñigo Aduriz

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El Senado se consideró durante años un “cementerio de elefantes”. Los grandes partidos –especialmente PSOE y PP– colocaban a expresidentes autonómicos, exdirigentes orgánicos o diputados veteranos para garantizarles un puesto de representación, un generoso salario y el aforamiento –los senadores solo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo– en los últimos años de sus vidas profesionales. Se trata, además, de una cámara de segunda lectura –la función legislativa la ostenta siempre el Congreso–, donde el trabajo es, por tanto, más reflexivo que el de la Cámara Baja.

Feijóo agita el Senado en su aterrizaje como jefe de la oposición "al sanchismo"

Saber más

Existe, además, una ventaja para poder realizar esos nombramientos de senadores sin la necesidad de pasar por las urnas: 57 de los 265 parlamentarios son designados por los parlamentos autonómicos, por lo que los partidos predominantes en esas cámaras regionales tienen asegurados varios puestos, que se reparten en función de la población de cada uno de los territorios.

Desde 2014, con la irrupción en la escena política española de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos y la consecuente merma de la representación de las grandes formaciones en los distintos parlamentos, estas últimas ya no utilizan ese sistema solo para dar trabajo a sus dirigentes más veteranos. Los sucesivos líderes de PP y PSOE convierten en senadores a los compañeros de filas que no logran representación en el Congreso, a los que se quiere dar una relevancia pública o para compensar los servicios prestados en etapas pasadas de cada uno de los partidos.

El jueves, la fórmula de designación autonómica la empleó el PP de Galicia para nombrar senador, a través del Parlamento gallego, a su nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Él no es diputado en el Congreso y, por tanto, no puede participar en los cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las sesiones de control al Ejecutivo. A partir de ahora sí podrá hacerlo en las del Senado. Feijóo prometió su cargo apenas unos minutos antes de que lo jurara su mano derecha en el PP de Galicia y, ahora, en la sede de la calle Génova, Miguel Tellado, colocado también en la Cámara Alta en busca de una visibilidad estatal.

El empadronamiento de Maroto en Sotosalbos

Hasta esta semana nunca había sido empleado ese método para tratar de dar voz al líder de uno de los grandes por no tener representación en el Congreso. El ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco era diputado cuando fue elegido secretario general del PSOE por segunda vez, en junio de 2017. Pero los socialistas no optaron por esta opción adoptada ahora por los populares y Sánchez ejerció de líder de la oposición durante un año, hasta la moción de censura que le ganó a Mariano Rajoy, en 2018, sin tener ningún tipo de representación parlamentaria, y por tanto, con dificultades de visibilidad al margen de las ruedas de prensa y los actos de partido.

Otro polémico caso de colocación de dirigentes en la Cámara Alta fue el del recién ratificado portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La treta ideada en su día por el PP de Pablo Casado para dar a uno de sus más fieles escuderos un cargo de representación fue cuestionada por el resto de los partidos. Víctima del fracaso del PP en las elecciones generales de 2019, al no conseguir ser diputado por su circunscripción, Álava, Casado buscó encaje al dirigente vasco ideando su empadronamiento en Castilla y León, en la localidad de Sotosalbos, y después hizo que la mayoría popular en las Cortes castellanas y leonesas lo eligiese senador por designación autonómica. Ha sido recientemente refrendado en el cargo por las Cortes castellanas y leonesas surgidas de las elecciones del pasado mes de febrero.

Esos movimientos dirigidos a dar cargos a compañeros de filas afines no son exclusivos de los populares. En mayo de 2019, la dirección del PSOE intentó colocar en el Senado al entonces líder del PSC y hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta, además con la idea de que fuese presidente de la Cámara Alta, siendo designado por el Parlament de Catalunya donde Iceta ejercía de portavoz de los socialistas. Pero aunque al PSC sí le correspondía la elección de uno de los senadores por designación autonómica las fuerzas independentistas con mayoría en la cámara catalana vetaron la elección de Iceta, frustrando las pretensiones de la dirección socialista de Pedro Sánchez. El PSC recurrió la decisión del Parlament ante el Tribunal Constitucional que el mes pasado le dio la razón en parte y dictaminó que la cámara autonómica vulneró los derechos de los socialistas por el sistema de votación empleado.

Un vistazo al hemiciclo evidencia como los grandes partidos siguen utilizando el Senado para colocar a dirigentes que en el pasado estuvieron en la primera línea política o a quienes se quiere premiar por su fidelidad al partido o al líder del momento. En la bancada socialista están, entre otros, el expresidente de la Comunitat Valenciana Joan Lerma o la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que fue la rival de Sánchez en las primarias que ganó el hoy presidente del Gobierno y a la que la dirección socialista colocó en la Cámara Alta a través del parlamento andaluz tras perder las primarias del PSOE en su comunidad, en junio 2021. En busca de una proyección estatal también fue designado senador por el Parlamento de Andalucía quien ganó esa pugna a Díaz, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones del próximo 19 de junio, Juan Espadas.

