La Fiscalía pide que Zapata declare como imputado por “humillar” a Irene Villa con sus tuits
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que cite a declarar como imputado al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo que habría cometido al escribir en la red social Twitter un mensaje presuntamente humillante para la víctima de ETA Irene Villa.
El juez Santiago Pedraz había dado traslado a la Fiscalía de la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero. En un escrito hecho público este jueves, la fiscala Blanca Rodríguez considera que uno de los comentarios del edil podría responder a los criterios del Tribunal Supremo para concretar los conceptos de “descrédito”, “menosprecio” y “humillación”.
En concreto, la fiscala cita los siguientes mensajes: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero” y “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. Los dos mensajes fueron escritos hace cuatro años y medio, el 31 de enero de 2011. El concejal Zapata ha explicado que los transcribió entre comillas, como una cita dentro de un debate sobre los límites del humor negro. Tanto Irene Villa, como el padre de Marta del Castillo, a la que se aludía en otro mensajes, han aceptado públicamente las disculpas de Zapata.
Aunque la fiscala se hace eco de los dos mensajes incluidos en la querella de Dignidad y Justicia, entiende que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos por el mensaje dirigido a Irene Villa. “La conducta desarrollada por el querellado podría incardinarse en el tipo fijado en el artículo 578 del Código Penal, al ser el contenido del mensaje objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo en particular y en general para las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA”, dice la fiscala en su escrito.
Dignidad y Justicia ya llevó a la Audiencia Nacional al humorista Facu Díaz, que declaró en calidad de imputado por un 'sketch' del programa 'La Tuerka' en el que aparecía leyendo un comunicado del PP ataviado como un etarra. Inmediatamente después de tomarle declaración, el entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez archivó el caso.
En el pasado, el juez Santiago Pedraz ha rechazado que presuntos delitos vinculados a la libertad de expresión sean instruidos en la Audiencia Nacional. Ocurrió tras el interés del Ministerio de Interior por llevar al tribunal especial la protesta 'Rodea el Congreso'. En el auto en el que archivó la causa contra los organizadores del 25-S, enmarcó la protesta en la “convenida decadencia de la clase política”. En cualquier caso, fuentes jurídicas consideran que, tras la petición de la Fiscalía, el magistrado llamará a declarar a Zapata como imputado para escuchar su versión y que después decidirá sobre si sigue adelante con el proceso.
En esta ocasión, la fiscala pide al juez que imponga a la asociación Dignidad y Justicia una fianza de 20.000 euros para personarse como acusación en el procedimiento. Un portavoz de la asociación descartó este miércoles a eldiario.es que puedan responder por esa cantidad y consideró que se trata de “una venganza” de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Dignidad y Justicia por haber tomado la iniciativa en otros procesos en los que el Ministerio Público pecó de inacción.
Manos Limpias también ha denunciado a Zapata, pero ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación, que todavía no se ha pronunciado. Otra fiscalía especializada, la dedicada a la Investigación de la Criminalidad Informática, recibió un informe de la Policía acerca de unos mensajes del concejal en Twitter susceptibles de recoger indicios de delito. Esta fiscalía tampoco se ha pronunciado aún.
La fiscala Blanca Rodríguez pidió 5 años de prisión para los tres activistas que participaron en una protesta contra la expresidenta de Navarra y durante la que uno de ellos estampó una tarta en el rostro de Yolanda Barcina. Finalmente, el Supremo condenó a los acusados a dos años de cárcel.
