El juez del caso Villarejo decidió el pasado 24 de abril qué documentos incautados al comisario dejan de estar bajo secreto de sumario y cuáles no por considerar que su divulgación afectaría a la seguridad del Estado. Las referencias alfanuméricas con las que el auto alude a los documentos que pasan a secreto oficial hacían imposible intuir su contenido, pero eldiario.es ha encontrado en otra resolución, de finales de 2018, una breve alusión que acompaña a esas series de números, puntos y letras: son trabajos del policía sobre Artur Mas y “diversas personas”, la “financiación” de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals.
En el auto de abril pasado, Manuel García-Castellón expone de manera más clara que tampoco serán investigadas, por la misma razón del secreto oficial, las “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014”, tal y como adelantó eldiario.es. En ese periodo, el policía estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, la estructura que albergó la brigada política, y fue condecorado por sus maniobras contra el proceso soberanista, antes de que éstas recibieran la denominación de Operación Catalunya. Estos encargos de Interior a Villarejo están incluidos en un archivo denominado Taja, donde también aparecen pagos del policía a sus confidentes.
Los dosieres sobre Artur Mas y Unió fueron incautados en el registro de las oficinas del policía en la Torre Picasso de Madrid el 3 de noviembre de 2017. El informe sobre Vinyals apareció en su domicilio de Boadilla del Monte. No hay más argumentación de por qué permanecen bajo secreto que la afirmación del juez de que su contenido “pudiera afectar a la seguridad del Estado”. Lo que sí se conoce es el proceso que se ha seguido para tal expurgo: el juez pidió a la propia Policía, en este caso a la Unidad de Asuntos Internos, que propusiera qué documentos dejar fuera del caso por considerarlos de contenido sensible. Ese “informe de impacto” recibió el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción y, por fin, la decisión del juez en el mismo sentido.
La Operación Catalunya fue el cometido principal de la brigada política durante los cuatro años que se mantuvo plenamente operativa, entre 2012 y 2016, la primera legislatura de Mariano Rajoy. Un grupo de policías destinados en la cúpula del Cuerpo realizaban investigaciones prospectivas, dirigidas contra políticos independentistas y sus entornos, para luego elaborar informes que publicaba la prensa y que nunca llegaban al juzgado.
En el caso de que se confirmara judicialmente que la Operación Catalunya incluyó órdenes irregulares o ilegales y que se produjo una utilización desviada de los fondos reservados podría tratarse de un caso de prevaricación administrativa y/o malversación de fondos públicos. Estos dos delitos integran una larga lista que se atribuye a todos los imputados en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Luis Bárcenas y en la que están imputados todos los miembros de la primera línea de la brigada política, así como el número dos del Ministerio del Interior en esa época, Francisco Martínez.
Los trabajos de Villarejo en la Operación Catalunya aparecían con frecuencia publicados en determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. Esas “notas informativas”, según las denominaba él mismo, iban encabezadas de un impactante encabezamiento. “Fiabilidad: muy alta, datos recogidos de fuentes fiables y solventes”, escribía el policía con su habitual retórica. Luego, dentro, la identificación de esas fuentes siempre era genérica y podían aludir a ingresos en cuentas suizas de miles de millones o las supuestas visitas de Jordi Pujol a la bruja Adelina. El secreto decretado por el juez hace imposible conocer si se trata de este tipo de informes de Villarejo o tienen otra naturaleza.
Artur Mas fue protagonista de varios de esos informes publicados que tenían como origen la brigada política y/o Villarejo. El más conocido supuso el estreno de la publicación en los medios de los trabajos de la policía política del Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz. El 16 de noviembre de 2012, El Mundo publicó en portada: “La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”.
El rotativo aludía a un supuesto documento de la UDEF que no iba firmado por ningún funcionario ni tenía sello. El asunto sobre la autoría y el origen del pseudoinforme llegó a los tribunales, pero no así su contenido. La Policía, que dirigía Ignacio Cosidó, publicó una nota en medio de la polémica que adquiere significado tiempo después. “El presunto borrador de informe filtrado en relación con el caso Palau contiene datos que proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso, así como otra documentación consistente en informes, minutas e informaciones de confidentes”, decía aquella nota de la Dirección General.
El expresident de la Generalitat Artur Mas apareció en otros pseudoinformes difundidos posteriormente. Restaban tres días para la Diada de 2014 cuando elconfidencial.com publicó “un informe de inteligencia, de 12 páginas, enviado al Gobierno” en el que se acusaba a Artur Mas de “supervisar” directamente el cobro de comisiones del 4 al 6% y “el control de dichos ingresos a través de cuatro empresas públicas”. El encabezamiento, los términos y el tipo de letra de dicha nota son idénticos a los que el propio Villarejo utiliza en las notas informativas que él mismo ha aportado a un juzgado de Andorra que investiga las presuntas coacciones de otros miembros de la brigada política a los dueños de BPA, el banco andorrano donde tenían sus cuentas los Pujol.
En cuanto a Xavier Vinyals se trata del actual presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes y antiguo cónsul honorario de Letonia en Barcelona, acreditación que le retiró el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2016 por lucir una estelada en la fachada de su sede. Letonia adquirió cierta relevancia en el proceso soberanista después de que su primer ministro hiciera unas declaraciones a favor de la independencia.
El 5 de abril de 2016, la revista Interviú publicó el reportaje ‘Seis millones para comprar al primer ministro de Letonia’. “Un informe de la Policía española asegura que el político letón recibió seis millones de euros por ese pronunciamiento (el de Cataluña es un ”poderoso mensaje“ y ”por qué no a la independencia“) y apunta que parte de ese dinero pudo salir de los fondos ocultos por el clan Pujol en Panamá”, decía el texto. En la información se identificaba como autor del documento en poder de la revista a una desconocida “Unidad de Inteligencia Policial”.
El caso Pujol es una excepción dentro de las maniobras policiales en Catalunya, que en este caso sí derivaron en una investigación judicial. Y lo hicieron no sin dificultad. El juez Pablo Ruz, primer instructor, no salía de su asombro cuando Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, le contaba en sede judicial cómo un abogado que no era policía había ido a buscarla a la estación, conducido a la sede de la UDEF y cómo había asistido a toda su declaración ante los agentes. El abogado resultó ser Rafael Redondo, el socio de las empresas de Villarejo y uno de los principales imputados en la Operación Tándem por dirigir junto al policía una organización criminal.
Ruz no lo vio claro y archivó la causa, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió y la Sala de lo Penal obligó a reabrirla. A día de hoy sigue instruyéndose por el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. El pasado febrero, el abogado Cristóbal Martell, que representa a Pujol Ferrusola, solicitó al juez García-Castellón que le permitiera personarse como acusación en el caso Villarejo. Martell defiende que su cliente es una víctima más del policía encarcelado.
Esta no es la única amenaza que pende sobre el caso Pujol y su posible nulidad. Los dueños de la andorrana BPA denunciaron en un juzgado de su país al jefe de Asuntos Internos entonces, Marcelino Martín-Blas, y a otros policías por amenazarles para que les revelaran las cuentas de los Pujol, publicadas luego por El Mundo y también en el origen de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Esa causa en un juzgado de Andorra continúa instruyéndose.
El juez De la Mata ya se vió obligado a aislar el caso de una tercera amenaza: la introducción de un pendrive con información robada para ampliar la investigación. El magistrado lo rechazó y el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, será juzgado junto a otro policía, Bonifacio Díez Sevillano, por revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra los miembros de la policía política.