El Poder Judicial caducado sale en defensa de García Castellón ante las críticas de la vicepresidenta Ribera

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido por unanimidad un comunicado en el que sale en defensa del juez Manuel García Castellón ante las críticas de la ministra Teresa Ribera. En declaraciones a TVE, la titular de la cartera de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera ha asegurado que el magistrado de la Audiencia Nacional tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles” sobre asuntos de relevancia pública, como sucedió ayer con la petición de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont.

El órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace un lustro, ha emitido un comunicado en el que afirma tener el “más absoluto respeto” a la libertad de expresión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, pero añade que esas declaraciones “son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”.

Sus declaraciones, añade, “merman la confianza de nuestros ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional” por lo que “merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”. Los vocales cierran el comunicado apelando, como en ocasiones anteriores, a la “moderación, prudencia y mesura” así como a la “responsabilidad institucional” para evitar “la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia” de los jueces.

Las palabras de la ministra Ribera en la cadena pública esta mañana llegan después de que el magistrado de la Audiencia Nacional haya rechazado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de pedir al Tribunal Supremo, entre otras cosas, que impute al expresident catalán Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

La causa de Tsunami, que investiga la organización de manifestaciones masivas en puntos como el aeropuerto de El Prat después de la sentencia del procés independentista del Tribunal Supremo, se ha convertido en los últimos meses en uno de los puntos más polémicos de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas de cara a la futura ley de amnistía.

En las últimas semanas, el mismo Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la petición de amparo del magistrado José Ricardo de Prada, que denunció que el senador del PP José Antonio Monago le había acusado de 'lawfare' por firmar la condena del partido como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel. En ese caso los vocales entendieron que esa sentencia fue “acontecida en el pasado” y que, por tanto, no merecía su protección.