Arenas, Cosidó, Barreiro, Sánchez Camacho o Fabra

La bancada del PP está también llena de expresidentes autonómicos a los que las últimas direcciones han querido premiar por los servicios prestados dándoles un escaño en el Senado. Es el caso de la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi o el madrileño Pedro Rollán –presidente interino durante unos meses tras el salto de Ángel Garrido a Ciudadanos–. Otro histórico de la Cámara Alta es Javier Arenas, el eterno aspirante del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía que nunca logró el apoyo suficiente para gobernar mientras dirigió a los populares andaluces, entre 2004 y 2012, pero que mantiene el escaño en el Senado por designación autonómica prácticamente de forma consecutiva desde hace 14 años.

También lleva esos mismos años en la Cámara Alta José Manuel Barreiro, al que el PP gallego designó senador por el Parlamento de Galicia en 2008 justo dos años después de haberse enfrentado con el hoy líder del partido, Feijóo, por la presidencia de los populares gallegos para suceder a Manuel Fraga. Desde 2011 y hasta la llegada de Casado a la presidencia del partido Barreiro fue el portavoz del PP en la Cámara Alta al gozar de la plena confianza de otro gallego, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Le sucedió Ignacio Cosidó, al que el exlíder del PP colocó como la cabeza visible del partido en el Senado por designación autonómica de las Cortes de Castilla y León en compensación por su apoyo en las primarias de 2018 en las que Casado resultó ganador. Aguantó hasta julio de 2019, poco después de que se conociera el polémico mensaje de WhatsApp que Cosidó envió en un grupo de senadores cuando Casado y Sánchez acordaron el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se frustró precisamente por ese texto en el que se jactaba de que su partido había conseguido designar la presidencia de dicho órgano –en la persona de Manuel Marchena, que tras la filtración renunció–, algo que le permitía controlar “por detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que se encarga de asuntos de corrupción como los que han afectado al PP.

En esta legislatura el PP también ha premiado con escaños en el Senado sin pasar por las urnas a la exlíder del partido en Catalunya Alicia Sánchez Camacho, designada por la Asamblea de Madrid, o al expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra.

El Senado se consideró durante años un “cementerio de elefantes”. Los grandes partidos –especialmente PSOE y PP– colocaban a expresidentes autonómicos, exdirigentes orgánicos o diputados veteranos para garantizarles un puesto de representación, un generoso salario y el aforamiento –los senadores solo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo– en los últimos años de sus vidas profesionales. Se trata, además, de una cámara de segunda lectura –la función legislativa la ostenta siempre el Congreso–, donde el trabajo es, por tanto, más reflexivo que el de la Cámara Baja.

Feijóo agita el Senado en su aterrizaje como jefe de la oposición "al sanchismo"

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Existe, además, una ventaja para poder realizar esos nombramientos de senadores sin la necesidad de pasar por las urnas: 57 de los 265 parlamentarios son designados por los parlamentos autonómicos, por lo que los partidos predominantes en esas cámaras regionales tienen asegurados varios puestos, que se reparten en función de la población de cada uno de los territorios.

Desde 2014, con la irrupción en la escena política española de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos y la consecuente merma de la representación de las grandes formaciones en los distintos parlamentos, estas últimas ya no utilizan ese sistema solo para dar trabajo a sus dirigentes más veteranos. Los sucesivos líderes de PP y PSOE convierten en senadores a los compañeros de filas que no logran representación en el Congreso, a los que se quiere dar una relevancia pública o para compensar los servicios prestados en etapas pasadas de cada uno de los partidos.

El jueves, la fórmula de designación autonómica la empleó el PP de Galicia para nombrar senador, a través del Parlamento gallego, a su nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Él no es diputado en el Congreso y, por tanto, no puede participar en los cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las sesiones de control al Ejecutivo. A partir de ahora sí podrá hacerlo en las del Senado. Feijóo prometió su cargo apenas unos minutos antes de que lo jurara su mano derecha en el PP de Galicia y, ahora, en la sede de la calle Génova, Miguel Tellado, colocado también en la Cámara Alta en busca de una visibilidad estatal.

El empadronamiento de Maroto en Sotosalbos

Hasta esta semana nunca había sido empleado ese método para tratar de dar voz al líder de uno de los grandes por no tener representación en el Congreso. El ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco era diputado cuando fue elegido secretario general del PSOE por segunda vez, en junio de 2017. Pero los socialistas no optaron por esta opción adoptada ahora por los populares y Sánchez ejerció de líder de la oposición durante un año, hasta la moción de censura que le ganó a Mariano Rajoy, en 2018, sin tener ningún tipo de representación parlamentaria, y por tanto, con dificultades de visibilidad al margen de las ruedas de prensa y los actos de partido.

