Francia lanza un gran plan de inversión centrado en la energía y la formación

El Gobierno francés fijó hoy las grandes líneas de un plan quinquenal de inversiones de 57.000 millones de euros centrado en la transición energética (transportes, vivienda y energías renovables), así como en la formación de parados y jóvenes sin titulación.

El primer ministro, Édouard Philippe, fue el encargado de concretar el plan -una de las grandes promesas electorales del presidente, Emmanuel Macron- con la meta declarada de “preparar el futuro”.

La intención del Gobierno al mismo tiempo es no agravar el déficit público, cuya reducción será el primer argumento de credibilidad de Francia ante sus socios europeos, y en particular ante Alemania.

“El objetivo es menos la cantidad que el contenido de las inversiones”, subrayó en un discurso ante la prensa Philippe, que compareció junto al economista Jean Pisani Ferry, que lo ha diseñado en detalle, y que aseguró que no pesará sobre las cuentas públicas.

La razón es que, sobre el papel, se recurrirá a préstamos y fondos de garantías (por un monto de 11.000 millones) movilizados por el brazo financiero del Estado, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), y se reorientarán 12.000 millones ya asignados a inversiones a las prioridades del plan.

No obstante, habrá “nuevas medidas presupuestarias”, por 24.000 millones de euros, sobre las que el Ejecutivo no ha dado muchos detalles. Según “Les Echos”, entre ellas estará el dinero obtenido por el aumento de la fiscalidad a los coches por sus emisiones.

La primera prioridad, con 20.000 millones de euros, es lo que el primer ministro llamó “la transición ecológica”, que incluye la renovación térmica de edificios para reducir la factura energética (9.000 millones), un impulso a las energías renovables (7.000 millones), así como obras de mejora de la red vial y ferroviaria y ayudas para renovar el parque automovilístico (4.000 millones).

La segunda pata, con 15.000 millones de euros, es “la edificación de la sociedad de competencias” para luchar contra el paro que afecta a las personas sin titulación (su tasa de desempleo es del 18 %, el triple de los que tienen formación superior al bachillerato).

El grueso del esfuerzo ahí será para la formación de un millón de parados de larga formación mayores de 25 años y de un millón de jóvenes que ni estudian, ni están en formación, ni tienen trabajo.

El primer ministro también puso el acento en “la transformación de la universidad” y “la innovación pedagógica”, sobre todo la formación de profesores, para acabar con la realidad actual en la que muchos alumnos no terminan sus estudios (la tasa de fracaso en el primer ciclo de licenciatura es del 60 %).

El tercer objetivo, con 13.000 millones de euros, es dinamizar la innovación y la competencia, consideradas claves para el buen funcionamiento de la economía.

La forma de hacerlo es, de acuerdo con el Gobierno, consolidando la emergencia de grandes universidades francesas punteras a escala mundial en la enseñanza y en la investigación, para lo que se pondrán 3.500 millones de euros.

Igualmente habrá ayudas para que las empresas apuesten por la innovación en sectores con futuro (como la inteligencia artificial o la explotación de datos a gran escala) y fortalecer los vínculos entre la investigación pública y privada. Se dedicarán 4.600 millones de euros de dinero público para mejorar la competitividad.

Además, se contempla consagrar 5.000 millones de euros para acelerar la adaptación de sectores clave en el mundo rural y para afrontar los desafíos del cambio climático: la agricultura, la alimentación, la pesca y la explotación forestal.

Por último, el Gobierno pretende “construir un Estado más ágil, adaptado a la era digital” con la vista puesta en que las nuevas tecnologías permitan a largo plazo limitar el gasto de las administraciones.

Se contempla una partida global de 9.000 millones de euros, de los que 4.400 millones son para acelerar la transformación digital o desmaterializar completamente los servicios públicos.

Lo mismo se hará en el sistema sanitario y de la Seguridad Social, donde se movilizarán 4.900 millones para desarrollar centros de salud en zonas con carencia de médicos, modernizar los equipamientos de los hospitales y apoyar la investigación médica.