El Gobierno proyecta más de 50.000 euros de gasto en la seguridad del panteón de Franco en los próximos años

Un total de 51.546 euros saldrán de las arcas del Estado para sufragar durante los próximos años la seguridad del panteón familiar de Francisco Franco, cuyos restos fueron trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio el 24 de octubre de 2019, con el Gobierno todavía en funciones y a solo una semana del pistoletazo de salida de campaña electoral. La tan prometida exhumación del dictador, que descansaba en el Valle de los Caídos, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de octubre, finalizando así un proceso que había empezado en febrero de ese mismo año.

Sin embargo, el Gobierno sigue a cargo de los costes de mantenimiento del mausoleo en el que fue reinhumado. Así lo demuestran los datos aportados por Patrimonio del Estado que salieron a la luz a raíz de la pregunta registrada en el Senado por Carles Mulet, parlamentario de Compromís.

En un documento de este organismo al que ha tenido acceso elDiario.es, se explicitan y desglosan los gastos que genera la tumba: en contratos menores de servicio de seguridad a corto plazo, el Ejecutivo ha aportado 26.459 euros; mientras que en seguridad a largo plazo, la cifra asciende 51.546 euros; además, en materia de limpieza se han destinado 387,84 euros, a lo que hay que sumarle un fondo de reparación y mantenimiento de 123,84 euros.

La conservación de toda esta infraestructura, en la que no solo está enterrado el dictador, sino también su mujer, Carmen Polo, suponen 124.860 euros al erario público, contando con 39.811 euros en obras de adecuación generados al trasladar los restos y 6.531 en la instalación de un sistema de vigilancia. Las visitas (que en el primer día superaron las 500) no sufragarán parte alguna de estos gastos, ya que, a diferencia de lo que ocurría en El Escorial, a pesar de necesitar cita previa para rendir culto al dictador, no se exige el pago de una entrada.

La cripta, con capacidad para diez sepulturas, tiene en una de ellas inscrito en nombre del dictador, sin simbología franquista a su alrededor. El cementerio, situado a 17 kilómetros de la Puerta del Sol, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. No obstante, el Gobierno ofreció a la familia Franco en octubre de 2019 la compra del panteón en el que ahora reposan sus restos, pero la propuesta fue rechazada. Los herederos habían expresado su deseo de ostentar la titularidad de dicho mausoleo, por lo que el Ejecutivo lo puso a la venta a precio público para que así estos pudiesen evitar que se tomase alguna decisión sobre él en el futuro por parte de la Administración Pública. Sin embargo, denegaron el ofrecimiento.

En el cementerio de Mingorrubio están enterradas algunas figuras relacionadas con el dictador como Carlos Arias Navarro o Luis Carrero Blanco, pero también otras de ideologías opuestas como Francisco Tomás y Valiente o ministros de Felipe González. La cripta de los Franco era propiedad de Patrimonio Nacional hasta abril del 2019, cuando su titularidad pasó a ser del Estado por Real Decreto, contando con la aprobación de la Dirección General del Patrimonio y de la Abogacía General, lo que facilitó el traslado del cadáver, a pesar de las críticas y quejas de vecinos del barrio y la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica.

Este recinto fue un regalo del alcalde Carlos Arias Navarro a Franco y su familia durante los años 60. A él se accede a través de una pequeña carretera, dejando a un lado la Zarzuela, un complejo deportivo y la colonia militar de Mingorrubio, destinada a alojar a la guardia del dictador. Al entrar al recinto, a la izquierda, destaca la ya conocida construcción de granito con techo de pizarra, similar a un chalet, adornada con campanas, cruces y vidrieras protegidas por hierro forjado, donde se reposan los restos.

Con la exhumación, se cerró una de las principales reclamaciones desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Sin embargo, el camino no acaba aquí. Catorce años después de la primera regulación en nuestro país, el Consejo de Ministros finalmente ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática para avanzar en este ámbito. Con Franco fuera de la basílica, a la resignificación y las exhumaciones se le suman otros puntos como investigación de crímenes.

Un total de 51.546 euros saldrán de las arcas del Estado para sufragar durante los próximos años la seguridad del panteón familiar de Francisco Franco, cuyos restos fueron trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio el 24 de octubre de 2019, con el Gobierno todavía en funciones y a solo una semana del pistoletazo de salida de campaña electoral. La tan prometida exhumación del dictador, que descansaba en el Valle de los Caídos, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de octubre, finalizando así un proceso que había empezado en febrero de ese mismo año.

