El juez envía a prisión al joven acusado de robar a Hacienda datos de medio millón de contribuyentes

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este lunes enviar a prisión provisional a José Luis H. R., de 19 años, presunto responsable del ciberataque al Punto Neutro Judicial, el sistema de comunicación gestionado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que conecta los órganos judiciales con otras instituciones. En su auto, el juez explica que los hechos investigados constituyen un delito continuado de revelación de secretos por el que se enfrenta a una pena superior a cinco años de prisión. La Fiscalía había solicitado su entrada en la cárcel de manera provisional.

Según los investigadores, José Luis H. R. utilizó el órgano de gobierno de los jueces como una ventana para acceder a distintos organismos del Estado y robar información de cientos de miles de españoles. Las consecuencias más graves se vivieron en la Agencia Tributaria, donde el atacante obtuvo datos de cerca de medio millón de contribuyentes. En su comparecencia ante el juez, el detenido ha reconocido que accedió a esos datos. 

La denuncia que originó esta investigación y que recoge el juez en su auto, el 18 y 20  de octubre de 2022 detalla que el detenido accedió a través de las claves de dos funcionarios de la Administración de Justicia al Punto Neutro Judicial y desde ahí a la base de datos de “cuentas ampliadas” de la Agencia Tributaria. Como consecuencia de dichos ataques se filtraron los datos bancarios de 575.186 contribuyentes.

Esos datos fueron transferidos a dos servidores alojados en Lituania. Con posterioridad, parte de esos datos se han vendido a terceras personas, tal y como ha reconocido el detenido ante el juez. La investigación ha acreditado que desde los servidores gestionados por el detenido se han vendido datos personales de múltiples afectados  a través de la plataforma uSms con pagos en criptomonedas con destino final a los denominados “monederos fríos” vinculados al investigado.

Calama argumenta  que existe riesgo de fuga por la posible pena que se le puede llegar a imponer, pues el investigado tiene depositadas “importantes cantidades de criptomonedas que le permitirían disponer de liquidez suficiente para residir en cualquier parte del mundo, eludiendo la acción de la justicia española”. Además, el magistrado entiende que con la prisión provisional se impide que destruya pruebas existentes contra él, manipulando los repositorios informáticos donde tiene depositados los datos objeto de su actividad delictiva. Y añade que en el caso presente también existe el riesgo de reiteración delictiva.