García Castellón deja de investigar las filtraciones contra Podemos al no poder imputar a Iglesias en el caso Dina

Pedro Águeda

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A los dos días de agotar sus posibilidades de imputar a Pablo Iglesias, el juez Manuel García Castellón ha decretado el final de la instrucción del ‘caso Dina’, que arrancó cuando apareció entre el archivo de Villarejo una copia del teléfono robado a la excolaboradora de Pablo Iglesias, coincidente con el contenido de varias informaciones periodísticas publicadas en pleno auge de Podemos en 2016. El lunes, la Policía informó al juez de que no había podido acceder a la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, última baza de la línea de investigación ordenada por García Castellón contra el antiguo líder de Podemos.

La Sala de lo Penal había recordado al juez instructor que la principal línea de investigación era que Villarejo estaba detrás de esas filtraciones, pero García Castellón decidió centrarse en exclusiva en el exlíder de Podemos y en su presunta responsabilidad penal por guardar la tarjeta del teléfono durante meses, pese a no pertenecerle, y por supuestamente haber dañado el dispositivo.

En auto fechado este jueves, García Castellón rechaza prorrogar la causa y fija así para el próximo sábado, día 29, el fin de la misma. Eso no interfiere para que practique las diligencias a las que le obligó la Sala de lo Penal al ordenarle reabrir el caso. Se trata de la declaración de Eugenio Pino, el exjefe operativo de la Policía y artífice de la brigada política contra independentistas y Podemos, y de Dina Bousselham, la supuesta perjudicada por Iglesias, que lleva un año y medio queriendo ratificar ante el magistrado que no se considera tal, y a la antigua pareja de ésta Ricardo Sa Ferreira. 

Si García Castellón hubiera oído en declaración a la excolaboradora de Iglesias, las posibilidades de imputar al político hubieran decaído de inmediato, ya que los delitos que pretendía atribuirle el juez, revelación de secretos y daños informáticos, requieren de un perjudicado. La Sala de lo Penal ya corrigió al juez obligándole a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en septiembre de 2020, pero García Castellón siguió adelante y propuso al Tribunal Supremo imputar al entonces aforado. El Alto Tribunal rechazó tal petición

El juez albergaba la esperanza de que la última pericial encargada a la Policía Científica pudiera acreditar el momento en el que la tarjeta fue destruida, por si coincidía con la época en la que estuvo en manos de Iglesias, procedente de los responsables entonces del Grupo Zeta. En un informe conocido este miércoles, y que llegó a la Audiencia Nacional 48 horas antes, los especialistas de la Policía trasladan al juez la imposibilidad de acceder al contenido del dispositivo y de alcanzar ulteriores conclusiones. García Castellón apuró a pedir el informe pericial de la tarjeta antes de cumplir con la orden de citar a Bousselham.

“No se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del meritado informe, ni es de esperar que de las declaraciones que resten por practicar surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación, por lo que se estima que, tras la práctica de tales diligencias [las declaraciones antes mencionadas], la instrucción estaría finalizada”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Sala de lo Penal obligó a reabrir la causa al estimar una recurso de Anticorrupción. En aquel escrito, la Fiscalía recordaba al juez que la “principal hipótesis” es que la “organización criminal de Villarejo” entregara a Okdiario, El Mundo y El Confidencial el contenido de la tarjeta del móvil de Dina. García Castellón se aferraba a que Bousselham había confesado que ella remitió a terceros algunos pantallazos de los publicados, pero como recordó la Sala de lo Penal al juez, en las informaciones publicadas había información que excedía esos reenvíos de la dueña del móvil. En este caso, la Fiscalía se opuso a prorrogar la investigación.

En su auto de procesamiento, el juez propuso juzgar a dos periodistas de Interviú por revelación de secretos, al haber entregado la tarjeta previamente a Villarejo, y al propio comisario. Los periodistas alegan que recibieron el dispositivo de forma anónima y que se lo entregaron a Villarejo porque éste se lo reclamó en el marco de una investigación policial. 

A los dos días de agotar sus posibilidades de imputar a Pablo Iglesias, el juez Manuel García Castellón ha decretado el final de la instrucción del ‘caso Dina’, que arrancó cuando apareció entre el archivo de Villarejo una copia del teléfono robado a la excolaboradora de Pablo Iglesias, coincidente con el contenido de varias informaciones periodísticas publicadas en pleno auge de Podemos en 2016. El lunes, la Policía informó al juez de que no había podido acceder a la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, última baza de la línea de investigación ordenada por García Castellón contra el antiguo líder de Podemos.