Sin embargo, el Gobierno sigue a cargo de los costes de mantenimiento del mausoleo en el que fue reinhumado. Así lo demuestran los datos aportados por Patrimonio del Estado que salieron a la luz a raíz de la pregunta registrada en el Senado por Carles Mulet, parlamentario de Compromís.

En un documento de este organismo al que ha tenido acceso elDiario.es, se explicitan y desglosan los gastos que genera la tumba: en contratos menores de servicio de seguridad a corto plazo, el Ejecutivo ha aportado 26.459 euros; mientras que en seguridad a largo plazo, la cifra asciende 51.546 euros; además, en materia de limpieza se han destinado 387,84 euros, a lo que hay que sumarle un fondo de reparación y mantenimiento de 123,84 euros.

La conservación de toda esta infraestructura, en la que no solo está enterrado el dictador, sino también su mujer, Carmen Polo, suponen 124.860 euros al erario público, contando con 39.811 euros en obras de adecuación generados al trasladar los restos y 6.531 en la instalación de un sistema de vigilancia. Las visitas (que en el primer día superaron las 500) no sufragarán parte alguna de estos gastos, ya que, a diferencia de lo que ocurría en El Escorial, a pesar de necesitar cita previa para rendir culto al dictador, no se exige el pago de una entrada.

La cripta, con capacidad para diez sepulturas, tiene en una de ellas inscrito en nombre del dictador, sin simbología franquista a su alrededor. El cementerio, situado a 17 kilómetros de la Puerta del Sol, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. No obstante, el Gobierno ofreció a la familia Franco en octubre de 2019 la compra del panteón en el que ahora reposan sus restos, pero la propuesta fue rechazada. Los herederos habían expresado su deseo de ostentar la titularidad de dicho mausoleo, por lo que el Ejecutivo lo puso a la venta a precio público para que así estos pudiesen evitar que se tomase alguna decisión sobre él en el futuro por parte de la Administración Pública. Sin embargo, denegaron el ofrecimiento.

En el cementerio de Mingorrubio están enterradas algunas figuras relacionadas con el dictador como Carlos Arias Navarro o Luis Carrero Blanco, pero también otras de ideologías opuestas como Francisco Tomás y Valiente o ministros de Felipe González. La cripta de los Franco era propiedad de Patrimonio Nacional hasta abril del 2019, cuando su titularidad pasó a ser del Estado por Real Decreto, contando con la aprobación de la Dirección General del Patrimonio y de la Abogacía General, lo que facilitó el traslado del cadáver, a pesar de las críticas y quejas de vecinos del barrio y la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica.

Este recinto fue un regalo del alcalde Carlos Arias Navarro a Franco y su familia durante los años 60. A él se accede a través de una pequeña carretera, dejando a un lado la Zarzuela, un complejo deportivo y la colonia militar de Mingorrubio, destinada a alojar a la guardia del dictador. Al entrar al recinto, a la izquierda, destaca la ya conocida construcción de granito con techo de pizarra, similar a un chalet, adornada con campanas, cruces y vidrieras protegidas por hierro forjado, donde se reposan los restos.

Con la exhumación, se cerró una de las principales reclamaciones desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Sin embargo, el camino no acaba aquí. Catorce años después de la primera regulación en nuestro país, el Consejo de Ministros finalmente ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática para avanzar en este ámbito. Con Franco fuera de la basílica, a la resignificación y las exhumaciones se le suman otros puntos como investigación de crímenes.

Un total de 51.546 euros saldrán de las arcas del Estado para sufragar durante los próximos años la seguridad del panteón familiar de Francisco Franco, cuyos restos fueron trasladados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio el 24 de octubre de 2019, con el Gobierno todavía en funciones y a solo una semana del pistoletazo de salida de campaña electoral. La tan prometida exhumación del dictador, que descansaba en el Valle de los Caídos, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de octubre, finalizando así un proceso que había empezado en febrero de ese mismo año.

Sin embargo, el Gobierno sigue a cargo de los costes de mantenimiento del mausoleo en el que fue reinhumado. Así lo demuestran los datos aportados por Patrimonio del Estado que salieron a la luz a raíz de la pregunta registrada en el Senado por Carles Mulet, parlamentario de Compromís.

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31 de julio de 2021 - 21:27 h