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El Poder Judicial lleva dos meses incumpliendo la ley que le obliga a renovar el Tribunal Constitucional

Elena Herrera

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones lleva dos meses situado al margen de la ley al obviar el plazo que le obliga a designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esos nombramientos deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. Detrás de esta maniobra está el núcleo duro del sector de vocales elegidos a propuesta el PP, que se resisten a propiciar un cambio de mayorías —de conservadora a progresista— en el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto, la eutanasia o la norma que impide al CGPJ nombrar jueces cuando, como ahora, está en funciones. Esa situación de interinidad se remonta a 2018.

El sector conservador del Poder Judicial persiste en el bloqueo a la renovación del Constitucional

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El último encuentro de la comisión negociadora creada para abordar estas designaciones se celebró el pasado miércoles y acabó sin ningún avance que permita aventurar un pronto relevo en el tribunal de garantías. Vocales de ambos sectores consultados por elDiario.es dan prácticamente por descartado que pueda haber nombramientos en el pleno ordinario de la semana que viene. Y mientras los conservadores dicen tener ya la vista puesta en diciembre, los progresistas temen un bloqueo sine die. Estos últimos sí han puesto encima de la mesa el nombre de su candidato: el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Los interlocutores volverán a reunirse el miércoles que viene. 

“No veo perspectiva de nada. Es un sabotaje abierto a los nombramientos”, dice un vocal progresista, que lamenta que los consejeros elegidos a propuesta del PP pongan “una excusa dilatoria cada semana”. En la última reunión, los conservadores siguieron sin proponer el nombre de ningún magistrado y asomaron una nueva exigencia: un cambio de “metodología de discusión” en la que cada grupo “evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan”, explican en este sector. “No vemos nada claro eso de mi cromo por tu cromo. Con esta fórmula ellos también tienen la opción de discutir el nuestro”, sostiene un vocal. 

Esta propuesta supone romper con el acuerdo tácito con el que siempre ha funcionado el CGPJ y por el que cada bloque elige a un candidato y ese nombre es acatado por el otro grupo sin vetos cruzados. Los vocales progresistas interpretan esta nueva exigencia como un cuestionamiento de su candidato, que es uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. “No tiene sentido. A todos los jueces del Supremo se les presupone preparación y reconocimiento. Además, todos pasaron el filtro del CGPJ para ser nombrados”, dice una vocal de este bloque.  

En el sector conservador nadie se atreve, por el momento, a hablar de veto a Bandrés, aunque sí deslizan que tiene un perfil “demasiado gubernamental” y que el otro nombre que barajó este sector —el de Pablo Lucas, también magistrado del Supremo— puede ser más “idóneo”. “Ha habido un exceso de identificación con el Gobierno”, dice un miembro de este grupo. La insinuación de que Bandrés podría no obtener el respaldo de los conservadores preocupa a los progresistas, que consideran que sería “gravísimo” que el otro bloque no respetara su elección. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. 

Pero con esta correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían un voto del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU. Además, se da la circunstancia de que Pablo Lucas es hermano de uno de los vocales, Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV y al que se suele colocar en el sector progresista. Las fuentes consultadas afirman que aunque él se abstuviera de participar en la votación los votos no se rebajaría el quórum y los votos necesarios seguirían siendo 11.

Los nombres de los conservadores

Hasta ahora, los conservadores han justificado el retraso en las negociaciones por la ausencia de candidatos de su agrado. Es decir, que no podían poner nombres encima de la mesa porque ningún magistrado les había manifestado su interés en ocupar alguna de las dos plazas. El escenario parece haber cambiado ahora y hay hasta seis jueces que, según estas fuentes, verían con buenos ojos acceder al Constitucional. Se trata de los magistrados Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, César Tolosa, Diego Córdoba e Inés Huerta. Los dos primeros están especialmente significados políticamente. Magro fue senador por el PP y presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores. Sánchez Melgar, por su parte, fue fiscal general del Estado en la última legislatura de Mariano Rajoy. 

A pesar de la existencia de perfiles dispuestos a ir al Constitucional, tampoco parece que estas designaciones estén cerca de realizarse. En la última reunión de la comisión negociadora, los conservadores pidieron no tomar ninguna decisión hasta que el Supremo revise los recursos presentados contra la elección de Rafael Mozo como presidente del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes. La deliberación de las medidas cautelares solicitadas en relación a este asunto está fijada para el próximo 23 de noviembre. 

Los vocales elegidos a propuesta del PP argumentan que, si se suspendiera la elección de Mozo, los nombramientos para el Constitucional que se hubieran podido realizar quedarían en entredicho. “No tiene sentido entrar en una selección que, en un momento dado, puede plantear dudas por haberla hecho un pleno mal conformado”, sostienen en este sector. Los progresistas, sin embargo, creen que son asuntos independientes y lamentan que sean de nuevo los conservadores los que “marquen los tiempos”. 

En el grupo de vocales elegidos a propuesta de PSOE, IU y PNV cunde el desánimo y afirman que no tienen margen de forzar las designaciones aunque sí se plantean realizar algún tipo de declaración pública que deje claro que hay “sabotaje” a los nombramientos. El pasado 5 de octubre decidieron dar por zanjadas las conversaciones y anunciaron que explorarían “otras vías alternativas” tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo”. Pero su vuelta a los pocos días a comisión negociadora reveló el fracaso de la búsqueda de esas opciones alternativas y que pasaban, en cualquier caso, por romper la minoría de bloqueo ejercida por los ocho vocales que están dilatando estos nombramientos. 

Así las cosas, sigue siendo una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo había decidido no nombrar a sus dos magistrados hasta que lo haga el CGPJ por la dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases. No obstante, en las últimas semanas en el Ejecutivo han abierto la puerta a hacer esas designaciones si el órgano de gobierno de los jueces seguía en el bloqueo, aunque no han puesto plazos. 

La consecuencia de este retraso es que el Constitucional sigue en funciones con su actual correlación de fuerzas: seis magistrados conservadores (eran siete hasta que uno de ellos renunció por enfermedad en julio) y cinco progresistas. La renovación es determinante porque el sector conservador perdería la mayoría, pues, en principio, tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponderían al ala progresista: los dos nombrados por el Ejecutivo, que serán de ese perfil ideológico, y otro del Poder Judicial. Desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador.