Hacienda ya reclamó a 18 millones a Josep Pujol con Aznar en el Gobierno y se conformó sólo con cinco millones
Los peores enemigos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol van a resultar ser sus hijos. Hasta ahora la familia Pujol Ferrusola había mantenido con cierto aplomo la presión que llegaba desde algunos sectores de la derecha española que les relacionaban con la corrupción.
Pero ahora el segundo hijo varón de Jordi Pujol, Josep, ha reconocido al diario El Mundo, que ha tenido dos millones de euros en Suiza, aunque los ha regularizado al amparo de la amnistía fiscal aprobada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El propio Montoro era ministro de Hacienda en 2001 cuando la Agencia Tributaria reclamó a Josep Pujol 18 millones de euros.
Hasta ahora, buena parte de las acusaciones estaban apoyadas en apócrifos borradores de informes policiales con datos genéricos, y en las declaraciones de una antigua amiga del mayor de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola.
Eso sin contar las declaraciones del financiero Javier de la Rosa, que denunció ante la Audiencia Nacional, que denunció estar recibiendo amenazas vía whatsapp por su conocimiento de los presuntos negocios oscuros de la familia del expresidente de la Generalitat. Fuentes empresariales aseguran que De la Rosa ya se ha retractado del testimonio que aportó a la Audiencia Nacional hace dos semanas.
Sí hay, sin embargo, un hecho objetivo: la implicación de Oriol Pujol Ferrusola, el único de los hijos de Pujol que se dedica a la política –es secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament de Catalunya– en la derivada catalana del caso Campeón, y que consiste en una presunta trama para amañar la concesión de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hasta ahora, Oriol Pujol no ha sido notificado ni citado como testigo o imputado.
Pero es sólo cuestión de tiempo, especialmente porque en las diligencias consta un pago de 200.000 euros a su esposa, Anna Vidal, de una de las empresas de la supuesta trama, y porque el fiscal anticorrupción asignado al caso, Fernando Maldonado, ya ha elaborado un informe en el que se muestra partidario de que Oriol Pujol sea imputado en el procedimiento. Una decisión que la juez instructora del caso, la titular del juzgado número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, acogería de muy buen grado, especialmente porque durante 14 años se ha dedicado a la instrucción del caso Pallerols de financiación ilegal de Unió.
Josep Pujol, que junto a sus socios había logrado convertir su consultora en una empresa de éxito, vendió Europraxis a la multinacional española Indra por cerca de 60 millones de euros, aunque la multinacional había iniciado su aproximación en 2000, cuando firmaron la opción de compra que finalmente ejecutó a principios de noviembre de 2003.
Tanto Pujol Ferrusola como sus socios pagaron en la declaración de impuestos de 2004 –en la que tenían que hacer constar la venta de Europraxis a Indra– el 18% de las plusvalías porque habían transcurrido tres años desde que las vendieron. Pero la única fecha importante en las opciones de compra es el momento en el que se ejecutan, y eso fue en diciembre de 2003.
El hijo del expresident y sus socios tenían que haber tributado las plusvalías de las opciones de compra al tipo marginal máximo, en aquel momento el 48%.
Mientras se producían las negociaciones entre los antiguos propietarios de Europraxis y Hacienda, se produjo el relevo en el Gobierno. Las negociaciones se prolongaron aún tres años más, hasta 2007, cuando el ministro de Economía era Pedro Solbes. Pero ni Montoro ni Solbes se cuestionaron en momento alguno remitir el expediente a la Fiscalía para que incoara un procedimiento por delito fiscal. Optaron por el acuerdo. Y, aunque originalmente se reclamaban 18 millones a Josep Pujol Ferrusola, finalmente Hacienda aceptó que pagara cinco millones para regularizar la situación.