Otro polémico caso de colocación de dirigentes en la Cámara Alta fue el del recién ratificado portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La treta ideada en su día por el PP de Pablo Casado para dar a uno de sus más fieles escuderos un cargo de representación fue cuestionada por el resto de los partidos. Víctima del fracaso del PP en las elecciones generales de 2019, al no conseguir ser diputado por su circunscripción, Álava, Casado buscó encaje al dirigente vasco ideando su empadronamiento en Castilla y León, en la localidad de Sotosalbos, y después hizo que la mayoría popular en las Cortes castellanas y leonesas lo eligiese senador por designación autonómica. Ha sido recientemente refrendado en el cargo por las Cortes castellanas y leonesas surgidas de las elecciones del pasado mes de febrero.

Esos movimientos dirigidos a dar cargos a compañeros de filas afines no son exclusivos de los populares. En mayo de 2019, la dirección del PSOE intentó colocar en el Senado al entonces líder del PSC y hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta, además con la idea de que fuese presidente de la Cámara Alta, siendo designado por el Parlament de Catalunya donde Iceta ejercía de portavoz de los socialistas. Pero aunque al PSC sí le correspondía la elección de uno de los senadores por designación autonómica las fuerzas independentistas con mayoría en la cámara catalana vetaron la elección de Iceta, frustrando las pretensiones de la dirección socialista de Pedro Sánchez. El PSC recurrió la decisión del Parlament ante el Tribunal Constitucional que el mes pasado le dio la razón en parte y dictaminó que la cámara autonómica vulneró los derechos de los socialistas por el sistema de votación empleado.

Un vistazo al hemiciclo evidencia como los grandes partidos siguen utilizando el Senado para colocar a dirigentes que en el pasado estuvieron en la primera línea política o a quienes se quiere premiar por su fidelidad al partido o al líder del momento. En la bancada socialista están, entre otros, el expresidente de la Comunitat Valenciana Joan Lerma o la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que fue la rival de Sánchez en las primarias que ganó el hoy presidente del Gobierno y a la que la dirección socialista colocó en la Cámara Alta a través del parlamento andaluz tras perder las primarias del PSOE en su comunidad, en junio 2021. En busca de una proyección estatal también fue designado senador por el Parlamento de Andalucía quien ganó esa pugna a Díaz, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones del próximo 19 de junio, Juan Espadas.

Arenas, Cosidó, Barreiro, Sánchez Camacho o Fabra

La bancada del PP está también llena de expresidentes autonómicos a los que las últimas direcciones han querido premiar por los servicios prestados dándoles un escaño en el Senado. Es el caso de la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi o el madrileño Pedro Rollán –presidente interino durante unos meses tras el salto de Ángel Garrido a Ciudadanos–. Otro histórico de la Cámara Alta es Javier Arenas, el eterno aspirante del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía que nunca logró el apoyo suficiente para gobernar mientras dirigió a los populares andaluces, entre 2004 y 2012, pero que mantiene el escaño en el Senado por designación autonómica prácticamente de forma consecutiva desde hace 14 años.

También lleva esos mismos años en la Cámara Alta José Manuel Barreiro, al que el PP gallego designó senador por el Parlamento de Galicia en 2008 justo dos años después de haberse enfrentado con el hoy líder del partido, Feijóo, por la presidencia de los populares gallegos para suceder a Manuel Fraga. Desde 2011 y hasta la llegada de Casado a la presidencia del partido Barreiro fue el portavoz del PP en la Cámara Alta al gozar de la plena confianza de otro gallego, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Le sucedió Ignacio Cosidó, al que el exlíder del PP colocó como la cabeza visible del partido en el Senado por designación autonómica de las Cortes de Castilla y León en compensación por su apoyo en las primarias de 2018 en las que Casado resultó ganador. Aguantó hasta julio de 2019, poco después de que se conociera el polémico mensaje de WhatsApp que Cosidó envió en un grupo de senadores cuando Casado y Sánchez acordaron el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se frustró precisamente por ese texto en el que se jactaba de que su partido había conseguido designar la presidencia de dicho órgano –en la persona de Manuel Marchena, que tras la filtración renunció–, algo que le permitía controlar “por detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que se encarga de asuntos de corrupción como los que han afectado al PP.

En esta legislatura el PP también ha premiado con escaños en el Senado sin pasar por las urnas a la exlíder del partido en Catalunya Alicia Sánchez Camacho, designada por la Asamblea de Madrid, o al expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra.

El Senado se consideró durante años un “cementerio de elefantes”. Los grandes partidos –especialmente PSOE y PP– colocaban a expresidentes autonómicos, exdirigentes orgánicos o diputados veteranos para garantizarles un puesto de representación, un generoso salario y el aforamiento –los senadores solo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo– en los últimos años de sus vidas profesionales. Se trata, además, de una cámara de segunda lectura –la función legislativa la ostenta siempre el Congreso–, donde el trabajo es, por tanto, más reflexivo que el de la Cámara Baja.

Feijóo agita el Senado en su aterrizaje como jefe de la oposición "al sanchismo"

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Existe, además, una ventaja para poder realizar esos nombramientos de senadores sin la necesidad de pasar por las urnas: 57 de los 265 parlamentarios son designados por los parlamentos autonómicos, por lo que los partidos predominantes en esas cámaras regionales tienen asegurados varios puestos, que se reparten en función de la población de cada uno de los territorios.