La Sala de lo Penal había recordado al juez instructor que la principal línea de investigación era que Villarejo estaba detrás de esas filtraciones, pero García Castellón decidió centrarse en exclusiva en el exlíder de Podemos y en su presunta responsabilidad penal por guardar la tarjeta del teléfono durante meses, pese a no pertenecerle, y por supuestamente haber dañado el dispositivo.

En auto fechado este jueves, García Castellón rechaza prorrogar la causa y fija así para el próximo sábado, día 29, el fin de la misma. Eso no interfiere para que practique las diligencias a las que le obligó la Sala de lo Penal al ordenarle reabrir el caso. Se trata de la declaración de Eugenio Pino, el exjefe operativo de la Policía y artífice de la brigada política contra independentistas y Podemos, y de Dina Bousselham, la supuesta perjudicada por Iglesias, que lleva un año y medio queriendo ratificar ante el magistrado que no se considera tal, y a la antigua pareja de ésta Ricardo Sa Ferreira. 

Si García Castellón hubiera oído en declaración a la excolaboradora de Iglesias, las posibilidades de imputar al político hubieran decaído de inmediato, ya que los delitos que pretendía atribuirle el juez, revelación de secretos y daños informáticos, requieren de un perjudicado. La Sala de lo Penal ya corrigió al juez obligándole a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en septiembre de 2020, pero García Castellón siguió adelante y propuso al Tribunal Supremo imputar al entonces aforado. El Alto Tribunal rechazó tal petición

El juez albergaba la esperanza de que la última pericial encargada a la Policía Científica pudiera acreditar el momento en el que la tarjeta fue destruida, por si coincidía con la época en la que estuvo en manos de Iglesias, procedente de los responsables entonces del Grupo Zeta. En un informe conocido este miércoles, y que llegó a la Audiencia Nacional 48 horas antes, los especialistas de la Policía trasladan al juez la imposibilidad de acceder al contenido del dispositivo y de alcanzar ulteriores conclusiones. García Castellón apuró a pedir el informe pericial de la tarjeta antes de cumplir con la orden de citar a Bousselham.

“No se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del meritado informe, ni es de esperar que de las declaraciones que resten por practicar surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación, por lo que se estima que, tras la práctica de tales diligencias [las declaraciones antes mencionadas], la instrucción estaría finalizada”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Sala de lo Penal obligó a reabrir la causa al estimar una recurso de Anticorrupción. En aquel escrito, la Fiscalía recordaba al juez que la “principal hipótesis” es que la “organización criminal de Villarejo” entregara a Okdiario, El Mundo y El Confidencial el contenido de la tarjeta del móvil de Dina. García Castellón se aferraba a que Bousselham había confesado que ella remitió a terceros algunos pantallazos de los publicados, pero como recordó la Sala de lo Penal al juez, en las informaciones publicadas había información que excedía esos reenvíos de la dueña del móvil. En este caso, la Fiscalía se opuso a prorrogar la investigación.

En su auto de procesamiento, el juez propuso juzgar a dos periodistas de Interviú por revelación de secretos, al haber entregado la tarjeta previamente a Villarejo, y al propio comisario. Los periodistas alegan que recibieron el dispositivo de forma anónima y que se lo entregaron a Villarejo porque éste se lo reclamó en el marco de una investigación policial. 

A los dos días de agotar sus posibilidades de imputar a Pablo Iglesias, el juez Manuel García Castellón ha decretado el final de la instrucción del ‘caso Dina’, que arrancó cuando apareció entre el archivo de Villarejo una copia del teléfono robado a la excolaboradora de Pablo Iglesias, coincidente con el contenido de varias informaciones periodísticas publicadas en pleno auge de Podemos en 2016. El lunes, la Policía informó al juez de que no había podido acceder a la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, última baza de la línea de investigación ordenada por García Castellón contra el antiguo líder de Podemos.

La Sala de lo Penal había recordado al juez instructor que la principal línea de investigación era que Villarejo estaba detrás de esas filtraciones, pero García Castellón decidió centrarse en exclusiva en el exlíder de Podemos y en su presunta responsabilidad penal por guardar la tarjeta del teléfono durante meses, pese a no pertenecerle, y por supuestamente haber dañado el dispositivo.