Hacienda investiga si la empresa de Luceño defraudó al fisco tras cobrar las comisiones millonarias

Alberto Pozas

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El empresario Alberto Luceño y sus empresas no están sólo bajo la lupa del juez del caso mascarillas. También está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Según ha revelado su propio abogado ante el juez que investiga el caso, la AEAT le comunicó hace unas semanas que están verificando si la empresa Takamaka, que utilizó para canalizar las comisiones millonarias que cobró desde Malasia y salidas de las arcas del Ayuntamiento de Madrid, pagó todo el impuesto de sociedades que tenía que pagar en ese año 2020.

Luceño y Medina declaran por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid

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Así lo explica su defensa en un escrito en el que contestan a un recurso de la acusación popular ejercida por Podemos, en el que reconoce que es una información que hasta ahora no era conocida por las partes. “La AEAT cargó en plan de inspección a Takamaka desde hace tiempo. Nos consta, porque así lo han hecho saber los funcionarios encargados de tal comprobación e inspección”, dice el abogado de Luceño. Podemos había solicitado que la investigación se ampliara a este delito fiscal por haber tributado su comisión de forma errónea.

“La inspección fiscal que pretende sobre la mercantil TAKAMAKA INVEST S.L. está ya en curso”, dice el letrado aludiendo a una comunicación del 1 de junio de este año que aporta al juez del caso mascarillas. Una comunicación en la que la Agencia Tributaria explica que el objeto de la inspección es “verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto del Impuesto sobre sociedades del periodo 2020”.

La empresa Takamaka fue constituida por Alberto Luceño ese mismo año 2020, pocos meses después de empezar a cobrar las comisiones millonarias llegadas desde Malasia. Un informe de Hacienda ya aportado al procedimiento reveló que tanto Luceño como su socio Luis Medina vaciaron sus cuentas bancarias tras cobrar las comisiones. Concretamente, Luceño transfirió 3,3 millones de euros a la sociedad Takamaka, desde la que gastó cientos de miles de euros en viajes, artículos de lujo y coches de alta gama, entre otras cosas.

En las últimas horas, tal y como ha adelantado el diario ABC, Luceño también ha presentado un escrito ante el juzgado en el que pide explorar nuevas vías para interrogar como testigo al empresario malayo San Chin Choon, dueño de la empresa Leno que trajo a Madrid el material que ahora investiga el caso mascarillas. La comisión rogatoria no consiguió su objetivo y comunicó al juez que el empresario malayo se había negado a que su declaración fuera grabada y ahora Luceño solicita que se insista en esta diligencia.

Coches, relojes y una casa

Alberto Luceño es, junto con el aristócrata Luis Medina, uno de los empresarios imputados por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en las primeras semanas de pandemia en 2020. Luceño, según la querella de la Fiscalía, propuso a la administración local madrileña la compra de mascarillas, guantes y test y, según diversos testigos, prometió al Ayuntamiento que ni él ni Medina iba a cobrar comisiones. La realidad es que, según se desprende de la causa, el consistorio pagó mucho más dinero del que costaba el material y esa diferencia de cinco millones de euros fue a parar a los bolsillos de los empresarios en forma de comisiones.

La investigación también ha destapado que tanto Medina como Luceño canalizaron y blanquearon su botín a través de la compra de bienes de lujo. En el caso de Luis Medina fue un yate y en el caso de Luceño varios coches de alta gama, relojes de lujo y, entre otras cosas, una casa en Madrid. Varias de esta compras fueron realizadas por la sociedad Takamaka.

El empresario Alberto Luceño y sus empresas no están sólo bajo la lupa del juez del caso mascarillas. También está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Según ha revelado su propio abogado ante el juez que investiga el caso, la AEAT le comunicó hace unas semanas que están verificando si la empresa Takamaka, que utilizó para canalizar las comisiones millonarias que cobró desde Malasia y salidas de las arcas del Ayuntamiento de Madrid, pagó todo el impuesto de sociedades que tenía que pagar en ese año 2020.

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Así lo explica su defensa en un escrito en el que contestan a un recurso de la acusación popular ejercida por Podemos, en el que reconoce que es una información que hasta ahora no era conocida por las partes. “La AEAT cargó en plan de inspección a Takamaka desde hace tiempo. Nos consta, porque así lo han hecho saber los funcionarios encargados de tal comprobación e inspección”, dice el abogado de Luceño. Podemos había solicitado que la investigación se ampliara a este delito fiscal por haber tributado su comisión de forma errónea.

“La inspección fiscal que pretende sobre la mercantil TAKAMAKA INVEST S.L. está ya en curso”, dice el letrado aludiendo a una comunicación del 1 de junio de este año que aporta al juez del caso mascarillas. Una comunicación en la que la Agencia Tributaria explica que el objeto de la inspección es “verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto del Impuesto sobre sociedades del periodo 2020”.

La empresa Takamaka fue constituida por Alberto Luceño ese mismo año 2020, pocos meses después de empezar a cobrar las comisiones millonarias llegadas desde Malasia. Un informe de Hacienda ya aportado al procedimiento reveló que tanto Luceño como su socio Luis Medina vaciaron sus cuentas bancarias tras cobrar las comisiones. Concretamente, Luceño transfirió 3,3 millones de euros a la sociedad Takamaka, desde la que gastó cientos de miles de euros en viajes, artículos de lujo y coches de alta gama, entre otras cosas.

En las últimas horas, tal y como ha adelantado el diario ABC, Luceño también ha presentado un escrito ante el juzgado en el que pide explorar nuevas vías para interrogar como testigo al empresario malayo San Chin Choon, dueño de la empresa Leno que trajo a Madrid el material que ahora investiga el caso mascarillas. La comisión rogatoria no consiguió su objetivo y comunicó al juez que el empresario malayo se había negado a que su declaración fuera grabada y ahora Luceño solicita que se insista en esta diligencia.

Coches, relojes y una casa

Alberto Luceño es, junto con el aristócrata Luis Medina, uno de los empresarios imputados por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en las primeras semanas de pandemia en 2020. Luceño, según la querella de la Fiscalía, propuso a la administración local madrileña la compra de mascarillas, guantes y test y, según diversos testigos, prometió al Ayuntamiento que ni él ni Medina iba a cobrar comisiones. La realidad es que, según se desprende de la causa, el consistorio pagó mucho más dinero del que costaba el material y esa diferencia de cinco millones de euros fue a parar a los bolsillos de los empresarios en forma de comisiones.

La investigación también ha destapado que tanto Medina como Luceño canalizaron y blanquearon su botín a través de la compra de bienes de lujo. En el caso de Luis Medina fue un yate y en el caso de Luceño varios coches de alta gama, relojes de lujo y, entre otras cosas, una casa en Madrid. Varias de esta compras fueron realizadas por la sociedad Takamaka.

El empresario Alberto Luceño y sus empresas no están sólo bajo la lupa del juez del caso mascarillas. También está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Según ha revelado su propio abogado ante el juez que investiga el caso, la AEAT le comunicó hace unas semanas que están verificando si la empresa Takamaka, que utilizó para canalizar las comisiones millonarias que cobró desde Malasia y salidas de las arcas del Ayuntamiento de Madrid, pagó todo el impuesto de sociedades que tenía que pagar en ese año 2020.

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Así lo explica su defensa en un escrito en el que contestan a un recurso de la acusación popular ejercida por Podemos, en el que reconoce que es una información que hasta ahora no era conocida por las partes. “La AEAT cargó en plan de inspección a Takamaka desde hace tiempo. Nos consta, porque así lo han hecho saber los funcionarios encargados de tal comprobación e inspección”, dice el abogado de Luceño. Podemos había solicitado que la investigación se ampliara a este delito fiscal por haber tributado su comisión de forma errónea.

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